El consejero de Educación, Javier Imbroda, en primer término, conversa con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Al menos nueve de cada diez alumnos estudia en España en el centro educativo elegido como primera opción, ya sea público o concertado, un porcentaje que se eleva aún más en buena parte de las comunidades autónomas. Pese a ello, el Partido Popular sigue enarbolando el mantra de la libertad educativa y que por ello su partido logrará frenar la inminente nueva ley educativa en trámite de aprobación en el Senado, conocida como Ley Celaá, para que las familias puedan “seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, pese a que en la actualidad menos del 10% de los padres que intentan matricular a sus hijos en un centro determinado no lo consiguen como primera opción.

El 92% de los alumnos andaluces pudo matricularse el pasado curso en el centro escolar elegido como primera opción

La Consejería de Educación de Andalucía, la única en manos del partido naranja en aquellas comunidades donde PP y Ciudadanos gobiernan en coalición, ha torpedeado el boicot anunciado por el líder del PP contra la nueva ley educativa, al considerar que será “pan para hoy y hambre para mañana”, apuntó este lunes el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, quien se preguntaba “qué pasaría para el curso 2021-2022” aunque ahora los planes del PP de Pablo Casado pasen incluso por adelantar el proceso de las matriculaciones de nuevos alumnos a este mes de diciembre, medio año antes de lo estipulado legalmente hasta ahora. Imbroda ha subrayado que su departamento será leal “con la ley que salga”.

Pese a este inconveniente, Casado mantiene la ‘hoja de ruta’ de boicotear la ley Celaá en Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León, donde sus máximos responsables de Educación son del Partido Popular, a diferencia de Andalucía, que es de Ciudadanos aunque existe un gobierno de coalición. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en adelantarse en el calendario de matriculaciones, ya que el pasado 4 de diciembre se pusieron en marcha las instrucciones para este proceso dirigidas a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.

Nueva normativa andaluza

Andalucía, que ha decidido no sumarse al boicot de las comunidades gobernadas por el PP, ya aprobó a comienzos del pasado 2019 una nueva normativa para regular, con otros baremos diferentes a los aplicados por los anteriores gobiernos socialistas, los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados.

Estos cambios se llevaron a cabo pese a que en Andalucía más del 90% de los progenitores pueden matricular a sus hijos en el colegio elegido en primer lugar. Durante el pasado curso escolar, el 92,91% de las familias andaluzas que participaron en el proceso de escolarización iniciado en marzo obtuvo plaza para escolarizar a sus hijos en el centro solicitado como primera opción, como aseguró en el Parlamento el propio consejero de Educación.

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