Moreno Bonilla tendrá que enfrentarse a graves sanciones de Bruselas si decide sacar adelante su plan de reapertura de regadíos ilegales para Doñana. La legalización de más de 1.500 hectáreas de invernaderos ilegales de fresas, tal como pretende Moreno Bonilla, supone aumentar la presión en una zona donde la sequía extrema, el robo constante de agua con pozos ilegales y la macrourbanización de Matalascañas han hundido el acuífero a niveles nunca vistos. Y Europa ha movido ficha.
El pasado mes de marzo, la Comisión Europea dio un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.
En una carta, de la que informó Europa Press, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».
Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de marzo para poder cumplir la sentencia.
La carta recuerda que «el Tribunal declaró que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobre explotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico, lo que constituye a su vez la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural de Doñana».
Expediente Sancionador
Un año después de la sentencia, la Comisión inició un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la misma, que obliga a la UE a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana, razón por la que ya reclamó una multa que aún está pendiente de resolución.
«La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío».
Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador, pero advierten de que si sale adelante la ley promovida por el partido que sustenta al Gobierno andaluz para regularizar los regadíos se produciría una «flagrante violación» de la primera sentencia condenatoria.
Que esperan los miles de personas que viven en Andalucía para echarse a la calle para protestar contra la decisión del Presidente.