El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dado cuenta hoy al Pleno del órgano de gobierno de los jueces de la gestión de la institución en relación con la pandemia de coronavirus COVID-19.
El lema que se ha utilizado a lo largo del discurso es que “en su condición de máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ ha centralizado las actuaciones para asegurar una respuesta uniforme ante la crisis, evitando la disparidad de criterios”.
El Pleno se ha realizado de forma telemática, con el presidente en la sede del CGPJ y los vocales conectados por videoconferencia.
Lesmes ha comenzado su intervención intentando justificar ante las críticas recibidas que la actuación del Consejo ha tenido como objetivos fundamentales “garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, actuando siempre dentro del marco establecido por las autoridades competentes”.
Sin embargo, las mayores críticas a su actuación se han centrado precisamente en considerar que la actuación del presidente del CGPJ en la crisis del coronavirus ha sido manifiestamente ilegal porque “no se ha llevado a cabo dentro del marco establecido por las autoridades competentes”
De hecho, quien a partir de la Orden del Ministro de Sanidad del pasado 20 de marzo tiene la facultad exclusiva de dictar órdenes o resoluciones para “centralizar” los servicios esenciales de los juzgados en toda España, es el Ministro de Justicia y no el CGPJ, ni tan siquiera los Tribunales Superiores de Justicia.
Así lo expresa de manera tajante la referida Orden, cuando indica que: “el Ministro de Justicia, previa comunicación a la Comisión prevista en el apartado anterior podrá adoptar, cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio de Sanidad para la salvaguarda de la salud pública”.
