Caso Popular. Jaime Ponce (FROB): «No procede argumentar sobre las fuentes externas de liquidez para bancos solventes y viables»

La Revista de Estabilidad Financiera, editada por el Banco de España, publicó en su edición de primavera un artículo del presidente del FROB, Jaime Ponce, en el que, en principio, hacía una valoración de los 10 años del organismo del que en la actualidad es responsable.

Tras hacer un resumen de los aspectos fundamentales desarrollados por la institución desde el año 2009, en sus consideraciones para la Unión Bancaria, analiza los procedimientos de las resoluciones y, sorprendentemente, afirma que existen deficiencias que no su organismo no tuvo en cuenta al resolver al Banco Popular y venderlo al Santander por un euro fuera de plazo.

Según Ponce, «los problemas de liquidez y solvencia aparecen de manera conjunta en las entidades débiles». Sin embargo, el Popular, en base a lo indicado en el informe pericial del Banco de España, era una entidad solvente y viable en el momento de su resolución y que el único problema que tenía estaba derivado de la crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2017.

Por otro lado, el presidente del FROB indica que «es crítico realizar cuanto antes el diagnóstico de los problemas de solvencia para favorecer la mejor estrategia de resolución». ¿Qué estrategia aplicaron el día 3 de junio de 2017, en la reunión con la JUR y Saracho con un banco que era solvente? Aún no se habían producido las últimas salidas de depósitos de las administraciones y empresas públicas que fueron las que, por contagio, generaron el pánico entre los clientes.

Respecto al buen gobierno corporativo, Ponce afirma en su artículo que «el reemplazo de los órganos de administración y la selección de gestores profesionales idóneos son cruciales para liderar adecuadamente los procesos de resolución». ¿Con esto pretende afirmar que el relevo Ron y la llegada de Saracho ya ponía al Popular en un escenario de pre-resolución? Esta interpretación hace más comprensible la estrategia de Saracho y el contenido de su reunión del mes de marzo en el BCE en el que ya puso sobre la mesa la resolución de la sexta entidad financiera de España.

En referencia a la normativa aplicada en los procedimientos de resolución por solvencia, Ponce afirma en su artículo que la JUR «aplica una normativa armonizada de resolución, pero con 19 normativas diferentes de insolvencia ordinaria. Sin olvidar los problemas derivados de tratamientos diferentes para pasivos idénticos dentro de la Unión Bancaria». Estas palabras del presidente del FROB no hacen más que reconocer el hecho de que el mecanismo de resolución europeo está incompleto y que se aplicó sobre el Popular como un simulacro para perfeccionarlo sobre hechos consumados, por mucho que los daños colaterales hayan tenido como consecuencia la ruina de más de 1,2 millones de personas. Además, se verifica que la resolución del Popular se fue haciendo sobre la marcha, puesto que para la valoración del banco se utilizó un borrador de un Reglamento que no entró en vigor hasta el mes de marzo de 2019, es decir, casi dos años después de la resolución.

Por otro lado, Ponce indica que la búsqueda del «momento adecuado en el que los gestores, los supervisores y, finalmente, las autoridades de resolución deben intervenir para mitigar los efectos de la inviabilidad debe ser siempre uno de los puntos fundamentales del debate. Es clave, además, porque la decisión por la que se acuerda la inviabilidad de un banco es muy compleja, irrevocable y desata consecuencias de mucho rigor. Y, para más dificultad, se suele adoptar en escenarios de información incompleta, basada en estimaciones y en expectativas de muy difícil calibración». Por tanto, cuando el día 3 de junio se decidió entre el propio Ponce, Elke König y Emilio Saracho que el Popular debía declarar la inviabilidad el día 6 de junio, tal y como se demuestra en el cronograma publicado por el FROB, ya se había tomado una decisión irrevocable que iniciaba el proceso de subasta para entregar el banco al Santander, sobre todo después de que el FROB modificara las condiciones para el BBVA e incluyera puntos de aplicación exclusiva para el banco presidido por Ana Patricia Botín. Aún así, la subasta se realizó fuera del plazo.

A lo anterior hay que añadir la comunicación por la que el Banco de España acepta la operación de venta en un documento registrado el día 6 de junio en el que se referencia una comunicación del FROB del día 7. ¿Qué tiene que decir Ponce de esto?

Finalmente, en referencia a liquidez en un procedimiento de resolución, Ponce afirma que no procede argumentar «sobre las fuentes externas de liquidez para bancos solventes y viables», es decir, el Banco Popular. Más adelante reconoce que en la legislación no se le ha dado importancia a la liquidez.

En consecuencia, Ponce reconoce en su artículo que los procedimientos de resolución están incompletos, que falta mucho por hacer, lo que es un reconocimiento explícito de que el Popular fue el «conejillo de Indias» para resolver las incidencias que pudiera haber en el mecanismo único y, de paso, rescatar al Santander que ya empezaba a sentir en su cuenta de resultados las primeras consecuencias del Brexit y de la inestabilidad de los mercados latinoamericanos, sobre todo, Brasil y México. De ahí el informe pericial en el que se demostraba el agujero de 8.000 millones de euros causado por el cambio de divisas y que fue llevado a patrimonio para que el Grupo Santander no diera pérdidas en el ejercicio 2017. En la actualidad, 1,2 millones de personas están sufriendo por ese «experimento», 1,2 millones de vidas que están padeciendo porque el sistema financiero no supo, en primer lugar, cerrar la herida de liquidez provocada por Saracho y, en segundo término, encontrar soluciones que sí se habrían hallado si la entidad a resolver fuera otra.