Caso Corinna: el perito informático no tiene titulación

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Informáticos de Andalucía ha remitido una carta a Eduardo Peris Millán presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI), a la que ha tenido acceso Diario16, en la que se informa de un «flagrante caso de intrusismo profesional para que, en el ejercicio de las funciones propias del Consejo General que presides, procedas a ejercer las correspondientes acciones judiciales».

En concreto, se refiere tanto al perito como al informe pericial presentado ante la Audiencia Nacional por Corinna Larsen en el que se indicaba que los audios grabados por José Manuel Villarejo tenían una fecha posterior a la jubilación del excomisario.

Sin embargo, según el documento enviado al presidente del CONCITI, el perito que firma el informe, «carece de titulación oficial en informática o titulación homologable, figurando únicamente que posee el título propio “Derecho Informático   y   Peritaciones   Judiciales” de la Universidad a   Distancia de Madrid (UDIMA). También figura titulación de informática por la Universidad de Cambridge, sin especificar su nombre, por lo que claramente no resulta ser una titulación homologada a la ingeniería informática o a la ingeniería técnica en informática». Al tratarse de un proceso conocido por la Audiencia Nacional, debe ser el CONCITI quien presente la correspondiente denuncia y no el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Informáticos de Andalucía.

Además, se hace mención a que dicho perito es miembro de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), «conocida por dar cabida a peritos sin titulación», indica la carta. Según ha podido saber Diario16, sólo en Andalucía ya hay varias denuncias interpuestas contra peritos miembros de esta asociación.

El asunto del intrusismo en los peritajes es grave, principalmente por la indefensión que pueden llegar a sufrir los ciudadanos y ciudadanas por la presentación en procesos judiciales de informes periciales realizados por personas, asociaciones o empresas con recursos que no cumplen con lo establecido por la ley.

Según el Código Penal, el intrusismo profesional está penado con hasta dos años de cárcel. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil «Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste» y, según lo referido en la carta al CONCITI, el perito que ha presentado dicho informe no cumple con lo indicado por la ley: «es palmario que D. Juan Martos Luque estaría incurriendo en delito de intrusismo profesional, toda vez que carece de titulación oficial en el objeto de la pericia, esto es, informática. Conviene señalar que la titulación que dice poseer sería en todo caso un título propio de esa universidad, no un título oficial tal y como exigen las leyes de enjuiciamiento en vigor».

Es muy preocupante que en la Justicia española no se adopten las medidas precautorias necesarias para evitar que se produzca este intrusismo profesional en algo tan importante como la presentación de informes periciales que pueden determinar el resultado de un proceso judicial. Dicho intrusismo favorece, evidentemente, a quien más recursos dispone respecto al resto del pueblo y es una evidencia más de que en España la Justicia no es igual para todos. Por otro lado, los propios despachos de abogados, tanto los que son fieles servidores de las clases dominantes como los que desarrollan su trabajo acogiéndose a los parámetros de la buena praxis profesional, tienen una responsabilidad ante la ciudadanía de conocer a quién contratan para realizar dichos informes que, insistimos, son fundamentales en los procesos judiciales.