La declaración de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderado por el prominente jefe guerrillero y número dos de este grupo Iván Márquez, de volver a las armas y abandonar definitivamente los acuerdos alcanzados en el proceso de paz entre este grupo terrorista y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ha caído como un jarro de agua fría sobre la mayoría de los colombianos. Nadie lo esperaba, esa es la realidad, y menos el gobierno del presidente Iván Duque, que atraviesa sus horas más bajas y arrastra en su primer año largo una crisis de legitimidad intensa debido a su nula popularidad y escaso liderazgo.
Mientras tanto, las FARC, todavía con representantes en la Cámara de Representantes y en el Senado y con personalidad jurídica para concurrir a las próximas elecciones locales y departamentales, donde presentan algunas candidaturas aunque sea a modo testimonial -en las últimas elecciones generales recibieron una cosecha de votos bastante exigua-, ya se han desmarcado de este regreso a las armas de sus antiguos compañeros de lucha. Por otra parte, los partidos moderados del centro derecha se han mostrado consternados y han mostrado su rechazo a esta declaración unilateral del regreso a la violencia por parte de las disidencias de las FARC, que están encabezadas por el ya citado Márquez, el fugado y narcotraficante Jesús Santrich -liberado por Duque ignominiosamente- y otro jefe guerrillero apodado alias el Paisa.
Pero la conmoción general no es señal de que el gobierno colombiano vaya a ganar este pulso con las disidencias de las FARC, sino más bien lo contrario: su falta de carácter y su pusilanimidad en casi todos los aspectos relativos a la seguridad nacional, así como su falta de músculo político, le hacen ver ante la sociedad como un ejecutivo incapaz de conducir a buen puerto al país, ahora sumido en la zozobra, la incertidumbre y la crisis en casi todos los órdenes. El presidente Duque se mostró dubitativo, poco rotundo y contundente frente al terrorismo, complaciente con las FARC y sus disidencias e hizo poco o nada frente al flagelo del narcotráfico, que está claramente ligado al grupo terrorista, recogiendo ahora las consecuencias de esta catarata de errores graves.
Decía el general norteamericano MacArtur que las guerras se pierden por dos palabras: demasiado tarde. «La historia de los fracasos en la guerra puede resumirse en dos palabras: demasiado tarde. Demasiado tarde en la comprensión del letal propósito del enemigo; demasiado tarde en tener conciencia del mortal peligro; demasiado tarde en lo tocante a la preparación; demasiado tarde en la unión de todas las fuerzas posibles para resistir; demasiado tarde en ponernos al lado de nuestros amigos», aseguraba el veterano militar norteamericano. ¿Será demasiado tarde para Colombia y habrá perdido definitivamente la batalla contra el terrorismo?
El reciente discurso del presidente Duque, pese a su claridad y firmeza en la defensa de la legalidad y la justicia frente al terrorismo y la criminalidad, sin embargo, tampoco despeja muchas dudas. Su escasa determinación en la lucha contra el narcotráfico, envuelta en el eterno debate sobre el glifosato y criticada por el mismo presidente norteamericano Trump, y el envío de señales equívocas a los terroristas, como fue el apoyo a la justicia que juzga los crímenes por delitos de lesa humanidad (JEP), la tolerada y humillante fuga de Santrich y el haber aceptado, sin apenas modificaciones, los acuerdos firmados por Santos, que tanto Duque como otros dirigentes de su partido juraron rectificar durante su campaña electoral, le han dejado en un pésimo lugar.
Así las cosas, y sin que nadie tenga dudas en esta ocasión, Colombia se encuentra en una compleja encrucijada. Tiene dos caminos ante sí y Duque tendrá que tomar decisiones al respecto. Por un lado, el presidente Duque, apoyado por el partido del expresidente Uribe, el Centro Democrático, tiene la opción guerrerista, embarcando al país en una nueva cruzada militar de inciertos resultados sobre el campo de batalla y tal como le demandan algunos sectores del país. Y, en el otro extremo, intentar reconducir el problema de este regreso a la vía armada por parte de guerrilla por la vía del diálogo, en unas hipotéticas negociaciones que incluyeran al Ejército de Liberación Nacional (ELN) -un grupúsculo superviviente a la Guerra Fría de orientación procastrista- y a las disidencias de las FARC, que ahora anuncian a bombo y platillo su regreso a la violencia.
Las dos opciones que tiene ante sí Colombia
Al mismo tiempo, cualquiera de esas dos opciones tendría que convivir con la salvaguarda de los acuerdos de paz firmados por el expresidente Santos en La Habana, toda vez que la comunidad internacional -incluida la Unión Europea (UE) y numerosas potencias internacionales- es garante de los mismos y las FARC, ya como partido político, se han comprometido a cumplirlos. La izquierda colombiana exige al presidente Duque el cumplimiento exhaustivo de dichos acuerdos, la integración política, social y económica plena de los antiguos guerrilleros en la vida del país y el final de la vía guerrerista, a la que siguen apelando algunos sectores de las fuerzas democráticas y numerosos representantes cualificados del Centro Democrático, paradójicamente el partido bajo cuyas banderas ganó el actual mandatario en las elecciones presidenciales celebradas en el año 2018.
La encrucijada está ahí, el dilema para el actual inquilino de Casa Nariño -la sede de la presidencia de la República de Colombia- está encima de la mesa. Pero tampoco son tiempos para la duda y la incertidumbre, para acrecentar la zozobra que se abate sobre la sociedad en estos momentos y generar un vacío de poder ante la situación que agravaría la gravedad del momento, sino que es hora de tomar decisiones y hacer frente a la situación con realismo y contundencia, no obviando las graves responsabilidades que tiene ante sí el presidente Duque frente a su país en esta difícil coyuntura.
¿Qué hacer ahora? Quizá una combinación de las dos vías que surgen en el camino, es decir, la vía militar frente a la nueva estrategia del terror y volver a la mesa del diálogo, pese a la continuidad violencia, podrían proporcionar la clave de la que podría ser una política de paz para los próximos años en Colombia, aunque eso no excluye que seguramente habrá nuevos atentados terroristas y nuevas víctimas que unir a la lista de asesinados, secuestrados y heridos en este país por la violencia terrorista. Y que el camino hasta lograr la verdadera paz -nunca lograda por el proceso de paz de Santos, técnicamente mal desarrollado- será largo y doloroso. Quizá, a la larga, en estas circunstancias, la única vía para los colombianos es la que impulsó el asesinado primer ministro israelí Isaac Rabín durante el proceso de paz con los palestinos, cuando concluyó que iba sentarse a negociar la paz como si no existiera el terrorismo, pero que también iba a combatir el terrorismo al mismo tiempo como si no existiera proceso de paz. Colombia, otra vez en su historia, como tantas veces, puede que se encuentre ad portas ante ese horizonte incierto.
Con 150 ex guerrilleros y 500 activistas sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, hechos sobre los cuales el articulista pasa por encima sin mencionarlo, La Paz de Duque se parece más bien a la paz de los cementerios. Los colombianos se merecen algo mejor.