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CERMI mujeres aboga por el reconocimiento de la esterilización, el aborto y la anticoncepción forzados como formas de violencia contra las mujeres con discapacidad

Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el XVII Conversatorio ‘Las nuevas demandas respecto a los derechos sexuales y reproductivos en España’

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha abogado por el reconocimiento legal de la esterilización, el aborto y la anticoncepción forzados como una forma de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad, en cumplimiento del Convenio de Estambul.

Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el XVII Conversatorio ‘Las nuevas demandas respecto a los derechos sexuales y reproductivos en España’, organizado por la FCM en colaboración con la agencia de noticias Servimedia y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Desarrollado de forma virtual y accesible, durante una hora representantes de los principales grupos parlamentarios y representantes del movimiento de la discapacidad han analizado el anteproyecto que reformará la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, quienes han evidenciado cómo afectan las nuevas medidas sobre educación sexual y anticoncepción, salud menstrual, embarazo, parto, aborto y violencias reproductivas a las mujeres y niñas con discapacidad.

Moderado y dinamizado por el director general de ServimediaJosé Manuel González Huesa, el coloquio ha contado con la participación de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Carmen González Guinda; la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Estefanía Martín Palop; el senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, Koldo Martínez Urionabarrenetxea; la senadora del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB), Sara Bailac Ardanuy; la responsable del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, M.ª José Bueno Casas; y la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero Pérez.

La primera en tomar la palabra, Carmen González Guinda, ha aludido a la “prudencia” en asuntos que “nos preocupan” y que han sido cuestionados por el Grupo Parlamentario Popular, como la edad en la toma de decisiones. También ha introducido en el debate el concepto de ‘pobreza menstrual’ sobre el que, en su opinión, la reforma normativa propuesta frivoliza en exceso, ya que “en lo que hay que incidir realmente es en la pobreza general en la que pueden encontrarse inmersas las mujeres”, ha afirmado.

Seguidamente, Estefanía Martín Palop ha considerado que el anteproyecto ha venido a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y ha puesto el foco en las inseguridades que la ausencia de estos genera: “Defender los embarazos forzados bajo el amparo del derecho a la vida es una forma de violencia contra las mujeres”, ha aseverado. De igual manera, ha destacado la importancia de extender la educación sexual, que ha calificado como “una garantía para el futuro”.

En este sentido, Koldo Martínez Urionabarrenetxea ha señalado que es urgente “recalcar este mensaje en momentos clave como los que se están viviendo en Estados Unidos, en los que estamos asistiendo a un retroceso de los derechos de la mujer”. Así, ha enfatizado la posición del Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal: “Defendemos el derecho a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, aun cuando no es un derecho ilimitado. Entendemos que la legislación actual es garantista y respeta el derecho a la vida”.

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB), Sara Bailac Ardanuy, no ha querido perder la oportunidad de participar y a través de un vídeo grabado ha comunicado que aprovecharán la reforma para plantear cuestiones relevantes y seguir avanzando para que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la Sanidad Pública. “Vamos a estar abiertas a dialogar con todos los colectivos que quieran trasladar sus inquietudes”, ha manifestado.

Finalmente, M.ª José Bueno Casas ha coincidido con el resto de las participantes en definir el anteproyecto como “una oportunidad en un momento donde nuestros derechos se pueden llegar a tambalear”, haciendo alusión, como Martínez Urionabarrenetxea, a la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Asimismo, ha mencionado que es clave “tener una educación sexual y afectiva desde la primera infancia” para todas las personas.

A continuación ha tenido lugar una segunda ronda de preguntas en la que se han abordado temas de actualidad entre los que se encuentran la objeción de conciencia o la gestación subrogada. La postura de FCM respecto a este último punto es considerar los llamados ‘vientres de alquiler’ como una forma de violencia machista más. Así, la FCM se ha congratulado de que el anteproyecto incluya un nuevo capítulo sobre medidas de prevención y respuesta frente a formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, donde se han incluido la esterilización, el aborto y la anticoncepción forzados.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la inclusión de la disposición final tercera, que modifica la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para eliminar la obligación de que las menores de edad y mujeres con discapacidad tuvieran que recabar el consentimiento expreso de sus representantes legales en el momento de proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

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