El pasado mes de septiembre de 2019 Diario16 informó en exclusiva de que se había interpuesto una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Luis de Guindos, José María Marín Quesada (presidente de la CNMC), Tomás Burgos Gallego (ex secretario de Estado de la Seguridad Social), Juan Bravo Rivera (ex presidente de ADIF), Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden (presidente de SAREB), Ana Isabel Solorzano Hernández (ex secretaria general técnica de Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias), Gerardo Pisarello Prados (ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y ex presidente del Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona) y Engracia Hidalgo Tena (ex consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid) por el presunto uso de información privilegiada para que estos organismos y administraciones públicas retiraran liquidez del Banco Popular el día 5 de junio de 2019.

Diario16 ha tenido acceso a la resolución de la Sala en la que desestima la querella en espera de que finalice la instrucción que está realizando el juez José Luis Calama Teixeira en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, ya que se precisa de «la depuración propia de la investigación e instrucción y solo cuando a raíz de la investigación de los hechos por el juez de Instrucción competente resultara con un mínimo de claridad la posible participación del querellado aforado, podría plantearse la competencia de esta Sala, elevando la correspondiente exposición razonada».

La propia Fiscalía, según se puede leer en la resolución del Supremo, ha dictaminado que «los hechos objeto de esta querella, o al menos una parte importante de ellos, se siguen causa ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 4».

Por tanto, el Supremo ha determinado que «no procede asumir la competencia, por ahora, contra el único aforado, pudiendo presentar la querella ante quién y cómo corresponda, y si en su día se iniciase procedimiento penal y agotada la investigación apareciesen indicios de criminalidad contra el aforado, el Instructor, si procediese, elevará la correspondiente exposición a esta Sala».

Cuando se está refiriendo al aforado, el Supremo lo hace respecto de Gerardo Pisarello, actual Secretario Primero del Congreso de los Diputados.

El ponente de la resolución del Tribunal Supremo ha correspondido al magistrado Julián Sánchez Melgar, que fue uno de los jueces que interpuso un voto particular contra la Doctrina Botín, en concreto, el más técnico desde el punto de vista jurídico.

La querella por información privilegiada

En la querella a Luis de Guindos y al resto de querellados se les acusa de la comisión de los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delito relativo al mercado y a los consumidores, delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, y defraudación y estafa.

El Banco Popular era solvente y viable en el momento de su resolución, tal y como llevamos demostrando en Diario16 desde hace años, un hecho que fue refrendado por el informe de los peritos del Banco de España. En la querella, además, se indica que la «solvencia de Banco Popular se puede comprobar en los resultados de las últimas pruebas de resistencia de 2016 a las que se sometió a la banca española, publicadas en nota de prensa del Banco de España de 29 de julio de 2016 que figura como anexo 8, en el informe de los peritos del Banco de España»:

Como se puede comprobar, Popular estaba al mismo nivel que Santander en la Ratio CET1 fully loaded y por encima en el transitorio. Esa ratio de capital, además, se mantuvo a lo largo de todo el año 2016. Si los datos indicaban que el banco era solvente, ¿qué ocurrió? Una crisis de liquidez provocada en el segundo trimestre de 2017 por momentos concretos señalados claramente en el informe pericial del Banco de España entregado al juez Calama Teixeira.

En la querella se indicaba que «se produjo una retirada masiva de depósitos de la entidad, como consecuencia de la información que de forma privilegiada circuló en determinados círculos y que significó la retirada de 5.742 millones de euros los días 1, 2 y 5 de junio, lo que provocó una súbita falta de liquidez. Dicha retirada de depósitos se produjo en gran medida por parte de entidades públicas que disponían de dicha información privilegiada. La situación llegó a provocar que la señora Danièle Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, manifestara ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara […] “No está en mi poder, no puedo estar involucrada en esto, pero ciertamente hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos (retiradas de efectivo de ayuntamientos y CCAA) para ver si información privilegiada ha ayudado a ciertas personas a intentar protegerse mejor que los pequeños depositantes”».

La querella indicaba, además, los organismos públicos que realizaron las retiradas de liquidez más importantes:

Los organismos en los que tenían responsabilidades los querellados retiraron un 58% de las salidas de liquidez de las Administraciones Públicas: 4.093 millones de euros. Teniendo en cuenta la línea de liquidez de emergencia activada por el Banco de España (3.800 millones) «el Estado en su conjunto pues todas estas administraciones públicas incluyendo comunidades autónomas forman parte del Estado sólo prestó a Banco Popular el 54% del dinero que le retiró y, en consecuencia, ayudó a colapsar su liquidez», se indicaba en la querella, que continuaba incidiendo en la utilización de la información privilegiada: «Es patente […] que la retirada de tan ingente cantidad de dinero, en definitiva toda su tesorería, en aquellos momentos, junio de 2017, no podía ser debido más que a información que tuviera la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Información privilegiada evidentemente porque no la tenían otros depositarios ni disponían de ella los 305.000 tenedores de acciones y bonos que vieron reducidos sus ahorros de toda una vida a 0 euros. ¿O se va a mantener que la retirada de los 1.000 millones de euros se produjo en el momento en que se hizo, por casualidad? ¿Y quién podía informar a la cúpula de la CNMC de la inminencia de la resolución de Popular y de su venta al Santander por un euro? Evidentemente el ministro Luís de Guindos ya que, como se ha dicho, la CNMC estaba dirigida por el ministro y los 10 consejeros eran sugeridos por el mismo Ministerio».

Por otro lado, la querella afirmaba que la operación del Banco Popular «fue una defraudación cuyo objetivo último era incorporar todo el patrimonio de Banco Popular a Banco Santander».

En consecuencia, según indicaba la querella, los «hechos narrados […] pueden resultar subsumibles en el citado tipo penal del artículo 442 del Código Penal […] Efectivamente, el querellado Luis de Guindos, como Ministro de Economía que era a primeros de junio de 2017, ostentaba la condición de autoridad y como tal Ministro tuvo acceso a la información sobre la situación real del Banco Popular en cuanto a solvencia y liquidez del mismo así como en cuanto a los movimientos existentes en las fechas anteriores a la resolución del Popular. Dicha información la trasladó a los también querellados José María Marín Quemada, Tomás Burgos Gallego, Juan Bravo Riera, Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, Ana Isabel Solórzano Hernández, Gerardo Pisarello Prados y Engracia Hidalgo Tena. Al conocer la citada información privilegiada, los querellados se apresuraron a retirar los fondos titularidad de las entidades de las cuales eran responsables y que se hallaban depositados en el Banco Popular, con lo cual provocaron la total falta de liquidez del banco y que, en consecuencia, la JUR acordase la resolución del Banco Popular mediante la implementación de dicho acuerdo por parte del FROB».

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6 Comentarios

  1. A que entidades financieras ingresaron todo el dinero sacado del Banco Popular, estos hijos de su puñetera madre.
    ¿Quizá al banco cantabrón?.
    Haber periodistas de investigación.

  2. Mercadona, donde se llevo el dinero.
    El valenciano, otro golfo; privilegiado del gobierno del mamón del gobierno del cobarde y traidor borracho rajoy.

  3. Los gobernantes y altos funcionarios deben pagar con la prision permanente revisable,y los periodistas que ni mencionan esra ignominia conociendo y callando son complices,el pueblo debe saber la verdad y tambien los nombres ds estos periodistas corruptos que solo hacen chismes de bragetay politica barata

  4. Me parece una querella fuerte y bien argumentada. Ahora sólo falta documentarla, quiero decir, que siempre queda rastro o registro de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Registros que estarán en poder de las compañías de telecomunicaciones. A no ser que éstas hayan sido corrompidas para que los eliminen, lo cual sería un delito gravísimo. Sin duda, es imprescindible para el esclarecimiento de los hechos que todo ese tráfico de datos se investigue a fondo.

  5. Los estafadores no son ni Colao ni Carmena es la MAFIA DEL PP CON EL DE GUINDOX A LA CABEZA.
    LA ESTAFA YA ESTÁ MÁS QUE PROBADA Y EL GUINDILLA VA A TENER QUE COMPARECER DESPUES DE MENTIR AL PUEBLO ESPAÑOL DESDE EL PARLAMENTO. LO DEMAS SON CHORRADAS DE GENTE QUE INTENTA DESVIRTUAR LOS FOROS.

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