Banco Santander y la blanca llama de la Justicia a la carta

Tal y como publicamos en días anteriores en Diario16, los diferentes escándalos del Santander podrían sumar una cantidad superior a los 110.000 millones de euros, es decir, un 10% del PIB de España. Esto no hubiera sido posible sin la actuación de los tribunales y de ciertos jueces y juezas.

En una denuncia interpuesta ante la Comisión Europea por un abogado se puso como ejemplo de la presunta corrupción judicial sistémica que hay en España todos los casos, causas, demandas, procedimientos o querellas en las que el Banco Santander se ha visto favorecido por las decisiones judiciales, incluso creando doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que los miembros de la familia Botín, altos directivos, consejeros o la propia entidad cántabra fuera condenada.

Uno de los elementos que fundamentan esta ejemplificación del Santander en la denuncia por corrupción judicial se halla en la impunidad que parece tener el banco presidido por Ana Patricia Botín: las cesiones de crédito y la doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón Real coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, el escándalo de BANIF Inmobiliario, los 7.000 millones de euros de Valores Santander y el diferente trato que se dio a dicho producto tóxico del Banco Santander respecto a las preferentes de Bankia, judicial y mediáticamente.

En referencia a la presunta estafa de Valores Santander nos encontramos con el caso de la jueza Blanca Rosa Bartolomé Collado, titular del Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid, quien, según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, ha desestimado todas las demandas interpuestas contra el Santander por ahorradores que invirtieron en dicho producto. Un 100% de efectividad a favor del banco presidido por Ana Patricia Botín.

Pese a la complejidad de los Valores Santander, a los requisitos de información exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid y las sanciones de la CNMV, la jueza Blanca Rosa Bartolomé Collado, haciendo caso omiso de todo ello, ha desestimado sistemáticamente, conforme a lo que refleja la base de datos del CGPJ, todas las demandas que ha conocido interpuestas por clientes que demandaron al Santander por la compra de esas obligaciones convertibles en acciones conocidas como Valores Santander.

Dicha magistrada ha llegado a desestimar demandas de una mujer de 79 años sin estudios y dedicada al cuidado de su casa y familia y su cónyuge, fallecido en enero de 2008, jornalero y sin estudios específicos que tenían depositados sus ahorros en el Santander desde hacía más de 40 años, que no tenían, por lo tanto, experiencia inversora en productos complejos y de riesgo, ni se le había dado información suficiente para conocer la complejidad, el funcionamiento y el riesgo de los Valores Santander en los que invirtieron 500.000 euros que procedían de la venta de un terreno. En otros casos ha rechazado las demandas de inversores que habían solicitado un préstamo de 600.000 euros inducidos presuntamente por la entidad.

Para desestimar las demandas y dar la razón al Santander la jueza manifiesta en sus sentencias, en contra de lo establecido por la jurisprudencia y la CNMV, que los Valores Santander no eran un producto complejo y que los clientes habían recibido información suficiente para conocer las características y riesgo de esos Valores Santander y que, además, amas de casa, jornaleros, jubilados de más de 70 años y administrativos sin estudios tenían conocimientos y experiencia inversora suficiente.

En la base de datos de jurisprudencia del CGPJ existen sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid que revocan las dictadas por la jueza Bartolomé Collado y que absolvían al Santander. Específicamente, además de rebatir la decisión de la jueza, condenaron al Santander a devolver 500.000 y 600.000 euros respectivamente a los demandantes. En esta última se hace un estudio pormenorizado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que fue ignorada por la juez Bartolomé Collado.