Ni que decir tiene que otra forma de luchar contra la pobreza es reforzar el sistema fiscal para hacerlo más justo y redistributivo. Sin embargo, el informe de Oxfam Intermón califica nuestro régimen impositivo general de “frágil”. La recaudación tributaria en España deja mucho que desear y se sitúa cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En España la gran mayoría de la recaudación vía impuestos proviene del IRPF y el IVA (en estos momentos el 83 por ciento del dinero recaudado por el Estado sigue recayendo sobre las familias frente a una aportación del 12 por ciento del impuesto de sociedades). La suma de tributos y contribuciones sociales representa un 35,4 por ciento del PIB español, un porcentaje que coloca a nuestro país en el octavo lugar, por la cola, entre los de la zona euro. Además, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estima que solo en el mes de marzo, en lo peor de la pandemia, más de 26.300 millones de euros salieron de España con destino a paraísos fiscales y bancos extranjeros en una fuga de capitales sin precedentes. Las clases altas, esas que a menudo se enorgullecen de su patriotismo, se dejaron llevar por el pánico a la plaga y la posterior recesión económica, de manera que pusieron su dinero a buen recaudo ante el miedo al “impuestazo” a los ricos anunciado por el Gobierno de coalición, que ha advertido de que tomará medidas drásticas para frenar la desigualdad y perseguir el fraude fiscal.

Entre las reformas que se encuentran en el acuerdo del Gobierno de coalición PSOE/Podemos figura instaurar un tipo impositivo más elevado que grave a las rentas más altas en el IRPF e Impuesto de Sociedades, así como una tasa a las grandes multinacionales y compañías tecnológicas. Todas las propuestas fiscales del binomio formando por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van dirigidas a reforzar la Sanidad pública (colapsada por la epidemia) y los demás servicios públicos fundamentales para el sostenimiento del Estado de Bienestar. “Los recursos necesarios para la recuperación deben venir de quien menos ha perdido. La crisis actual representa una oportunidad para acercarnos a la media de recaudación de la UE y para mejorar el diseño del sistema tributario en su conjunto. Resulta necesario avanzar para crear un modelo tributario más suficiente y progresivo, considerando medidas tributarias excepcionales que atenúen la caída de ingresos derivada del parón económico y reformas fiscales de mayor calado, más estructurales, que se centren en gravar de manera efectiva el capital, la riqueza y los beneficios de las grandes empresas”, aconseja el informe de Oxfam Intermón sobre la pobreza en España.

Las políticas públicas que en teoría deben garantizar la Sanidad, la Educación, la protección social o los cuidados a los colectivos más vulnerables necesitan de un sistema fiscal y recaudatorio fuerte, autosuficiente, progresivo y justo que las sustente. España precisa de reformas fiscales profundas y urgentes como un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios que grave de manera especial aquellas actividades económicas y empresariales que hayan obtenido beneficios por encima de lo «normal» durante la epidemia; una tasa sobre las transacciones financieras que grave productos especulativos de manera amplia y cuya recaudación se invierta en la lucha contra la pobreza dentro y fuera de España; un impuesto a los gigantes digitales (tasa Google); y una serie de ajustes al Impuesto sobre el Patrimonio que grave a las grandes empresas, evite la evasión fiscal y desgravaciones, exenciones y privilegios indebidos del gran capital. Por supuesto, cualquier reforma debe pasar por un impuesto a las grandes fortunas (impuesto a los ricos) y ajustes en el IRPF para que paguen más los que más ganan.

Por lo demás, el Gobierno se plantea condicionar las ayudas públicas a las empresas a un comportamiento fiscal responsable para asegurar el buen uso de los recursos públicos. Poniendo en marcha todas estas medidas fiscales, Oxfam Intermón considera que se podrían llegar a recaudar unos 10.000 millones de euros adicionales, un maná esencial que podría destinarse a las ayudas sociales. Sin duda, la recaudación de estos fondos extraordinarios adicionales ayudaría a erradicar la pobreza severa en España y permitiría invertir más en Sanidad y Educación. Téngase en cuenta que actualmente nuestro país sufre un déficit de 12.022 millones de euros en políticas de protección social respecto al promedio europeo.

Sin impuestos justos y redistributivos sobre quienes gozan de una mayor renta y patrimonio será imposible sostener el Estado de Bienestar en el futuro. Pero, una vez más, las derechas se oponen a perder sus privilegios ancestrales. Pablo Casado, líder del PP, ya ha dejado claro que rechazará cualquier pacto con el Gobierno de Sánchez que suponga una subida de los impuestos a las clases medias y altas. Vox va en la misma línea, al igual que Ciudadanos. Tanto el bloque conservador como las élites financieras van a oponerse encarnizadamente y con ferocidad a cualquier paquete de medidas que consideren “socialcomunistas”. En ese contexto se produce la grotesca iniciativa de la Casa Real española, que en las últimas semanas ha instado a los Grandes de España a que donen leche y aceite a los más necesitados por la pandemia. La nobleza sigue confundiendo caridad con derechos sociales. Por no hablar de la patronal y las empresas del Íbex 35, alérgicas a las políticas progresistas. Hace solo unos días, y con el fin de aportar ideas para la reconstrucción del país, nuestros empresarios más importantes se reunieron en una cumbre inédita bajo el paraguas de la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi. Casi todos ellos se mostraron contrarios a la subida de impuestos y a la derogación de la reforma laboral que les garantiza beneficios a costa de la pérdida de derechos de la clase trabajadora. Allí estuvieron Pablo Isla (Inditex), Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Banco de Santander) y otros primeros espadas de nuestra maltrecha economía.

Frente a las ideologías que anteponen la lógica del dinero a la vida de las personas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de gestionar la crisis bajo una máxima filosófica: velar por la salud de los ciudadanos (confinándolos en sus casas y paralizando totalmente  la economía del país) y no dejar a nadie atrás. De esa manera, más de 450.000 vidas se han salvado, según datos del Imperial College de Londres. Otros organismos oficiales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud han alabado las políticas proteccionistas y socialdemócratas del Ejecutivo de coalición, pero todavía es pronto para saber si el famoso “escudo social”, el gigantesco programa de inversiones públicas (el más ambicioso de la historia de nuestro país) va a conseguir frenar la expansión galopante de la pobreza. Medidas como los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), los créditos a las pequeñas y medianas empresas, la ampliación de las prestaciones sociales y sobre todo el ingreso mínimo vital −una ayuda de entre 462 y 1.000 euros que permitirá acceder a una renta digna para poder sobrevivir a más de 2 millones de familias− han sido aplaudidas incluso por los grandes gurús y economistas del pensamiento neoliberal, como el ex ministro de Economía del PP y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien ha llegado a asegurar que “el plan del Gobierno es el correcto y espero que todos lo apoyen”. Hasta los más fieles conservadores, siempre obsesionados con recortar el gasto público y reacios a cualquier tipo de intervencionismo estatal, han tenido que rendirse a la cruda realidad de las colas del hambre, que solo desaparecerán cuando empiecen a llegar los primeros subsidios y ayudas estatales que ya se están tramitando.

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