La pasada fue una semana «horribilis» para Banco Santander, el despacho Uría & Menéndez y, especialmente, para Ana Patricia Botín, que tuvo doble contratiempo judicial: el jueves 9 de diciembre, al tener que declarar en juicio como demandada ante el magistrado Andrés Sánchez Magro del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid y, el viernes 10 de diciembre, al conocer la sentencia del Caso Orcel que condenaba al Santander a pagar al banquero italiano 68 millones de euros.
Parece que la arrogancia que impera en el banco cántabro y en sus asesores internos y externos les traslada a una nueva dimensión en la que creen que todo lo que les viene en gana se hará realidad por su simple designio. Su soberbia les lleva a cometer innumerables y graves errores que tienen a los accionistas hartos de soportar y pagar todas las equivocaciones de su presidenta y sus asesores de cabecera, Uría & Menéndez.
La dimisión de Ana Botín
Un sencillo ejemplo de ese hartazgo de los accionistas, principalmente de los minoritarios, se podía encontrar en los comentarios a las noticias de diversos medios del Caso Orcel en los que los accionistas reclamaban la dimisión de Ana Patricia Botín y que fuese ella la que pagase a Andrea Orcel el importe de la sentencia condenatoria.
Esta decisión judicial ha demostrado que los argumentos de la demanda del banquero italiano, defendida por Álvaro Remón, eran plenamente acertados y que los argumentos de los abogados de Uría que defendían al Santander eran simples fuegos de artificio para ver si, por alguna casualidad, «sonaba la flauta».
Sin embargo, la flauta no sonó y un juez íntegro, Javier Sánchez Beltrán, fue capaz de hacer lo que muy pocos han hecho, condenar al Santander a pagar 68 millones de euros. Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 han manifestado que los argumentos de la sentencia son muy difíciles de revocar pese al recurso de apelación que ya ha anunciado el Santander.
En el banco presidido por Ana Patricia Botín todos eran conscientes de que Orcel había sido contratado y presentado como consejero delegado del banco a «bombo y platillo» con comunicación a los medios, a la CNMV y la aprobación del Consejo de Administración. Por tanto, debían de ser conscientes de que, si se aplicaba la ley, serían condenados.
Sin embargo, algún asesor áulico les debió convencer de que litigasen porque el Santander no pierde ningún pleito que no le interese. Ese asesor áulico bien podría ser, presuntamente, el abogado estrella de Uría, Jesús Remón, que es, según fuentes bien informadas, el que tiene la última palabra en los asuntos judiciales del Santander y, por tanto, el que debería compartir el fracaso con la presidenta del banco y José María Fatás abogado que intervino en el juicio de Orcel en defensa del Santander.
Pero, de cuando en cuando, los designios de los poderosos se encuentran con jueces imparciales, que no obedecen designios superiores y no se pliegan a las presiones y que sentencian con sometimiento exclusivo al ordenamiento jurídico, como les obliga la Constitución. Así ha ocurrido en el caso Orcel.
El juicio por manipulación de la junta de accionistas
El día antes de conocerse la condena por el Caso Orcel, se celebró el juicio contra Ana Patricia Botín y el Banco Santander por la presunta manipulación de la junta de accionistas por la demanda interpuesta contra la entidad y Ana Patricia Botín por el abogado y accionista del Santander Eduardo Martín-Duarte por manipular, según el criterio del demandante, la junta de accionistas aprovechándose de los empleados de las sucursales y de los medios del banco para captar delegaciones en beneficio exclusivo de la señora Botín. Sorprendentemente, ante un juicio con la trascendencia e importancia que podría tener, el único medio que acudió al juzgado fue Diario16.
Un banco sin liderazgo
Según fuentes jurídicas consultadas, en el interrogatorio al que fue sometida la presidenta del Santander ésta mostraría un desconocimiento inconcebible en la máxima figura ejecutiva de la entidad de diferentes aspectos relacionados con el banco, y despejaba balones haciendo responsables de cualquier hecho a los asesores jurídicos del banco. Es de suponer que se refería tanto a su departamento jurídico, comandado por Jaime Pérez Renovales que declaró como testigo, como a los asesores externos de Uría.
Lo que señalan las mismas fuentes es que Ana Patricia Botín parecía querer dejar claro es que ella no tenía culpa de nada pese a ser la única y exclusiva beneficiaria de todas las delegaciones abusivamente captadas por los empleados del banco, según el demandante. Es decir, todo un mal ejemplo de liderazgo demostrado por la presidenta del Santander que, en vez de asumir las culpas como máximo responsable de una entidad como hacen los verdaderos líderes, entrega la responsabilidad a sus subordinados.
Según las fuentes consultadas, la presidenta del Santander al ser preguntada no recordaba si las juntas de accionistas se celebran en segunda convocatoria, cuando la documentación que se remite a los accionistas advierte de ese extremo en cada junta. Tampoco conocía cuál es el quórum necesario, establecido en los estatutos del banco, para la constitución de la junta en segunda convocatoria. Finalmente, manifestó desconocer que para la junta de accionistas se podía votar y delegar por vía telefónica. Todo un dechado de desconocimiento.
Al final va a ser cierto lo que dijo Rodrigo Echenique Gordillo en su declaración en la Audiencia Nacional en el Caso Popular de que «la presidenta está a sus cosas de presidenta» dando a entender que a Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva, le preocupa más aparecer en los programas de televisión de Calleja y en las listas de las revistas Forbes y Fortune, y figurar en los congresos y simposios internacionales junto a verdaderas figuras del mundo de la empresa que el trabajo y día a día del banco.
Fuentes de los accionistas minoritarios consultadas por Diario16 señalan, con verdadera resignación que esa es la más clara muestra del interés y de la importancia que la presidenta del banco le da a la junta de accionistas, que es el acto más importante de cualquier sociedad, y que lo que demuestra es que los accionistas minoritarios hoy en día no pintan nada en las sociedades cotizadas, y que son los grandes fondos los que manejan todos los hilos.
Los fondos tendrían la solución si…
Estas noticias no benefician en nada a los grandes fondos (BlackRock), ni a los bancos depositarios (State Street Bank, BNY Mellon, etc.) ya que se demuestra que son los que manejan las grandes entidades sin importarles las pérdidas de sus accionistas minoritarios que son los que al final siempre pagan la factura, porque todo el tinglado está manejado con antelación.
Los grandes fondos propietarios del Santander no se pueden permitir estos sucesivos escándalos y errores como la sentencia del caso Orcel o la demanda por la manipulación de la junta de accionistas, porque el riesgo reputacional incide inicialmente en Ana Patricia Botín, pero por extensión en aquellos fondos que, teniendo la facultad de cesarla, la mantienen y se aprovechan de las presuntamente abusivas y fraudulentas prácticas que conllevan la manipulación de las juntas.
