Caso Popular: los mentores de Ana Patricia Botín y sus empresas fueron elementos clave en la operación

En el artículo de ayer indicábamos algunos de los hombres y empresas con las que la presidenta del Santander tuvo relación en sus inicios en el negocio bancario fueron piezas clave en la operación del Banco Popular. Sin embargo, hay dos que, de un modo u otro, sí que tuvieron una implicación, directa o indirecta, en la estrategia que terminó con la resolución de la sexta entidad financiera de España, su venta por un euro al banco presidido por Ana Patricia Botín y la ruina de más de 305.000 familias. Nos referimos a Emilio Saracho y Jaime Castellanos.

Diario16 ya ha publicado las acciones de Saracho en la operación del Popular. Sin embargo, su relación con la presidenta del Santander puede ser la clave que haría encajar algunas piezas. Tanto Ana Patricia como Emilio Saracho tienen una amistad consolidada. Durante el tiempo en que ambos vivieron el Londres era habitual verlos en cenas privadas en las que el presidente que llevó a la resolución al Banco Popular aconsejaba a la actual presidenta del Santander sobre el devenir del mundo financiero. Según fuentes cercanas, tras la muerte de Emilio Botín y su nombramiento como presidenta del Santander, se especuló con que Saracho iba a volver al banco porque, al fin y al cabo, él era, no sólo su mentor y su maestro, sino que también era su «confesor».

Otra de las personas muy cercanas a Ana Patricia Botín y de las pocas que tienen acceso directo y capacidad para aconsejarla es Jaime Castellanos, presidente de Lazard, el banco de inversión que fue designado como asesor de Popular antes de la llegada de Saracho y ratificada por él, además de que fue, junto a JP Morgan, el encargado de la venta de la entidad en el mes de mayo de 2017, operación que, como todo el mundo sabe, no tuvo éxito. Además, es el presidente de Willis, la correduría de seguros que lleva los seguros de responsabilidad civil de los consejeros del Popular de la firma aseguradora.

Hay que recordar cómo Emilio Saracho, según las cláusulas de su contrato, tenía un seguro de responsabilidad (D&O) en el que, según un correo enviado el día 5 de junio a las 16.39 por Francisco San Miguel Barbón, abogado del despacho de referencia del Santander, Uría y Menéndez, incluía, entre otras cosas, la siguiente cláusula: «Banco Popular se obliga a concertar y mantener a su cargo una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades contractuales y extra contractuales con terceros que pueda contraer el señor Saracho como consecuencia de las actividades propias de sus funciones, conforme a la práctica habitual del Banco respecto a los consejeros ejecutivos. Dicha póliza de seguro cubrirá las responsabilidades asegurables y habituales según las prácticas del mercado que, en el ámbito antes citado, pueda contraer el Sr. Saracho (sean o no empleados de Banco Popular) que realicen actividades bajo la dependencia o por encargo del Sr. Saracho». Este correo fue reenviado por Joaquín Hervada a Saracho el mismo día a las 16.51.

La póliza se firmó con la aseguradora Chubb que, tal y como reconoce el propio Hervada en el correo que remitió a Saracho el día 7 de junio, es el mismo asegurador de los directivos y administradores del Santander.

Por otro lado, según fuentes consultadas por Diario16, Chubb está cubriendo los gastos de defensa a Saracho, pero, en cambio, no lo está haciendo con los consejeros del consejo anterior, ni siquiera a Ángel Ron.

El 7 de junio Emilio Saracho fue destituido por el Santander a las 12 de la mañana. Sin embargo, a las 14.44 Joaquín Hervada le envió un correo al ya ex presidente en el que afirmaba lo siguiente: «Nos pregunta Willis [el corredor de Chubb] si queremos activar el run off, lo han visto y parece que no tienen problemas. Los aseguradores son los mismos del Santander».

Según las mismas fuentes, Jaime Castellanos es y fue uno de los más importantes puntos de apoyo, tanto personal como profesional, de Ana Patricia Botín.

Creemos que los datos de la JUR deberán conducir a la anulación de la resolución. Como no es un proceso reversible, por todo lo que ha hecho Santander y lo que han consentido las autoridades del Estado español y la UE, esto se encamina a una reparación del daño.