Caso Junqueras: Denuncian a España por corrupción acreditada del CGPJ

La Administración de Justicia española se ha rebelado contra el derecho de la Unión Europea, al que está sometida por las cesiones de soberanía que implica estar dentro de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que Oriol Junqueras disponía de su condición de eurodiputado y, por lo tanto, de inmunidad antes de que se dictara la sentencia del juicio del procés. Sin embargo, la Justicia española está determinando que no aplica la sentencia del TJUE, a pesar de estar obligados a acatar y hacer cumplir con lo determinado por dicha sentencia.

Este hecho ha provocado que Pirates de Catalunya haya presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español por negligencia in vigilando y específicamente, contra el CGPJ y la Junta Electoral Central por corrupción acreditada.

Según la denuncia, el Estado español ha vulnerado tratados, jurisprudencia y directivas de la Unión Europea. «La Unión y sus instituciones deben preocuparse del cumplimiento por parte de los Estados de la protección de dichos derechos y de proteger a sus ciudadanos de la vulneración por parte de los Estados de los Tratados y del resto de la legislación europea, siendo el objeto del que nace la presente denuncia la cesión de soberanía de los Estados a la Unión, como así se reconoce en la Sentencia del TJUE: Van Gend & Loos de 5 de febrero de 1963».

El documento presentado en la Comisión Europea parte de la base de que la Administración española tiene un aspecto que históricamente se ha aplicado cuando hay una instancia superior: «se acata, pero no se cumple», que ya se aplicó en el derecho español en las relaciones entre el Nuevo Mundo y la Metrópoli. «El contraste ahora es mayor porque estamos en una nueva galaxia, donde lo que se debe cumplir es el Derecho de la Unión con sus características de efecto directo y primacía. Derecho, aún considerado extraño por la Administración Central española, pero, sobre todo, por aquellos altos funcionarios y autoridades encargados de hacer cumplir las leyes, que entienden que ese nuevo Derecho va contra sus intereses de clase. Quien intente aplicar normas modernas de razonabilidad, eficiencia y transparencia, al atentar contra ese privilegio es inmediatamente bloqueado o considerado, cuanto menos, sedicioso, terrorista, antiespañol, y merecedor en su caso, del “spexit”», afirma la denuncia que, además, pone como ejemplo el continuado incumplimiento por parte de España de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), sobre todo en lo referido a «las recomendaciones del GRECO dirigidas a desmantelar el control ideológico y político del Consejo General del Poder Judicial» que «han caído, año tras año, en saco roto», expone la denuncia.

Por tanto, el hecho de que tanto el Tribunal Supremo como la Junta Electoral Central hayan hecho caso omiso a la sentencia del TJUE es, según la denuncia, un ejemplo más del «se acata, pero no se cumple» y, en consecuencia, muestra la vulneración de los tratados, directivas y jurisprudencia de la UE por parte de la Justicia española en el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras.

Las reacción del Supremo de ignorar la decisión del TJUE e inhabilitar a Junqueras puede tener consecuencias por parte de la Comisión Europea. Diferentes expertos en derecho comunitario consultados por Diario16 coinciden en el hecho de que Europa podría llegar a intervenir el Supremo si incumple la sentencia del TJUE. «La Comisión podría enviar «hombres de negro» al Consejo General del Poder Judicial, y desde allí sancionar a los jueces que no apliquen derecho de la Unión, al igual que pasó con la economía», afirma un experto abogado en derecho comunitario.

Una sentencia del TJUE, en referencia a los tribunales de Polonia, indicaba claramente que los jueces de los distintos países miembros ya no lo eran en exclusiva de los Estados, sino que todos los jueces, por la cesión de soberanía de los países, lo son, con prevalencia, de la Unión Europea. Por tanto, están obligados a cumplir de manera estricta las decisiones adoptadas por el TJUE que van en contra del derecho comunitario y, en el caso de Junqueras, el Supremo condenó al líder de ERC sin tener en cuenta que la continuidad del proceso judicial podría chocar con la inmunidad parlamentaria obtenida al ser elegido eurodiputado. «La sentencia de Polonia afirma que los jueces de cada país son jueces de la Unión. No hay más jueces españoles, belgas o franceses. Hay jueces de la Unión de Bélgica, España o Francia, que aplican el derecho de la Unión y el del país».

La denuncia solicita que se intervenga urgentemente el Consejo General del Poder Judicial ya que no actúa de acuerdo con los principios de seguridad jurídica e independencia que deben guiar siempre al poder judicial.

La Comisión Europea tiene el deber de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. No obstante, casos como el del Eurodiputado Oriol Junqueras demuestran que está incumpliendo con sus obligaciones en España.