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Caso Martín Villa: un juicio a la Transición

El proceso abierto por una jueza argentina enfrenta la versión oficial frente a los nuevos hechos y testimonios de las víctimas y sus familiares

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Seis años después de ser imputado por la justicia argentina, el exministro Rodolfo Martín Villa ha prestado declaración ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, ante quien ha defendido su papel en la Transición española frente a los cargos de delitos de lesa humanidad que se le atribuyen en relación con doce muertes en actos violentos durante los años 1976 y 1978. “He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, ha declarado ante la juez.

El interrogatorio, realizado por videoconferencia, se celebró en la sede del consulado en Madrid, frente al que se concentraron cerca de un centenar de personas del colectivo Ceaqua, que reúne a los querellantes en este procedimiento, y que portaban cajas de cartón con los nombres de las 12 víctimas por las que se inquiere al exministro español. Al lugar llegaron dos jóvenes portando una pancarta en la que podía leerse “Sólo España juzga a España. Vox”, pero fueron apartados del lugar por agentes de la Policía Nacional, que les alejaron a una manzana de los concentrados.

El caso Martín Villa pone de relieve la necesidad de investigar hasta sus últimas consecuencias unos hechos sangrientos que cuestionan el relato oficial de que la Transición española fue pacífica y sin derramamiento de sangre. La extrema derecha, sin ir más lejos, fue mucho más activa y sangrienta de lo que nos han querido contar y basta con echar un vistazo a los periódicos de la época para comprobar que los restos del aparato militar franquista causaron estragos durante años. El escritor Mariano Sánchez Soler, experto en el tema, aporta una cifra reveladora: entre 1975 y 1983 se produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y represión). Nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina “violencia política de origen institucional”.

El interrogatorio de Martín Villa nos ha devuelto a aquellos años, convirtiéndose en una causa contra la Transición. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración judicial, Martín Villa ha explicado ante la jueza Servini que antes de las elecciones de 1977, y “por primera vez en muchos años, no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo”. “Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros −correligionarios y adversarios políticos− la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978”, ha dicho. “De aceptarse la versión de la querella”, ha añadido el exministro, “si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar”.

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Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria. También le ha interrogado por su responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao −todas ellas ocurridas en 1977−, así como de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. Igualmente piden aclarar los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

La querella se interpuso inicialmente por las cinco muertes en Vitoria en marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. El exministro ya ha explicado al Juzgado argentino que la intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y la suya comenzó después, no antes, de conocerse las muertes, y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria. “Ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa −ha explicado este jueves ante la juez−. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.

En este punto ha insistido Martín Villa ante la juez, según fuentes conocedoras de la declaración, en los argumentos expresados en la carta que remitió el pasado 25 de agosto anunciando que trataría de defenderse personalmente, “pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio”. Martín Villa ha advertido de que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en su catalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía. Ha afirmado también que es imposible que hubiese un genocidio en la Transición, un proceso político que supuso la reconciliación entre los españoles, y ha explicado que la Ley de Amnistía en nada se pareció a las leyes de punto final; es decir, no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas.

En relación con una nueva acusación contra él por una muerte causada por un disparo policial durante las fiestas de san Fermín en Pamplona en julio de 1978, ha precisado que en esos momentos España llevaba ya un año en democracia −las elecciones se celebraron en junio de 1977−, se había aprobado la Ley de Amnistía y se había alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre la Constitución, aprobada poco después.

En su relato se ha referido igualmente, según las mismas fuentes, a que en una sesión de control al Gobierno en septiembre de 1977 sobre diversos incidentes en los que intervinieron miembros de los Cuerpos de Seguridad, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, afirmó que era “la primera vez que he visto a un Gobierno de este país dar información interna del carácter de la que se nos ha proporcionado sobre la actividad de las Fuerzas de Orden Público”.

Junto a esta misiva, Martín Villa ha aportado a la causa 19 cartas de apoyo  a su personas escritas, a título personal, por los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy −además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO−, en los que todos ellos defienden su papel como “hacedor de consensos” durante los años investigados. En definitiva, lo que se debate en el juicio es la versión oficial frente a la verdad que ahora, cuarenta años después, quiere abrirse paso con nuevos datos y testimonios. La decisión final, en manos de una jueza argentina.

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