La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, comparecer hoy en las Cortes para dar explicaciones, que de forma reiterada ha pedido la oposición, sobre la actuación de la Administración de la que es responsable y que no consiguió llegar a tiempo de salvar la vida de la pequeña Sara de cuatro años que murió a primeros de agosto tras sufrir malos tratos y abusos sexuales.

Las primeras sospechas se remontan al 11 de julio. Ese día, la familia llevó a la pequeña al pediatra porque «tenía los labios hinchados por una supuesta alergia», según han señalado fuentes policiales. Entonces, el médico observó lesiones en piernas y brazos, además de falta de higiene, y alertó a los agentes de que podía tratarse de un posible caso de maltrato.

Once días después, los Servicios Sociales recibieron el primer aviso. El viernes 21 de julio llegó a los técnicos un comunicado de oficio de la fiscalía que instaba a «hacer averiguaciones» sobre un posible caso de malos tratos, según ha explicado este viernes el gerente regional del área, Carlos Raúl de Pablos, que ha afirmado que el informe médico, trasladado a la Policía y al ministerio público, señalaba que se habían detectado moratones en brazos y piernas. «No se nos decía nada de que fuera un caso urgente». Tampoco se hablaba nada de abusos sexuales, ha añadido: «Se tramitó igual que se tramitan decenas de casos. Y siguiendo siempre el protocolo».

Los técnicos citaron entonces a la madre el 26 de julio en la sede territorial de Servicios Sociales, adonde acudió con sus dos hijas. Tras el encuentro, los trabajadores consideraron que debían tener una segunda reunión con la progenitora antes de adoptar ninguna decisión. En esta ocasión, en casa de ella. Y fijaron para ello el día 28. «Pero esa misma mañana, la madre nos dijo que tenía un problema laboral y si podíamos retrasarlo. Se acordó que fuera el 1 de agosto, pero cuando acudieron los técnicos ese día, no encontraron a nadie», ha detallado este viernes De Pablos, que ha especificado que fue en ese momento —»que no quisiera colaborar ya era un nuevo indicio que se sumaba al resto»— cuando se decidió adoptar medidas de protección para las dos menores.

Este fin de semana, los tíos de la pequeña y hermanos de la madre, también alertaron a la policía local y nacional de que la niña tenía el ojo morado y su madre no quería llevarla al médico. Tampoco esto sirvió para agilizar un proceso que hubiera salvado la vida de la niña, que vivió en los dos últimos meses de su vida un auténtico calvario.

La madre y su compañero sentimental siguen en prisión.

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