Foto: Agustín Millán

La resolución del Banco Popular se realizó bajo la normativa del Marco Único de Resolución (MUR). Este hecho no tiene precedentes en Europa y las propias instituciones de la Unión están reconociendo que el Popular ha servido como experimento para comprobar que el mecanismo funciona.

Por tanto, han tomado a las 305.000 familias arruinadas como cobayas de laboratorio para verificar que el sistema funciona. Lo que se ha demostrado es que dicha resolución ha ido acompañada de múltiples irregularidades que podrían provocar que la Justicia europea determinara la nulidad de la misma.

El hecho de que se haya tomado a más de 1,2 millones de personas como conejillos de Indias para testar la eficacia de un procedimiento es demasiado grave

En medio de toda esta situación la auditora PwC realizó el preceptivo informe de auditoría de las cuentas del Banco Popular y se detectaron cambios de criterio contable respecto al ejercicio 2016 muy drásticos y que sólo se explican en el intento de cuadrar las cuentas y los argumentos del Banco de Santander a la hora de justificar la resolución, la compra por un euro y la ruina de más de 305.000 familias.

En dicho informe, los resultados sin efecto fiscal de 5.458 millones de euros se justifican, por un lado, por la no activación  de los créditos por bases imponibles negativas durante el ejercicio 2017, por 3.487 millones de euros; y,  por otro lado, se registraron 1.970 millones de  euros derivados de los ajustes de naturaleza fiscal realizados como consecuencia de la resolución de  Banco Popular y posterior adquisición por Banco Santander, que motivaron la desactivación de créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones en cuota no aplicadas, así como el reconocimiento de nuevos activos fiscales diferidos por diferencias temporarias, y finalmente la baja de los activos fiscales diferidos por deterioros de participaciones y por insolvencias de créditos con sociedades  vinculadas.

Con motivo de la resolución, se constituyeron en el primer semestre del ejercicio 2017 reservas voluntarias indisponibles por importe de 3.444 millones, 2.098 millones de euros por la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones que se encontraban en  circulación al 6 de junio de 2017 y 1.346 millones de euros por la reducción de capital derivada del incremento del capital con exclusión del derecho de suscripción preferente para la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y posterior reducción a cero mediante la amortización de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital adicional de nivel 1.

Por otro lado, PwC introdujo en el balance casi 3.500 millones de reservas constituidas con capital social de accionistas y bonitas, algo que ya lo pusieron en la resolución, pero, visto en el balance, es chocante porque convirtieron el capital de accionistas y bonistas en reservas del Santander. El resultado de este movimiento contable fue que el Santander, por un euro, dispuso de 8.000 millones de euros de reservas que eran de accionistas y bonistas del Popular, una entidad que, según el informe pericial del Banco de España, era solvente y viable. Nunca un euro tuvo tanto beneficio a costa de la ruina de 1,2 millones de personas.

9 Comentarios

  1. Piratas que roban a ciudadanos con el consentimiento del gobierno anterior y por supuesto de éste que hay ahora, tenemos un gobierno en contra de los estafados.

  2. Pedro sanchez da la cara por las mas de 300.000 FAMILIAS robadas por el gobierno del pp de rajoy,que robo el Banco popular para regalarselo al sanladron.Ya sabes Pedro si eres socialista ,obrero y español,ya sabes el trabajo que tienes que hacer para que devuelvan lo robado a sus autenticos dueños.

  3. Recepcion en Madrid por el rey al cuerpo diplomatico,muy bien hecho ,pero que hay de mediar para que devuelvan el dinero robado a los acts-dueños del Banco Popular,son mas de 1200.000 los es`pañoles robados,

  4. Diario 16: Hace falta analizar en profundidad la violación del principio de irretroactividad que consagra el artículo 9, punto 3 de la Constitución Española.

    Ocurre que lo que se vendió al Santander únicamente fue el resultado de la conversón de unas obligaciones subordinadas no convertibles, de acuerdo de con la legislación que había cuando fueron emitidas en el año 2011.

    Sin embargo, la conversión presuntamente inconstitucional se hizo al amparo de la Ley 11 de 2015.

  5. Me gustaría saber qué posibilidades hay de que Europa nos devuelva lo robado.

    Utilizando el Tribunal General de la Union Europea o denunciado al Banco Central Europeo.

    Todo ello acompañado de una demanda colectiva firmada por 305.000 accionistas contra Ana Patricia Botin.

  6. Me gustaría saber qué posibilidades hay de que Europa nos devuelva lo robado.

    Utilizando el Tribunal General de la Union Europea o denunciado al Banco Central Europeo.

    La estafa se consumó con el Gobierno Rajoy

    Ahora tenemos un gobierno socialista

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