Caso Popular: una operación diabólica con demasiadas prisas

Reyes Calderón y José María Arias fueron muy claros a la hora de acusar a Emilio Saracho de que, en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017, amenazó a los consejeros de que tenían media hora para declarar la inviabilidad del Popular o, si no lo hacían, que se atuvieran a las consecuencias.

Saracho tenía instrucciones muy claras de Uría y Menéndez de cómo debía declarar al banco inviable para que el BCE declarara a la entidad en estado FOLTF (fail or likely to fail).

El presidente que generó la crisis de liquidez que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, a pesar de ser un banco solvente, también tenía un horario que cumplir ese día 6 de junio y una discusión en el Consejo sobre si debía declararse la inviabilidad o no, podría invalidar la operación por hacerse fuera de los plazos decididos por el FROB. Que esto se produjera no se pudo impedir y ya el propio Santander ha reconocido que el cierre de la subasta se realizó fuera de plazo.

Por tanto, Saracho tenía prisa en declarar inviable al Popular. Sin embargo, no fue el único. Ese día el sector financiero y político estaba movilizado para cerrar la resolución cuanto antes. La propia Comisión Europea (CE) sólo dispuso de 77 minutos para poder supervisar si la decisión de resolución adoptada por la JUR era correcta o no. Por tanto, no se le dio tiempo material para que la CE estuviera en disposición de realizar su función de supervisión.

Además, los propios documentos de la JUR indican que, en la toma de decisiones adoptadas, estuvieron presentes, además de la Junta, el FROB y el Banco de Portugal. Sorprende que no se encontrara ningún representante de la Comisión y, por tanto, se demuestra que no pudo haber ningún tipo de supervisión porque en 77 minutos no da tiempo material a realizar el análisis de todo el proceso de resolución.

Hay que recordar que la propia Comisión Europea tuvo que agotar hasta el último día para aprobar la operación, tiempo que fue aprovechado por el Santander para terminar las negociaciones que inició antes de que el Popular fuera resuelto con BlackStone y LoneStar y que tenían como fin la venta de los activos inmobiliarios de la entidad.

Por otro lado, el hecho de que la Comisión Europea no dispusiera del tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones legales de supervisión nos lleva a otro extremo muy grave que, además, demuestra la presunta implicación de la JUR en todo el proceso de acoso y derribo al Banco Popular: nos referimos a la filtración a Reuters del día 31 de mayo de 2017 en la que un «funcionario de la UE» advirtió a altos cargos de la Unión que «el Banco Popular podría necesitar una resolución ordenada». Ningún organismo europeo podía disponer de datos tan concretos como para realizar esa afirmación si no era la Junta Única de Resolución. Esta filtración provocó una fuga de depósitos previa a la ejecutada por organismos y administraciones públicas y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si hubiera utilizado información privilegiada filtrada por quienes estaban al tanto de los detalles del Proyecto Hipócrates.

Por tanto, la pregunta es clara: ¿por qué tanta prisa? ¿Qué amenazas había para que no se permitiera al Popular llegar hasta el fin de semana? ¿El BBVA se había convertido en una amenaza para la operación y para el Santander? Lo que queda claro es que la precipitación provocó causas de nulidad de la operación que terminarán beneficiando a los afectados.