Más de 30 organizaciones pro-derechos humanos han registrado un escrito ante el Ministerio de Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios para solicitar “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, en el que también muestran “su preocupación por los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y los derechos humanos de las personas presas”.
En el escrito se advierte que, “según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un servicio médico inadecuado dentro de la prisión puede llegar a constituir un trato inhumano o degradante”. En este sentido, advierten que “puede darse situaciones en la que la correcta administración de la justicia penal requiera la adaptación de medidas humanitarias tales como la excarcelación o la detención domiciliaria”. Asimismo, señalan que “nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, cuenta con medidas alternativas a la privación de libertad dentro de prisión para aquellas personas enfermas o mayores”.
Dada la alarmante situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los posibles efectos de la pandemia del coronarivus en la población vulnerable, las organizaciones han solicitado a la Administración penitenciaria del Ministerio dirigido por Grande-Marlaska que “refuerce de inmediato la plantilla de personal sanitario dentro de prisión, así como procurar que el aislamiento se haga en una instalación médica y no en una celda de sanción; medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores; excarcelación inmediata de internos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo, al igual que la excarcelación de población preventiva estableciendo otro tipo de controles si fueran necesarios, y la gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones orales ordinarias, a través de locutorios” entre las medidas más destacables.
Por todo ello, las organizaciones firmantes solicitan a la Administración penitenciaria que “evalúe tales casos e inste al órgano judicial a la adopción del tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal, así como de la libertad condicional humanitaria del art.91 (CP)”. De igual modo, señalan que “ante el anuncio de cancelación de todo tipo de comunicaciones realizado por el Ministerio de Interior, nos oponemos y solicitamos que se instale con carácter urgente un sistema de videollamadas en todas las cárceles entre las personas presas y las personas con las que realizan comunicaciones ordinarias”, pues según las organizaciones, “no tiene sentido en estos momentos no implementar, también en las cárceles, las tecnologías de comunicación con las que cuenta el resto de la ciudadanía”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), con CIF G, y en representación de Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia, Associació Memòria Contra la Tortura, Movimiento Antirrepresivo de Madrid, Solidarios de la sanidad, Coordinadora de Barrios, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Obra Social Madrid Tetuán, Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Apoyo, Colectivo Cassandra, Salhaketa Nafarroa, Oteando – Observatorio para la defensa de las libertades, Red Jurídica, CAMPA, ALAZ, Movimiento Feminista de Murcia, Asamblea contra el CIE de Aluche, OMV Obra Mercedaria Valencia, Colectivo Pronoia, Colectivo Anticarcelario La Corda, Grupo de apoyo a presxs, CNT-AIT Granada, Juventudes Libertarias de Jaén, CGT Región de Murcia, Osabideak, Salhaketa Araba, Comisión de Asesoramiento Xurídico Penitenciario de Ourense (CAXPOU) e Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense.
