Cristina Cifuentes, como era de esperar, fue víctima de su propio partido. Así lo confirma uno de los guardias civiles acusados en el «caso espías» en el juicio: «por especial interés» del expresidente madrileño Ignacio González, recibieron en 2008 «órdenes ilegales» de realizar «seguimientos» a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

El agente José Oreja Sánchez, ha sido el primero de los seis acusados en declarar en el juicio con jurado que celebra la Audiencia Provincial de Madrid por el supuesto espionaje entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en una época en la que Ignacio González era el vicepresidente, según informa RTVE.

Durante su declaración Oreja ha señalado además que un representante de una agencia de detectives indicó que Ignacio González le contrató «para realizar seguimientos a un listado de políticos a los que consideraba adversarios suyos dentro del PP«.

 

Órdenes de seguimiento

Oreja ha explicado que las órdenes de dichos seguimientos se las dieron en febrero de 2008 a él y a otros asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid (tres guardias civiles y otros tres policías nacionales) los también acusados Manuel Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, que entonces eran director y subdirector general de Seguridad, respectivamente.

Los agentes que se negaron a espiar recibieron «acoso laboral, hostigamientos y presiones»

Ha añadido que él y los otros dos guardias civiles se negaron a cumplir dicha orden al estimar que era ilegal y lo denunciaron ante el entonces consejero Francisco Granados, actualmente investigado en el caso Púnica y que está citado en este juicio como testigo para el próximo viernes.

El agente ha indicado que a raíz de que él y los otros dos guardias civiles denunciaran estas órdenes ante Granados les obligaron a ir a sitios públicos donde iban las personas a las que querían seguir para que figuraran sus ubicaciones, así como a realizar unas notas de trabajo en las que luego «ellos escribían lo que querían».

Ha asegurado que tras desobedecer dichas órdenes y denunciarlas reiteradamente ante Granados recibieron un «auténtico acoso laboral, hostigamientos y presiones».

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