El blanqueo de capitales o lavado de dinero (también conocido como “lavado de capitales”, “lavado de activos”, “blanqueo de dinero” u operaciones con recursos de procedencia ilícita para aparentar legitimación de capitales) es una de las operaciones menos pacíficas en su interpretación legal e intervención judicial. No se trata aquí de definir nada con una precisión que la jurisprudencia no tiene, sino de enfocar e ilustrar el blanqueo de capitales en ciertas universidades privadas.

Por una parte, las más prestigiosas universidades del mundo, como Oxford, Harvard, o el Massachussetts Institute of Technology MIT, son grandes inversores en múltiples negocios rentables, y por otra, “Trump University” y grandes fraudes en países iberoamericanos sirven como lavadoras de los más oscuros capitales a la vista de autoridades, especialmente las fiscales, que incluso participan en cursos y actos extremadamente corruptelosos. Mencionar cualquiera de esos centros mediocres, indignos de emitir títulos universitarios, puede suponer tener que afrontar querellas, demandas o inimaginables represalias, porque la experiencia demuestra que gestionan su reputación con una agresividad desproporcionada, pues dependen por completo de su falsa imagen.

Las autoridades académicas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación y en España el Ministerio de Educación, al igual que sus equivalentes iberoamericanos, conocen perfectamente las claves del negocio universitario privado, y sus descarados fraudes, pero sus responsables políticos silencian denuncias e impiden su inspección eficaz siendo escasas las resoluciones administrativas sancionadoras.

Actualmente, en España hay 35 universidades privadas registradas en el Registro de Universidades, cuyos capitales tienen las más diversas procedencias pero en muchas de esas 35 universidades, la opacidad de su capital es casi total. No existe ningún estudio mínimamente riguroso de tales capitales, pero en algunos países como es el singular caso de Chile, sí que se publican noticias críticas sobre los capitales universitarios considerando que las universidades, aunque sean completamente privadas, no deben tener ánimo de lucro. En España hay presunto fraude fiscal en el negocio universitario blindado por un entramado de intereses muy complejo, que nunca ha investigado los orígenes de los capitales universitarios.

¿Cómo se estudian esos capitales, y en su caso, su blanqueo?

Sería una imperdonable ingenuidad cualquier planteamiento miope y simple. Los registros públicos, la identificación de administradores y el análisis de la complejidad mercantil de las sociedades propietarias de universidades privadas en España no ofrecen datos relevantes pero en ciertos casos dan una idea del volumen del capital universitario, como la Universidad a Distancia de Madrid S.A.  y la Universidad Europea de Madrid 

El posicionamiento de las universidades privadas en el buscador Google y su actividad en Twitter abrió nuevos escenarios en los que la peor propaganda y la censura van mucho más allá de los recursos propios de las sociedades mercantiles. Tanto Google como Twitter dan un trato doblemente preferente a ciertas universidades muy activas en la red, de manera que con pocas inversiones publicitarias despliegan campañas abrumadoras, y lo que es peor, silencian las críticas. Los anuncios Adwords de Google y los Tweets patrocinados en Twitter son mucho más elocuentes para quienes conocen el negocio de la gestión reputacional, que el “modelo 347” de la Agencia Tributaria.

Ni los periodistas, ni Google ni Twitter son inocentes en su relación con las peores universidades privadas, pero son menos inocentes aún los inspectores de Hacienda o de Trabajo que son muy bien remunerados por quienes debieran ser rigurosamente inspeccionados. Algunos casos son tan escandalosos que parecen secretos a voces en conspiraciones de silencio dignas de un estudio mafiológico en los cuerpos de élite y altos cargos de la Administración española. Y no es una exageración.

Las noticias sobre movimientos de capitales en universidades privadas son muy escasas y nada precisas, ni están actualizadas. No hay ningún periodista que parezca seguir al sector y las publicaciones que se supone que están especializadas hacen publirreportajes incompatibles con el periodismo mínimamente riguroso. Salvo pocas excepciones, lo que se publica es complaciente y nada informativo sobre los presuntos blanqueos de capitales en universidades privadas iberoamericanas.

Los “delitos de quienes investigan delitos” y las “faltas de quienes deberían sancionar las faltas” son siempre muy difíciles de investigar. Ninguna universidad privada carece de contactos y benefactores capaces de represaliar a quien informa verazmente de hechos relevantes de interés público.

Si algo debiera caracterizar a la Universidad con mayúscula, es la crítica y más aún la autocrítica, pero lo cierto es que las universidades privadas inundan de propaganda y ejercen eficazmente la censura.

Los pocos que se atreven a denunciar desde dentro, como arrepentidos de haber sido responsables, o cómplices, o cooperadores necesarios, o beneficiados a título lucrativo, denuncian sin documentos relevantes, y su testimonio no es firme. La cifra negra de delitos universitarios es indecente, por corrupción pública y por blanqueo de capitales privados.

Una propuesta de investigación “metauniversitaria”. Investigando a quienes se supone que investigan, pero blanquean capitales

La calidad de la información financiera de las universidades privadas es manifiestamente mejorable. La identificación de sus responsables reales resulta difícil mediante periodismo de precisión, pero relativamente fácil mediante periodismo de investigación porque los archivos y registros esconden la identidad de sus auténticos dueños y la procedencia de sus capitales. La transparencia en las universidades privadas brilla por su ausencia, en casi todo el mundo, quizá con alguna excepción en países escandinavos, o en Harvard, Oxford o el MIT, pero junto a esos modelos se producen fenómenos como la “Trump University” y descarados fraudes universitarios en todos los países. En España y buena parte de Iberoamérica la opacidad oculta corrupción al más alto nivel en las relaciones de las universidades privadas con el poder político.

Actualmente, investigamos casos extremos de fraudes en todo tipo de universidades, desde tesis doctorales descaradamente plagiadas, hasta corrupción de funcionarios públicos, especialmente fiscales y jueces, por su dependencia económica personal y tráfico de influencias desde las más mafiosas organizaciones que controlan los capitales de ciertos centros de formación universitaria. Además de la criminalística forense y la criminología más multidisciplinar necesaria para comprender la compleja corrupción universitaria, debe recordarse la historia de “El rey desnudo” o “El traje nuevo del emperador” para tener siempre una cierta duda metódica e inquietudes “metauniversitarias”, porque  «No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad».

(¿continuará?  estamos buscando patrocinios y fuentes solventes, capaces de documentarlo rigurosamente y testificar eficazmente)

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