Banco Popular y Andrea Orcel: dos muestras cómo la CNMV favorece al Santander

Tal y como hemos referido en multitud de ocasiones en Diario16, la finalidad principal de la resolución del Banco Popular fue el rescate al Santander, un hecho que contó con la connivencia de todo el aparato del Estado, tanto del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —y todos los organismos dependientes de él— como de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La presunta utilización de información privilegiada por las administraciones públicas para la retirada masiva de depósitos el primer día laborable tras el inicio del Proyecto Hipócrates, que está siendo investigada por la Justicia, la no autorización por parte de la Secretaría de Estado del Tesoro del Proyecto Sunrise, la pasividad de la CNMV a la hora de paralizar la cotización tras los ataques indiscriminados de las posiciones bajistas —algo que sí hizo con Liberbank—, la aprobación de la venta del Popular por un euro por el Banco de España un día antes de que fuera resuelto, son algunos de los puntos que muestras esta presunta implicación del Estado en el rescate del Santander.

En días pasados publicamos varios análisis de un documento pericial de más de 1.000 páginas y que no fue rebatido ni impugnado por el Banco Santander en el juzgado ante el que se depósito dicho informe. En ese documento se muestra para qué se utilizó en realidad la ampliación de capital que, supuestamente, estaba destinada a « reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco para dar adecuada cobertura a la adquisición del 100% del capital social del Popular» una vez que fue adquirido por un euro, según se afirmaba en el Hecho Relevante del 3 de julio de 2017. En verdad, esos más de 7.000 millones de euros fueron destinados a otro fin del comunicado a la CNMV y, por tanto, el Santander presuntamente mintió. Albella, como ya ha hecho en otras ocasiones —tuit Ana P. Botín en referencia a DIA o la comunicación sobre la contratación de Andrea Orcel—, ni siquiera ha abierto expediente ni, por supuesto, iniciado una investigación.

son los propios datos del Santander los que demuestran que esos más de 7.000 millones de euros fueron utilizados para otra cosa. El Informe de Auditoría y Cuentas del banco cántabro del ejercicio 2017, sorprende por el hecho de que, a pesar de esa ampliación de capital y de los más de 8.000 millones que declaran de beneficios, el patrimonio neto de la entidad presidida por Ana Patricia Botín sólo se incrementó en 4.134 millones de euros, casi la mitad de los beneficios netos declarados.

La razón de estas cifras, tan sorprendentes desde un punto de vista financiero y contable, es apreciable en la página 25 de dicho Informe de Auditoría donde, en el epígrafe «Otros resultados Globales» hay un cargo de 7.320 millones de los que 7.232 están encuadrados en el apartado «Elementos que pueden reclasificarse en resultados». La partida más importante es la destinada a la conversión de divisas, donde se cargan más de 8.000 millones de euros. Es clave el hecho de que, por otras partidas, el cargo neto sea el anteriormente indicado.

El Santander decidió no transferir esos datos negativos a los resultados del ejercicio 2017 porque, de haberlo hecho, el banco cántabro habría dado sólo 881 millones de beneficio pero que habría sido negativo si sólo se toman las cifras de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Por tanto, los accionistas del Santander habrían tenido pérdidas.

Ante estas evidencias de que los 7.072 millones de euros se utilizaron, según indica el informe pericial, para un fin distinto del comunicado al mercado, la CNMV no ha iniciado, a día de hoy, ningún tipo de investigación o se ha abierto expediente alguno al Santander.

Por otro lado, el caso de Andrea Orcel también es sintomático de la actuación del supervisor de los mercados en favor del Santander. El banco cántabro tampoco dijo la verdad cuando publicó un hecho relevante en la CNMV en el que afirmó que «la decisión adoptada es consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al Sr. Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento», puesto que, según afirma el banquero italiano, tiene en su poder un documento vinculante firmado por ambas partes que tiene en vilo al Santander. Por esta razón, el banco cántabro intentó negociar con Orcel enviando a Jaime Pérez Renovales y Rodrigo Echenique, reuniones en las que, según fuentes consultadas por Diario16, se le llegó a insinuar que no tenía nada que hacer si demandaba al banco en España porque todo lo tenían bajo control. ¿Certificaron Echenique a Orcel lo que es un secreto a voces, que el Santander tiene «bajo control» a los tribunales españoles»?

El señor Pérez Renovales debería ser que, aunque lo parezca, afortunadamente no es así. Resulta evidente que el Santander podrá controlar una parte de la Justicia, pero el secretario del Consejo sabe perfectamente que no la controlan toda. El día que así fuera, la mitad de la ciudadanía se marcharía del país. Además, hay jueces que harán lo posible para que no sea así y somos conscientes de ello. Por tanto, Ni Pérez Renovales ni Echenique deben utilizar el nombre de la Justicia en vano para sus fines personales. Una cosa es la justicia a la que el Santander está acostumbrado, la que controla, pero hay otra que no se deja manejar.

La realidad es que la razón principal, la que arguye Andrea Orcel, los motivos de la marcha atrás del Santander con el nombramiento del banquero italiano es una cuestión de poder, dado que el conocimiento que Orcel tiene de la banca y su prestigio a nivel mundial (prestigio que ha destrozado el banco cántabro) le colocaban en una posición de privilegio para que los principales accionistas de la entidad le concedieran el control ejecutivo del Santander, lo que hubiese dejado a Ana Patricia un papel meramente testimonial o el que realmente le pertenecería por el porcentaje de acciones que posee.

El despido de Orcel no pudo tener una causa económica, como arguyó el Santander, dado que las condiciones salariales del banquero italiano eran muy inferiores a las de Ana Patricia Botín, quien en el año 2018 ganó 12 millones de euros y tiene un fondo de pensiones de 47 millones. A estas cantidades hay que sumarle un seguro de vida que multiplicó por tres el año pasado.

Por tanto, la CNMV tiene ahora sobre la mesa dos asuntos muy espinosos en los que el Santander facilitó al mercado «información errónea», llamémoslo así. ¿Por qué no se ha abierto expediente o iniciado una investigación? Rodrigo Rato dijo en el Congreso de los Diputados: «Es el mercado, amigo». En este caso, Sebastián Albella, para justificar que no se abra esa investigación podría perfectamente afirmar que «es el Santander, amigo». Tal para cual.