Caso Popular: 2020, el año de la justicia (IX)

La declaración de inviabilidad del Banco Popular enviada por Emilio Saracho al Banco Central Europeo (BCE) estaba incompleta, lo que sería otra clave de nulidad de la operación, una más que deberá tener en cuenta la Justicia, tanto la española como la europea.

El documento en que se demuestra que la declaración FOLTF (fail or likely to fail) estaba incompleta es el propio informe pericial del Banco de España entregado a la Audiencia Nacional y se basa en el contenido del acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio. En referencia a este asunto los peritos declararon lo siguiente en su informe:

«Las previsiones contenidas en este Plan de Negocio son las que se mencionan en el informe sobre situación de solvencia anexa al acta del Consejo de Administración de 6 de junio de 2017. A diferencia del Plan de Negocio, este documento únicamente incorpora las pérdidas, de las que como hemos dicho no hay evidencia suficiente al ser estimaciones del resultado de revisiones en curso. Igualmente, no incorpora ni la posible ampliación de capital, ni los incrementos de solvencia previstos por ventas de sociedades, ya tratadas, en especial Wizink y Totalbank que se esperaba que generasen 2,25 puntos de capital en el ejercicio, mejorando por tanto la situación de solvencia del Banco […] No podemos dejar de señalar que, a pesar de que aparentemente el BCE conocía el carácter de estimaciones de las provisiones necesarias, nos llama la atención que en la declaración de posible insolvencia del 6 de junio de 2017 no se señalara el carácter provisional de estos importes o que los ratios de solvencia mejorarían por las operaciones de ventas de sociedades en curso o, incluso, por una posible ampliación de capital».

Por tanto, según el Banco de España, se declaró al Popular inviable sin tener en cuenta factores que hubieran sido fundamentales para cualquier banquero, salvo para Emilio Saracho. Diario16 lleva años mostrando documentos que demuestran cómo el presidente que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución no hizo nada para ampliar capital —ya fuera por las ofertas recibidas de Barclays o de Deutsche Bank, ya fuera por la de Antonio del Valle (en la que, presumiblemente, hubiera entrado también el chileno Luksic)— ni para vender los activos no estratégicos (WiZink y TotalBank), cuando tenía propuestas firmes para ello.

En consecuencia, si el BCE aceptó la inviabilidad presentada por Saracho a sabiendas de que estaba incompleta o de que, como dice el Banco de España, tenía conocimiento del «carácter de estimaciones de las provisiones necesarias», además de que la entidad estaba monitorizada, esto quiere decir que, presuntamente, el supervisor europeo fue connivente con la operación diabólica que arruinó a más de 305.000 familias.

De ahí que se comprenda mejor cómo el día 5 de junio el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo acordó que no pondrían ningún tipo de objeción de las líneas de liquidez de emergencia con un plazo de madurez de hasta el 14 de junio y, unas horas después, el Consejo de Gobierno del BCE sólo aprobó aquellas que tenían una fecha de madurez del 8 de junio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las fugas de depósitos de ese día protagonizado por entidades, organismos y administraciones públicas, el BCE estableció la fecha en la que el Popular debía caer. En consecuencia, desde Frankfort ya se decidió que el Popular sería resuelto, como muy tarde, el día 7 de junio.

Por otro lado, a lo anterior hay que unir que en el primer trimestre de 2017 se produjo un incremento del margen de explotación del 19%, lo que tuvo como consecuencia un ROTE del 17%. Es decir que, tal y como indicábamos en este medio, esta ratio se encontraba en doble dígito antes de que se iniciara la crisis liquidez en el segundo trimestre. Además, los márgenes de intereses tuvieron una recuperación y mejoraron las comisiones «a un nivel cercano al trimestre más fuerte de 2016», afirma un documento interno publicado por Diario16 en días pasados. Respecto al balance del Popular, ese primer trimestre tuvo como principales hitos una reducción de los activos improductivos (NPAs, por sus siglas en inglés) en 569 millones de euros y una mejora de la cobertura de provisiones. Por otro lado, la ratio de capital se encontraba 50 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio. En referencia a la actividad comercial, el Popular tuvo unas tendencias mensuales que mejoraron durante ese primer trimestre de 2017, sobre todo gracias a la contratación de préstamos, depósitos a plazo y por la indicada reducción de NPAs. El margen de clientes tuvo un incremento de cinco puntos básicos y los tipos de contratación mantuvieron un buen comportamiento.

Todos los movimientos de Saracho iban orientados hacia el escenario de resolución, sobre todo después de que el día 3 de junio la JUR y el FROB activaran el mecanismo de resolución de una entidad que, en base a estos datos y a estos hechos, era solvente y viable.