El chantaje al que está sometiendo al Estado el ex comisario de policía José Manuel Villarejo no le ha servido de nada porque, según un auto dictado por el juez Diego De Egea, seguirá en prisión provisional. Las grabaciones hechas públicas por distintos medios de comunicación en los que se podrían demostrar presuntos delitos fiscales cometidos por Juan Carlos de Borbón o las declaraciones realizadas por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una comida en la que también estuvo presente el ex juez Baltasar Garzón, no han movido de su posición al magistrado de la Audiencia Nacional.
En su razonamiento para rechazar y mantener en prisión a Villarejo, el juez De Egea ha sido muy claro en determinar el grave riesgo que supondría a la seguridad nacional la puesta en libertad del ex comisario. En primer lugar, el riesgo de fuga no se ha reducido pese el tiempo transcurrido de instrucción de la denominada «Operación Tándem», unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión. En segundo término, el magistrado destaca, aunque no como razón para acordar la continuación de la prisión, sino como dato que conlleva la dificultad instructora, la «absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento, ante los requerimientos realizados por el juzgado en orden a determinar el riesgo implícito meramente anunciado por el investigado, sobre los archivos de información que dice ser clasificada relativa a la defensa o seguridad nacional, omitiendo los archivos que deberían de ser excluidos del procedimiento así como las razones de ello».
Un Estado democrático no puede ceder al chantaje de alguien que ha perdido todos los escrúpulos tras años de servicio en las cloacas, realizando trabajos oscuros para las élites del país como, por ejemplo, el presunto intento de asesinato a la doctora Pinto encargado, supuestamente, por el compiyogui Javier López Madrid.
Es cierto que esas grabaciones podrían estar mostrando a la ciudadanía los entresijos de ese Estado paralelo que se mueve por los bajos fondos de la política, la Justicia o de los servicios de inteligencia. Sin embargo, un Estado democrático no puede permitirse ceder al chantaje, tal y como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez o el propio juez De Egea quien no se ha arredrado a la hora de mantener en prisión a Villarejo. Mucha gente importante de este país, de todos los ámbitos, hubiese esperado la rendición del magistrado de la Audiencia Nacional porque podrían sospechar que también fueron grabados en conversaciones ligeras donde pudieron contar en un momento determinado hechos sensibles de otra gente o de algunas instituciones.
Por tanto, si se despierta la ira de Villarejo y comienzan a llegar a las redacciones nuevos documentos sonoros…, ¿qué y quién podrá estar ahora mismo nervioso? Algunos, por si acaso, ya están ubicándose en otros lugares o pasando a un segundo plano de las responsabilidades.
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