Siete votos a favor y uno en contra. Concretamente, este último, el de Concepción Sáez, que renunció a su vocalía en el CGPJ al ser nombrada Gerente de la Mutualidad General Judicial por el Ministerio de Justicia.
De esta manera el CGPJ ha admitido la petición que el día anterior el juez Pablo Llarena les hacía, apelando a su amparo y haciendo valer su condición de aforado como magistrado del Tribunal Supremo.
En su escrito, el CGPJ hace un requerimiento a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores para que «adopten las medidas necesarias para asegurar la inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales de Bélgica».
Antecedentes
El pasado mes de junio, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatì presentaron una demanda contra el juez Pablo Llarena ante los tribunales de Bélgica.
La demanda pide que Llarena sea condenado a pagar la cantidad simbólica de un euro por su falta de independencia, parcialidad y obstinación en su labor de instrucción contra los políticos independentistas catalanes.
Como respuesta a la interposición de la demanda, el juez Pablo Llarena ha sido citado a comparecer ante la justicia belga el próximo 4 de septiembre.
La principal consecuencia de esta actuación judicial por parte de los lideres independentistas podría suponer, según señalaba uno de ellos en la rueda de prensa que dieron el pasado 5 de junio, Antoni Comin, que Llarena no pudiera continuar con la instrucción del caso, puesto que a partir de este momento tiene litigios abiertos con personas a las que investiga, hecho que invalida la necesaria condición de imparcialidad exigible.
Reacción del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ
El 10 de julio, Carlos Lesmes, remitió una carta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores solicitándoles que llevasen a cabo “las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado” y del magistrado Pablo Llarena ante la demanda presentada contra éste en Bélgica por varios de los procesados en la causa especial 20907/2017.
Lesmes se puso inmediatamente en contacto por vía telefónica tras haber recibido la comunicación remitida por el juez decano de Madrid. Junto a esta comunicación el mismo juez adjuntó el acuerdo por el que se rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del correspondiente emplazamiento al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que “la demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales”.
En un informe preliminar remitido a la justicia belga se declara por parte del Gabinete Tecnico del TS que “la iniciativa procesal “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”. Añade además que “el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.
El texto finaliza del siguiente modo: “(…) absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, toda vez que, aun cuando consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita”.
Por ello, solicita al ministro de Asuntos Exteriores español que, “conforme a la práctica procesal belga”, requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica “para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado”.
Intervención del Ministro Borrell
Durante la primera semana del mes de julio, y en respuesta a lo solicitado por Lesmes, Borrell dio instrucciones a la embajada de España en Bélgica y remitió una nota verbal a la representación diplomática belga en España, para que instasen al Gobierno de Charles Michel a personarse en la causa abierta contra el magistrado Llarena.
El pasado 17 de julio, un mes después de la interposición de la demanda por parte de Puigdemont y los ex consejeros de la Generalitat, el recién nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tuvo un encuentro en Bélgica con miembros del gobierno.
En el marco de la reunión ministerial entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) Borrell pudo intercambiar unas palabras con su homólogo belga, el Ministro Didier Reynders. Concretamente, solicitó al Ejecutivo belga que «actuase en defensa de la jurisdicción española» como parte del proceso.
La respuesta de Reydners fue considerada por algunos sectores como un revés, puesto que puso de manifiesto la independencia efectiva de la justicia belga: “Intentamos trabajar respetando la independencia de los jueces. Tenemos relación desde hace bastantes meses por la situación catalana. Intentamos dejar que la Justicia haga su faena de manera independiente, ya sea en España, en Bélgica o en Alemania». Acto seguido el ministro belga le solicitó al español que pusiera en su poder un dossier informativo para poder estudiar el caso en mayor profundidad.
Solicitud de amparo al CGPJ por parte de Llarena
El pasado martes, Pablo Llarena remitía un escrito al CGPJ para solicitar amparo y que este intercediera por él ante la justicia belga.
En el texto que el magistrado remite alerta “del «riesgo» que esa demanda supone para la integridad de la jurisdicción española” y aduce que “supondría un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor».
Reacción del abogado Gonzalo Boye
En manifestaciones públicas, ante la noticia del escrito remitido por el juez Pablo Llarena al CGPJ solicitando amparo, el abogado que defiende a Puigdemont y a algunos de los ex consejeros, ha señalado lo siguiente: “Lo que el Consejo General del Poder Judicial debería hacer es investigar por qué el Juez al que quieren amparar ni tan siquiera tramita aquellos escritos que le molestan o cómo tramita otras sin respeto a las normas procesales… en fin. Lo que el CGPJ debería hacer es investigar por qué el Juez Llarena dice que se enteró por los medios cuando la integridad de la demanda le ha sido aportada y presentado junto a su correspondiente traducción en el escrito por el cual le recusamos y que no tramitó”.
Respuesta del CGPJ
Como anunciábamos al principio de esta pieza, en la reunión celebrada por el órgano de gobierno de la judicatura en la tarde de ayer jueves, se decidió dar amparo al magistrado y solicitar a los ministerios correspondientes que tomasen las medidas oportunas, así como solicitar a la Abogacía del Estado que defienda al juez en Bélgica y que se asuman las costas si fuera finalmente condenado.
