Roberto Macías, alertador de corrupción, en el juzgado

A punto de cesar en su cargo como máxima representante de nuestra República Federal.  Considero necesario manifestar mi más rotunda reprobación por su actuación como embajadora.

La repruebo por su falta de empatía, sensibilidad, y solidaridad, ante la persecución y el acoso que sufro por parte de un sindicato investigado por saquear fondos públicos.

La repruebo por abandonar a su suerte a un connacional que enfrenta un injusto proceso penal, siguiendo un criterio esperpéntico, que viene a limitar la protección diplomática y la intervención consular a la prisión preventiva o, detención del ciudadano mexicano.

Pero sí este criterio resulta esperpéntico, más surrealista resulta que, hayan justificado su falta de intervención, con el kafkiano argumento de negarme la asistencia por “adquirir una segunda nacionalidad”.

Así lo demuestra la Resolución del juicio de amparo 719/2017,  dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que viene a reconocer la grotesca equivocación por parte de la Embajada que Usted dirige. El fallo se muestra favorable de “brindar al quejoso (yo), como connacional mexicano una asesoría y representación legal ante los tribunales y autoridades del Estado receptor, sin pretextar que el quejoso se ha ostentado como ciudadano español”.

La repruebo por dejarme en una situación de indefensión, vulnerabilidad, y desventaja en un infame calvario judicial. Advirtió el magistrado en su exposición, que: “La condición de extranjería podría generar un estado de desventaja real de la persona frente a los nacionales y autoridades de un país que no es el de su origen, cuando forma parte de un juicio con motivo de una acusación penal”.

Desde el punto de vista estrictamente legal, podría debatirse sí tengo o no razón a la asistencia consular, en relación con el artículo 36 de la Convención de Viena. Pero desde el punto de vista humano, ético, solidario, etc. La Embajada falló de forma escandalosa en su misión de brindarme la asistencia y protección y un acompañamiento ya con fines humanitarios. 

La repruebo por faltar a su misión de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos de un connacional, así como de la falta protección y defensa de los mismos. Desde mi punto de vista, y sin temor a equivocarme, puedo reiterar lo que he manifestado en una entrevista para DIARIO16, en la que señalo que: «El Estado permite el acoso, la persecución y la tortura a los alertadores de corrupción».

A mi reprobación, recordarle que en el año 2018, desde la “Plataforma X la Honestidad”, se pidió ya su cese por negarme la asistencia legal y la protección consular, que me corresponden.  Y que en el año 2019, personalidades y asociaciones anticorrupción, volvieron a pedir la protección al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de justicia recibir.  Más allá de  los criterios kafkianos, esperpénticos, y grotescos, que pueden provocar que mi futuro personal y familiar se pierdan para siempre. Nunca en mi vida he visto semejante atropello al derecho de una persona, por la ultranza imposición de un criterio legaloide.

La repruebo desde el dolor y el sufrimiento que la decisión de la Embajada de México en España me causa. Repruebo a la Secretaria de Relaciones Exteriores por permitir que durante tantos años haya enfrentado un proceso penal sin ningún tipo de asistencia, protección y cuidado por parte de la Embajada de México.

Solo espero que la persona que la releve en el cargo, enmiende la falta de apoyo, asistencia, humanidad, generosidad y atención que necesitamos los mexicanos en España. Sin duda, la actuación de la embajada y suya en particular, en mi caso son totalmente reprobables.

Por otra parte, agradezco infinitamente a las personas que han cubierto estás grandes carencias de forma totalmente altruista, con el único objetivo de defender mis Derechos Humanos. En México, los abogados Raúl Padilla Padilla y César Rincón. Así como a Claudia Murguía Torres, Diputada Local en la LXII Legislatura. Y en España, al Bufete Vargas Asociados, a Francisco Sánchez del Águila Ramón, presidente de AMAYT, Andrés Escribano del Vando, procurador en los tribunales y, David Santo Orcero, perito en informática.

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