Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno, está demostrando en los últimos meses que es la representante en el Ejecutivo de las clases dominantes y opresoras de las clases medias y trabajadoras. Sus políticas económicas, según afirmó ella misma, son continuistas respecto a las que aplicó Luis de Guindos, el actual vicepresidente del BCE. Es decir, que el proyecto de política económica de Calviño no es más que la transposición de las recetas neoliberales y austericidas que tanto daño han hecho a la ciudadanía.

Recordemos algunas de las consecuencias de esa reforma laboral de la que ahora se ha convertido en paladina la ministra de Economía. Es cierto que el empleo se recuperó si nos centramos en los números globales, pero se esconden muchas tragedias resumidas en la elevada precariedad, los abusos a los trabajadores y los salarios por debajo del umbral de la pobreza.

Sin embargo, esos datos tan «positivos» vinieron generados por sectores empresariales caracterizados por la precariedad, la temporalidad y la explotación. Los trabajadores españoles quedaron en una situación de emergencia tal que accedían a cualquier empleo, por el tiempo que fuera y dando las horas que hicieran falta con tal de tener algún tipo de ingreso.

Por otro lado, esos datos positivos que enarbolan las patronales deshumanizadas vienen, prácticamente, de la mano de todos los sectores empresariales relacionados con el turismo, la principal industria de nuestro país, una industria sobre la que es insostenible mantener el mercado laboral por su estacionalidad y por la precariedad del empleo que genera, por no hablar de los constantes casos de fraude laboral o de la explotación a la que se somete a los trabajadores: contratos por horas o contratos con un número de horas inferior a las que realmente se trabajan sin que esas horas extras sean remuneradas. Está claro que la contratación en estos sectores se disparaba durante las épocas vacacionales, pero también es una obviedad que son de empleos que tienen fecha de caducidad, independientemente del tipo de contrato que se firme.

El objetivo de la reforma laboral estaba claro: potenciar un mercado laboral basado en la precariedad con tal de maquillar las cifras de desempleo que les sirvan para evitar las críticas de las instituciones supranacionales que ponían el acento en que los datos macroeconómicos eran buenos pero que estaban lastrados por la alta tasa de desempleo de España, lo que reforzaba la idea de que las reformas del mercado laboral impuestas por el Partido Popular, y ahora defendidas por Nadia Calviño, no servían para generar empleo sino, más bien, para crear un mercado del trabajo similar al de la época de entreguerras.

Todos los sindicatos y los partidos políticos, salvo el PP, Ciudadanos, Vox y la parte socialdemócrata del PSOE, llevan denunciando desde el año 2012 que el empleo que se crea en España es una añagaza, un engaño con el único fin de que las cifras absolutas afirmaran que en nuestro país se crea empleo. El Partido Popular llegó al Gobierno prometiendo empleo para todo el mundo con un programa oculto que luego fue el que aplicaron realmente. Ellos eran los salvadores de España y de los españoles porque ya lo hicieron cuando gobernaron con Aznar. ¿Por qué no lo iban a hacer de nuevo? El problema que se encontraron fue una situación totalmente distinta, una situación de recesión económica global, un sistema bancario ahogado por las deudas contraídas con entidades extranjeras o con el BCE durante la burbuja inmobiliaria y una tendencia de crecimiento del desempleo provocado por la sangría de trabajadores del sector construcción y sectores satélites a ésta. Ya no había construcción para poder crear un crecimiento de la contratación en corto plazo. El PP se encontró con la herencia recibida del monstruo que crearon Aznar y su gobierno desde 1996.

Por otro lado, tenían la presión de Europa para ejecutar recortes en base al cumplimiento del déficit público. Rajoy hizo lo que a nivel de calle se llama bajada de pantalones. Dejó de lado la soberanía y la independencia de España en manos de Alemania y Holanda. Hizo lo que le decían que tenía que hacer porque él y su gobierno no conocían ningún tipo de medida para acabar con el desempleo en España que no fuerael ladrillo. Le pidieron una reforma laboral para rebajar costes y flexibilizar el mercado laboral y la hicieron en base a todas las reivindicaciones de la CEOE y de Cepyme.

Calviño ha defendido una reforma laboral cuya principal consecuencia fue un incremento del paro hasta superar la barrera de los seis millones de desempleados, la creación de un mercado de trabajo basado en la precariedad, la explotación y la situación de semiesclavitud de los trabajadores españoles.

El Partido Popular impuso su Reforma Laboral legalizando el despido libre y la posibilidad de los empresarios de eliminar puestos de trabajo en base a pérdidas futuras, pérdidas que, como se demostró en algunos casos, no perjudicaron a los márgenes de beneficios de empresas que han realizado EREs o ERTEs. Y esto es lo que defiende Nadia Calviño, la ministra de Economía de un gobierno de coalición progresista, una legislación laboral que no da ningún tipo de solución ni aporta medidas para generar empleos de calidad.

Uno de los argumentos que las élites empresariales, a las que defiende Calviño, dan para negar que el empleo que se crea en España esté más próximo al de la Revolución Industrial que al de una sociedad del siglo XXI es que el número de los contratos indefinidos firmados está aumentando. Sin embargo, la precariedad del empleo no viene determinada por la tipología contractual sino por la duración de las jornadas, porque un empleo a media jornada conlleva unas condiciones salariales que hacen imposible al trabajador tener una vida digna.

No obstante, también el hecho del incremento de los contratos indefinidos es una manipulación de la realidad para defender la reforma laboral que ha encontrado a una nueva Juana de Arco en la figura de Nadia Calviño. Los contratos que se firman en España de carácter indefinido no alcanzan el 10% y de ese 10% sólo el 2% son de 40 horas semanales. La excesiva temporalidad, además, se comprueba en que el mercado laboral español necesita de más de 1,5 millones de contratos mensuales.  

Cada día que pasa, el tuit de Ana Patricia Botín va cobrando más sentido y, por ética profesional, a la señora Calviño sólo le queda una salida: dimitir, porque en España los presidentes de Gobierno no suelen cesar a sus ministros o ministras.

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