La sociedad no encuentra razones para la confianza moral o política y mucho menos para la confianza en las ideologías, que son sistemas de creencias para la acción que alteran la sociedad y que a menudo tienen consecuencias crueles. Porque de lo que se trata es de controlar daños y evitar el mal, una especie de receta para la supervivencia. La capacidad de todos los seres sensibles de sentir miedo y dolor y la capacidad de los poderosos de utilizar ese miedo como instrumento de intimidación y dominación fracturan la esperanza.
La política estructura el Derecho del mismo modo que todas las profesiones, incluida la de la abogacía, tienen su ideología. Lo que ocurre es que las ideologías y las creencias determinan nuestro sentido de la justicia, y a menudo se culpa a las víctimas de lo que les pasa por la necesidad que tenemos los seres humanos de dar sentido a la injusticia; preferimos un mundo con sentido, aunque sea injusto, que uno sin sentido, absoluto y azaroso. Por eso, preferimos creer que hay cosas inevitables, desventuras, sobre las que no podemos hacer nada.
Hay que distinguir lo que es desventura de lo que es injusticia, aunque debemos reconocer que no hay una línea clara de demarcación. Hay catástrofes inevitables, desastres naturales etc.… y hay injusticias resultado de la actividad o pasividad de alguien, pero aunque no haya una regla fija, es importante diferenciarlas para que asuman responsabilidades aquellos que deben asumirlas, puesto que hay catástrofes naturales, por ejemplo, que se pueden prevenir o cuyos efectos se pueden paliar mediante decisiones políticas.
En realidad, lo que diferencia a ambas es nuestra capacidad y decisión de actuar o no en nombre de las víctimas. Y hay que oír su voz, una voz privilegiada para poder decidir si ha sufrido una desventura o una injusticia. Ocurre, por ejemplo, en los casos de los denunciantes de la corrupción política, lo que tiene consecuencias negativas para el ejercicio de esa ciudadanía vigilante.
Sin embargo el indiferente causa también un gran mal, porque ignora las reclamaciones de las víctimas y prefiere creer que hay mala suerte donde hay injusticia. Se trata de un vicio o de una falta cívica, no es “un pecado o un crimen” (no se le puede exigir comportamientos heroicos al ciudadano individual y hay ciudadanos comprometidos que son unos fanáticos), pero “aunque la participación tampoco curará nuestra neurosis”, no hay que renunciar a nuestras obligaciones democráticas queriendo disfrutar de sus beneficios sin hacer nada para mantenerla. El cerrar los ojos ante la injusticia cotidiana, aunque sea pequeña, tiene consecuencias públicas y privadas.
Asimismo, la lucha contra la crueldad como el mayor de todos los males no sólo supone controlar y limitar el poder con todos los mecanismos que existen ya en las democracias liberales, sino que implica cambios en el carácter de los ciudadanos, porque el carácter y el gobierno se moldean mutuamente. En este asunto no se puede hacer una separación tajante entre el comportamiento público y el privado. Nuestras elecciones morales tienen consecuencias personales y públicas. Los “vicios” personales, como la misma crueldad, “implican a todo nuestro carácter” y tienen consecuencias sociales.
En España, TODO LO HAN CONSEGUIDO A TRAVÉS DE VETAR A LA VERDAD de alguna manera. ¡Da asco!, a mí me han vetado millones de veces (!hasta las lágrimas me las han vetado!), a la Luz la han vetado objetivamente millones de veces, a Miguel Hernández, a Jesucristo o en verdad a todo a lo que huele a demostración de decencia. Matan al Bien, y se ríen de matarlo. ¿Cuándo pararán?, !por Dios!