Pedro Sánchez le ha tendido la mano a Pablo Casado y le ha sugerido que “rompa” con la ultraderecha española. Sin embargo, el líder popular no parece dispuesto a dejar atrás sus amistades peligrosas con Vox, que sería tanto como liquidar los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia y dejar en manos del partido de Santiago Abascal la estrategia de la crispación en la que están instaladas las tres derechas del Trío de Colón. Los próximos movimientos del Partido Popular durante sus contactos con el Gobierno para la renovación de los cargos públicos de las más altas instituciones del Estado serán fundamentales para determinar qué camino elige finalmente Casado. Fuentes del PP aseguran a Diario16 que es más que probable que la estrategia a seguir siga siendo no pactar nada con el Gobierno de coalición, de tal forma que órganos judiciales y organismos de vital importancia para mantener el sistema democrático tendrán que volver a prorrogar, una vez más, sus cargos dirigentes.

De entrada, Sánchez y Casado tienen que pactar los nombres de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el mes de diciembre de 2018. Además, tienen en la agenda la renovación “total o parcial” de otra decena de órganos institucionales cuyo mandato ha caducado o caducará en los próximo meses. Tal es el caso del Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y el Defensor del Pueblo, según informa Europa Press. A la vista está que todos estos organismos son cruciales para que el país no vuelva a caer en la parálisis política, judicial y social. Pese a todo, la idea de Casado parece ser tensar la cuerda al máximo con Sánchez. Los planes inmediatos del líder del PP vuelven a pasar por tratar de arrinconar al Gobierno con asuntos que no figuran entre las grandes preocupaciones de los españoles, como es el caso de Venezuela y de la entrevista de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Sin duda, se trata de una forma sucia de hacer oposición que perjudica gravemente los intereses de España. Un partido como el PP, que ha ostentado la responsabilidad de Gobierno en varias ocasiones, debería alejarse de la táctica de la guerra sin cuartel, de la tierra quemada, del obstruccionismo y del ruido constante, prácticas de filibusterismo político propias de la extrema derecha que no hacen ningún bien al país y de las que debería alejarse, como de la peste, Pablo Casado. Parecerse demasiado a Vox no es un buen negocio para los populares y mucho menos después de que el ala moderada del PP haya empezado a mover piezas para devolver al partido a la senda del centro.

España requiere un proyecto de oposición serio y responsable, con propuestas positivas para el ciudadano, no un grupo político de tintes pandilleros, una especie de barra brava futbolera y hooligan que está todo el rato acosando con la vieja cantinela aznarista del “váyase”, en este caso señor Sánchez.

Algunas renovaciones requieren del concurso del PP, ya que de lo contrario estarán abocadas al fracaso. Así ocurre con el CGPJ o el Tribunal Constitucional, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo: 210 diputados. El PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones y, de entrada, no se prevé que ni Vox ni Ciudadanos entren a negociar. De ahí la mano tendida de Sánchez, que el pasado miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, ofreció diálogo al PP para llegar a acuerdos, entre los que citó la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, uno de los asuntos que previsiblemente iba a ser abordado en la entrevista que hoy han mantenido ambos líderes políticos en Moncloa, la primera cita tras la proclamación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El mandato del CGPJ, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del Alto Tribunal “desde detrás”.

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos. Entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado mes de noviembre. En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

Otra de las renovaciones que debe resolver el Congreso es la de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que se renueva con cada legislatura, concretamente en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes que, en este caso, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre. El órgano que actúa como árbitro de las elecciones lo componen 15 vocales: ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso, y otros dos miembros natos que no tienen voto. Tras recibir el aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la Mesa de la Cámara informa al Gobierno para que proceda a designarlos formalmente como vocales mediante real decreto.

También está en la lista de “pendientes” la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Consejo de Administración de RTVE, el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todo está pendiente de que Casado dé el sí quiero. Algo poco probable a fecha de hoy.

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