Bruselas califica como “violación flagrante” el nuevo plan de regadíos de Juanma Moreno en Doñana. En una extensa carta, La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijerha reclamado al gobierno español para que garantice que no se producirán efectos perjudiciales permanentes en los espacios protegidos del Parque Natural por parte de la Junta de Andalucía
Exige que le expliquen antes de un mes “cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío en el entorno de Doñana no producirá efectos perjudiciales para los espacios protegidos del parque de forma duradera”. Una propuesta personal del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que ha vuelto a presentarse como proposición de ley en el Parlamento andaluz.
Estupefacción por el daño a Doñana
La directora general de Medio Ambiente de la Unión Europa recuerda que, en su anterior carta, del 31 de enero de 2022, “ya transmitió a las autoridades españolas su inquietud y estupefacción por el riesgo que una propuesta similar planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, que sigue sin cumplirse.
“La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley, para ser tramitada por el procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana”, manifiesta Fink-Hooijer. La funcionaria europea se refiere a la anterior carta, fechada el 31 de enero de 2022, recordando que ya se transmitió “la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021”.
Cambio climático y regadío es incompatible
Florika Fink-Hooijer demanda que se tenga en la importancia de medidas como “el incremento de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno del parque” e incluso “plantea financiar, a través del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana”.
Recuerda la falta de precipitaciones y al cambio climático. la directora general europea de medio ambiente insta a ejecutar la sentencia del tribunal de Justicia de junio de 2021 para proteger los valores naturales de Doñana y advierte que la aprobación de la proposición de ley del Partido Popular del pasado 3 de marzo, «agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana». Además, añade, que “la sobreexplotación continuada del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca, en especial de los cultivos de regadío”.
“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”, dice el texto de la Comisión Europea.
Juanma Moreno, un Gobierno negacionista
Ante esta nueva advertencia de Europa, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, le “causa bochorno y sonrojo que la amenaza para Doñana provenga precisamente de la administración que debe velar por su protección”. Un gobierno negacionista según la ministra, en la Cadena SER.
¿El fin de Doñana por el PP?
El Grupo Parlamentario Popular registraba el pasado 3 de marzo en el Parlamento de Andalucía, una Proposición de Ley conjunta con la extrema derecha de Vox, sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana. Son: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos integrantes del denominado Condado de Huelva.
La derecha y la extrema derecha vuelven a insistir en su iniciativa, como ya hicieran en enero de 2022. Qué terrenos “que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014, sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como «los espacios agrícolas intersticiales de la zona A y los terrenos no incluidos en las zonas anteriores”.
La precisión de ahora es para apuntar que “estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”.
Juanma Moreno invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. “Que prevé ese trasvase para «garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva. Mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno. Especialmente del Parque de Nacional de Doñana”.
