La denuncia de Ignacio Colls fue presentada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien la derivó a la Audiencia Nacional. La denuncia indicaba que del informe pericial del Banco de España se desprende que, o los peritos «faltan a la verdad en su informe, o Deloitte Belgium (que apenas contó con dos semanas para elaborar su informe) falta manifiestamente a la verdad aportando conscientemente a su misterioso y opaco informe datos falsos al informe provisional que sirvió de fundamento para la resolución del Banco.

» O los peritos del Banco de España que han tardado UN AÑO en elaborar su informe faltan a la verdad, o Deloitte Belgium y la Junta Única de Resolución han cometido un manifiesto fraude, estafa y engaño arruinando a los 305.000 accionistas de Banco Popular».

La denuncia, además, hacía referencia al perjuicio económico que sufrieron los afectados: «Si, según el informe de los peritos del Banco de España, el Banco Popular contaba al momento de la resolución con unos fondos propios positivos por más de 11 millones de euros resulta evidente que se ha causado un manifiesto perjuicio económico a los 305.000 accionistas del Banco y que el informe de valoración de Deloitte contiene evidentes irregularidades y/o falsedades, supuestamente conscientes y deliberadas».

Ignacio Colls hacía referencia en la denuncia a que, en base al informe de los peritos del Banco de España, en el que se constata que el Banco Popular era una entidad solvente en el momento de una resolución cuya única causa fue la retirada de depósitos, resultó sorprendente que las administraciones públicas «de forma coordinada, acordaran la retirada masiva de fondos de Banco Popular causándoles enormes problemas de liquidez que devinieron en la resolución del Banco». Además, se hace referencia a la posible falsedad de la firma de Emilio Saracho en la carta enviada al BCE para declarar la inviabilidad de la entidad

La denuncia señalaba que la resolución puede ser nula «de pleno derecho» si se acreditara «la falsedad de los datos del informe provisional de Deloitte, el uso de información privilegiada y coordinada para la retirada masiva de fondos del Banco que le provocaron crisis de liquidez y de acreditarse que la firma del Presidente del Consejo de Administración del Banco Emilio Saracho en la carta de 6 de junio de 2017 en la que declaraba la supuesta inviabilidad del Banco no fue estampada de su puño y letra, siendo una burda falsificación», afirma el documento.

Una vez incoadas las diligencias en la Audiencia Nacional, Bufet Colls pidió que se adoptaran una serie de medidas. En primer lugar, la designación de un perito calígrafo para determinar si la firma de Saracho era la suya o una falsificación.

En segundo término, que se requiriera a Deloitte el informe provisional sin censuras y que se manifestasen detalladamente todas las personas que elaboraron el informe que se tomó como referencia para resolver al Popular. A la consultora también se le requería que acreditaran quién «encargó el informe en qué fecha, aporten la nota de encargo que recibieron para elaborar dicho informe, así como que acrediten quién pagó dicho informe, aportando copia de la factura», además de la fecha y «con qué medios remitieron el informe elaborado de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA a la Junta Única de Resolución». Un punto importante es la fuente con la que Deloitte realizó el informe de valoración provisional y, por tanto, se pide la aportación de «informes de solvencia que pudieran tener de Banco Popular».

En tercer lugar, a la JUR también se le requería una copia de ese documento y una «copia íntegra del expediente de subasta de Banco Popular, con el pliego de condiciones, plazos y demás requisitos y, en especial, certifiquen y acrediten la hora y día exactos en que Banco Santander presentó su oferta», se afirmaba en la solicitud de actuaciones.

En cuarto término, se instaba a la Audiencia Nacional a que requiriera al FROB para que aportara «copia íntegra del expediente de subasta de Banco Popular, con el pliego de condiciones, plazos y demás requisitos y, en especial, certifiquen y acrediten la hora y día exactos en que BANCO SANTANDER SA presentó su oferta».

Sin embargo, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado la admisión a trámite de la denuncia presentada por el letrado Ignacio Colls contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte Bélgica en relación con el proceso de resolución del Banco Popular y su venta por un euro al Banco Santander.

En declaraciones a Diario16, el responsable de Bufete Colls, responsable de la denuncia, ha dicho que tanto la Fiscalía como la jueza «solo se refieren a la retirada de fondos por las administraciones públicas y empresas, pero no dicen ni una palabra de la diferencia de 19.000 M€ del informe de los peritos del Banco de España respecto al informa de valoración de Deloitte».

La decisión fue recurrida porque ni el auto de desestimación ni el escrito de la Fiscalía aluden a los presuntos delitos que fueron denunciados: apropiación indebida y/o estafa, prevaricación, falsificación de documentos.

El recurso indica que en el mes de mayo de 2019 se presentó una denuncia contra la JUR y Deloitte Belgium ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la comisión de los presuntos delitos arriba indicados y que se abriera una investigación judicial por el presunto uso de información privilegiada «por parte de las Administraciones Públicas que de forma coordinada retiraron miles de millones de euros de las cuentas de Banco Popular, causando su crisis de liquidez». La denuncia fue ampliada se amplió dicha denuncia por la comisión del presunto delito de imprudencia profesional con resultado de daños a terceros, además de la supuesta prevaricación que supondría el hecho de que el FROB siguiera adelante con una subasta que, según reconoció el Santander, se había realizado fuera de plazo, lo que, evidentemente, acarrearía «la nulidad de pleno derecho de la resolución».

Tras la apertura de diligencias y el traslado a Fiscalía de dicha denuncia para que determinara la competencia de la Audiencia Nacional, el pasado día 18 de diciembre la jueza María Tardón emitió un auto de desestimación, a lo que el denunciante ha respondido en su recurso lo siguiente: «Reiterando esta parte los debidos respetos y los estrictos términos de defensa, de forma incomprensible el Ministerio Fiscal y posteriormente el auto objeto del presente recurso omiten toda referencia y pronunciamiento alguno acerca de los numerosos delitos presuntamente cometidos en la resolución de Banco Popular, limitándose a efectuar manifestaciones acerca de la retirada masiva de fondos por parte de las Administraciones Públicas y haciendo referencia a que dicha investigación ya se tramita en el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional».

Según el recurso, el auto de desestimación no menciona en ningún momento los delitos de falsificación documental ni el de imprudencia profesional de Deloitte al haber realizado el informe sobre el que se basó la resolución del Popular en apenas 12 días, sobre todo cuando existe la referencia del informe pericial del Banco de España para cuya realización necesitó de más de un año de trabajo. Según el recurso la valoración de Deloitte supuso un «flagrante perjuicio de 305.000 accionistas que perdieron todos sus ahorros como consecuencia de haber emitido Deloitte Belgium un informe manifiestamente falso».

Por otro lado, el auto tampoco hacía referencia a la imprudencia profesional de la JUR «quien evitó aplicar medidas menos traumáticas que habrían evitado la ruina de 305.000 accionistas de un Banco solvente y viable según el informe pericial de los peritos del Banco de España que certificaron la existencia de unos fondos propios positivos» de 11.000 millones de euros en la fecha de la resolución. Para el recurrente es significativa la diferencia de 19.000 millones de euros entre el informe de Deloitte y el de los peritos del Banco de España, lo que hace necesaria una «investigación por parte de este Juzgado y la depuración de cuantas responsabilidades pudieran derivarse respecto a Deloitte Belgium y la JUR».

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9 Comentarios

  1. Buenos días Claudia Moreno otro articulo bien detallado de la mayor estafa en la historia de España una expropiación en toda regla con tal cantidad de fallos he regularidades que clama al cielo solo con la confesión por parte del Banco santander de que compro el banco popular fuera de plazo seria motivo de la nulidad del profeso de venta por que para eso se ponen unos plazos todo lo ocurrido en este miserable país demuestra que no tenemos justicia y lo peor tampoco democracia

  2. La Tardón debería ser separada del servicio inmediatamente por dejación de funciones. Y después juzgada por prevaricación. Pero claro, ¿ quién lo va a hacer , el Consejo General del Poder Judicial, que estará tan corrupto como ella ?. No lo creo, los bomberos no se pisan la manguera unos a otros.

  3. Yo siempre lo dije la audiencia nacional esta al servicio de los poderes y del santander,los ciudadanos de a pie rpobados por el gobierno no somos nada para ellos,nos roban y no pasa nada,y de la jueza esta que vamos a decir….

  4. Estracto de publicación después de que José Mota haya ganado un juicio a unos estafadores….

    “Tras cuatro años de batallas en los tribunales, José Mota ha ganado el juicio contra la empresa constructora de su residencia familiar que deberá indemnizar al humorista con 200.000 euros por entregar una vivienda inacabada y con serios problemas estructurales.

    Según cuenta Mota, la casa no tenía aislamientos, los marcos de puertas y ventanas no estaban anclados y los azulejos de los baños se caían. Todo un desastre que le ha quitado el sueño durante los últimos años. “Aun así me doy por feliz y contento con la sentencia. Me siento por fin lleno, poder decir que se ha hecho justicia es un descanso en el alma”.”

    Así es como se sienten muchos robados y sin justicia de banco popular, sin ningún descanso en el alma. La justicia es lo que da, sensación de paz, de saber confirmado que ha sido víctima de un delito. Me alegro por José Mota. Dudo mucho que en este país sometido a la defraudadora de la lista Falciani vaya a haber justicia y paz en el alma para los robados de banco popular.

  5. No bono lo hará el terrochequistacomunista de Pablo Iglesias Turrion, la hez de la hez, un auténtico cagarro.

  6. Pero, ¿por qué no se presenta esta denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiciencia Nacional?.

    En cualquier otro a a pasar lo mismo: Rechazo porque ya se está tramitando el procedimiento en Juzgado nº 6.

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