Teruhiko Seki, de 44 años, declarado culpable de asesinato y robo, y Kiyoshi Matsui, de 69, declarado culpable de asesinato, fueron ejecutados a primera hora del pasado martes en Tokio. Seki tenía 19 años en el momento de cometerse los delitos que se le imputaban. Ambos estaban intentando que se repitieran sus juicios cuando fueron ejecutados.

Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha afirmado al respecto que las «las ejecuciones de hoy son una mancha en el historial de Japón en materia de derechos humanos. El gobierno japonés ha demostrado su desprecio por el derecho a la vida».

En el mes de diciembre se cumplen 10 años desde que la ONU aprobó su quinta resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. A pesar de que el impulso global hacia la abolición continúa imparable, Japón sigue haciendo caso omiso de esta tendencia.

Las dos ejecuciones de Tokio elevan a cuatro el número total de personas ejecutadas en Japón en 2017. No se comunica a los presos que van a ser ejecutados hasta pocas horas antes —aunque en algunos casos ni siquiera se les comunica—, y tampoco se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace pública hasta que se ha realizado.

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