La República de Catalunya dará sus primeros pasos teniendo en su contra a los “tres poderes” (inseparables) del Reino de España, no cabe ninguna duda.
La transición a un estado plenamente funcional se prevé altamente compleja. Aun siendo los reconocimientos internacionales y la plena adhesión ciudadana los escollos más urgentes a solucionar en la actualidad, hay otras vicisitudes que se plantean aún más complejas: el sistema tributario y la administración pública.
Desengañemonos. Salvo milagros y giros argumentales sospechosos de deus ex machina, no va a existir ningún traspaso mágico de jurisdicciones; no vamos a amanecer un buen día soleado con la República plenamente efectiva, con apretones de manos en el balcón de la Generalitat en todas las televisiones y el Cant dels Segadors sonando en todas las plazas. Esta ineludible realidad nos empuja a encontrar nuevos métodos alternativos para desplegar la República en paralelo, que deberá coexistir, al menos temporalmente, con la administración pública del Reino de España. Y no cabe duda que deberá de ser preeminentemente digital. Llamémosle Blockchain: la República en la Red.
Antes de abordar el detalle de las posibles soluciones, tratemos de entender en qué consiste exactamente la apasionante tecnología blockchain. En esencia, un blockchain es un dietario digital. Anotamos cosas en una página y pasamos a la siguiente. En su conjunto, contiene un registro de toda una historia de forma cronológica, al que solamente podemos añadir páginas nuevas. Un diario tradicional tiene precisamente la desventaja de que puede ser leído por terceros, sustraído, falsificado, destruido, pueden ser alterados sus contenidos, etc. Aunque sepamos que su integridad ha sido violada, no podemos recuperar o verificar lo que contenía antes.Afortunadamente, la tecnología blockchain cuenta con dos peculiares mecanismos que lo protegen de estos inconvenientes:
- Cada «página» contiene una huella infalsificable de la página anterior y de la siguiente. No recoge una copia exacta de esas páginas, pero quien posea la información de una página cualquiera puede validar su autenticidad usando las huellas de la página anterior y posterior. Cambiar una página del pasado requiere también modificar las huellas correspondientes a las páginas anterior y siguiente. Tarea altamente costosa, dado que esas huellas a su vez repercuten en las páginas que hay más allá, haciendo necesario modificar todas las páginas del diario para alterar, eliminar o censurar solamente una de ellas.
- Consenso. En lugar de tener un solo diario guardado en una caja fuerte como oro en paño, todos los usuarios de ese blockchain tienen una copia actualizada. En sus móviles, ordenadores, o cualquier dispositivo conectado a la red. De nada sirve acceder a un diario con malas intenciones y falsificarlo de cabo a rabo: las copias que residen en las memorias de miles de dispositivos rápidamente identificarán ese diario como inválido y lo rechazarán. Toda la labor dedicada por el vándalo habrá sido inútil. Dichas copias distribuidas tampoco necesitan ser íntegras, ni tan siquiera contener la información propiamente dicha. Sólo con la relación de huellas es suficiente para conseguir la validación por consenso.
Actualmente, la utilidad más extendida de la tecnología blockchain es el registro de transferencias de criptomonedas, como el bitcoin. Sin la necesidad de bancos ni intermediarios, conociendo el número de cuenta de destino, usted o cualquiera puede hacer un ingreso añadiendo una página al blockchain en el que consten los detalles de la operación. Gracias al blockchain, ese bitcoin transferido ya no puede ser reutilizado más que por su nuevo propietario, a pesar de que cualquiera podría tener una copia exacta de esa moneda. En el fondo, una aplicación de blockchain actúa como un registro de la propiedad digital. Anónimo, indescifrable y distribuido.
La primera aplicación obvia que tiene esta tecnología en una República paralela es, efectivamente, una divisa propia. En esta fase previa de construcción de la República, Cataluña seguirá regida por el Banco de España, que a su vez depende del Banco Central Europeo y este último es el único con potestad para imprimir moneda. Pero los estados miembros tienen atribuciones propias, como la capacidad de emitir deuda (en el caso de España, facultad recientemente retirada a las comunidades autónomas). De este modo, una criptomoneda catalana podría solucionar ambos problemas: proveer de una divisa para su libre uso en entornos públicos y privados, así como una obligación de pago para inversores internacionales. Las criptomonedas son famosas por su valor fluctuante, y por ello se ha popularizado su inversión en un nuevo tipo de mercado de divisa desregularizado y de volatilidad extrema. Sin embargo, una criptodivisa también puede diseñarse para poder ser emitida solamente por una entidad que garantice su cambio frente a divisas tradicionales y de esta manera generar confianza en su uso. Existen ya algunas iniciativas privadas como Diner, Croat y público-privadas como el Rec del Ayuntamiento de Barcelona y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A pesar de esto, como se podrán imaginar, los catalanes difícilmente van a querer adoptar la doble imposición, pagando los mismos impuestos a España y a Cataluña, como por ejemplo la renta. Y mucho menos, comprar criptomoneda catalana por el simple lujo de tenerla. Aquí radica el segundo mecanismo necesario para que este sistema sea útil: la adquisición de criptomoneda debe desgravar en la Hacienda española.
El método es muy sencillo: el emisor de dicha moneda debe ser una suerte de ONG. Si en lugar de comprar criptomoneda catalana, hacemos donativos a cambio de unos servicios a la comunidad tenemos derecho a deducciones muy importantes en nuestra declaración de la renta en España, así como en la de sociedades. Este método no solamente es legal, sino que está protegido con mucho mimo por grandes empresas que lo utilizan como método de “optimización fiscal”. El Corte Inglés, por poner un ejemplo de sobras conocido, pertenece a una fundación con el objetivo de pagar unos impuestos mínimos a los beneficios. ¿Creen que España cambiaría una sola coma de una ley que pudiera afectar a poderosos magnates? Pues la República puede aprovecharse exactamente de que, si algo hay sagrado en España, es precisamente la protección de las grandes fortunas facilitandoles la evasión fiscal.
La transición a este sistema es sencilla. De hecho, ya existe la Agència Tributària Catalana (ATC). Solamente tendría que prestar este nuevo servicio y empezar a recaudar a cambio de prestar servicios públicos. Llámenlo impuestos, llámenlo donativos. Cabe apuntar que la ATC ya permite a día de hoy hacer de intermediaria para el pago de tributos estatales. Esto pone de los nervios a la Moncloa, pero es perfectamente legal. La administración catalana, bajo la legislación española, no puede quedarse con esos impuestos, pero el hecho de que un día determinado lo haga preocupa, y mucho, si aumenta significativamente el número de ciudadanos que utilicen este método.
Una vez analizado el posible mecanismo de financiación tributaria de la República, el siguiente paso es el de la administración pública. La columna vertebral de cualquier servicio público es el registro, el censo. Sin ellos ninguna administración puede garantizar un estado del bienestar a sus ciudadanos, ni garantizar el acceso al mercado a las empresas. No obstante, si mañana la República de Cataluña inaugurara en el centro de Barcelona el Registro Civil Catalán, no les quepa duda de que sería inmediatamente invadido por policías y a sus funcionarios no se les permitiría trabajar, eso si no salen esposados con destino a alguna cárcel allende el Meridiano cero.
De nuevo, blockchain puede ser una solución a este problema. Un blockchain a modo de censo de ciudadanos o de empresas, imposible de bloquear o anular. No existe en un lugar físico. Es más, puede tener copias de consenso muy lejos de la posible influencia de las autoridades españolas. Todo ello, además, de forma completamente criptográfica: si alguien consigue robar un blockchain, le resultará imposible descifrar sus contenidos, manteniendo a salvo la información personal o empresarial.
Un DNI electrónico no necesitaría ser validado por una entidad estatal; el blockchain se encarga de su verificación. Aunque todos los funcionarios fueran cesados, el DNI catalán seguiría siendo válido. Un extravío podría ser registrado en segundos desde el sofá invalidando ese documento de inmediato a quien tratare de utilizarlo para suplantar su identidad. Crear una empresa solamente conllevaría el pago de una tasa: un blockchain puede hacer simultáneamente de notario (validando que efectivamente la empresa quedó constituída y por quiénes) y de registro mercantil (constatando que la sociedad esté inscrita, legalizada y activa en una modalidad determinada). Nacimientos, defunciones, uniones y separaciones civiles, altas y bajas de la Seguridad Social… todo ello puede ser recogido mediante un blockchain, de forma inviolable, indestructible y secreta. Solamente el DNI de la persona podría desbloquear sus datos, total o parcialmente, para que nadie pudiera identificarle y evitar que su información caiga en malas manos.
Desde luego, tal despliegue tecnológico requiere de un equipo de expertos altamente cualificados que diseñe, prototipe y distribuya los aplicativos electrónicos que lo van a permitir. No se nos escapa tampoco que existe una importante brecha digital y generacional que puede ser un obstáculo y que va a requerir un cuerpo funcionarial específico para ayudar a aquellas personas con menor competencia tecnológica. Una suerte de gestores de la administración digital que les ayuden a hacer todo tipo de gestiones. Una entidad que dependa de “donativos solidarios” puede proporcionar estos servicios a la sociedad sin ningún coste adicional para el usuario…
Esta Fundación es la República del mañana: una administración digital en manos de todos los ciudadanos, descentralizada, paralela y segura, capaz de recaudar y dar servicios a todos los catalanes y catalanas, así como a sus empresas; que podría empezar a funcionar mañana mismo. Y sin cambiar ni una sola ley.
