La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad, el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en algunas cuencas hidrográficas y que modifica el texto refundido de la Ley de Aguas.
La ley que se ha aprobado hoy recoge 19 de las 21 propuestas presentadas por los socialistas, con lo que “el texto inicial se modifica sustancialmente.
El portavoz socialista Gonzalo Palacín ha asegurado que “aunque pueda ser necesario ocasionalmente, articular medidas de carácter excepcional, éstas deben ser siempre de acompañamiento a una planificación y gestión realmente previsora de estos riesgos, algo que el actual gobierno no ha hecho”.
Palacín ha criticado que con la tramitación de este Proyecto de ley (procedente del real decreto ley) “parece que el gobierno sólo estaba esperando a que la lluvia llegara, sin entender que es cuando hay agua, cuando realmente hay que gestionar las sequías”. “Algo que es y será más necesario con el nuevo escenario hidrológico que impone el Cambio Climático”.
Las enmiendas presentadas por el GPS, que tienen como finalidad, por un lado, “paliar con medidas concretas de choque la grave situación socioeconómica en la que se encuentran las personas que viven de la agricultura y la ganadería por la falta de agua, en gran parte producto de la falta de previsión del gobierno actual”. En segundo lugar, aseguró que apuestan por medidas estructurales derivadas del proceso de transición hidrológica que debe abordar nuestro país fruto de la nueva realidad climática y productiva a la que se enfrenta la Península Ibérica”, explico Palacín.
Además, gracias a las enmiendas socialistas se plantea estudiar la ampliación del ámbito territorial del Proyecto para incluir zonas afectadas por la sequía no contempladas inicialmente; crear un fondo extraordinario dotado inicialmente en 1000 millones de euros destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas y para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas afectadas, y establecer una línea preferencial de créditos ICO por un importe global de 1000 millones de euros.
Se pide también reforzar las medidas de carácter fiscal que ya aparecían inicialmente en el Decreto; reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas y otras adversidades climáticas; recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentadas.
Se pide un proceso de revisión de la situación, un diagnóstico nuevo que actualice los datos reales para establecer las bases para una completa reforma del marco regulatorio actual mediante una Nueva Ley de Transición Hidrológica coordinada con los principios y objetivos de normativa presente y futura en materia de Cambio Climático y en consonancia de la Directiva Marco del Agua; así como la creación de un banco público del agua en cada una de las cuencas hidrográficas; aprobar con carácter urgente, un plan de choque de optimización de la desalación y el Plan Nacional de Reutilización de Agua; impulsar la sensibilización y modificar la ley de Economía Sostenible.
