Banco Popular: los abogados del Santander ya señalaron en 2012 los beneficios de la resolución

En 2012, dos años antes de que la supervisión de las entidades financieras de la Eurozona pasara a manos del Banco Central Europeo, y unos meses antes de que el Popular ampliara con éxito capital, el despacho de cabecera del Banco Santander publicó en su revista un artículo en el que se indicaba ya que el mejor procedimiento para la resolución de entidades financieras a través del mecanismo único era el que se aplicó con la sexta entidad financiera de España y que terminó con el Popular vendido fuera de plazo por un euro al Santander y con la ruina de más de 1,2 millones de personas.

En dicho artículo, firmado Carolina Albuerne, especialista en procedimientos de resolución bancaria, se indicaba que «las últimas reformas han dado un vuelco a los sistemas de resolución paraconcursales, modernizándolos y estableciendo un marco de resolución ordenada más ajustado a la realidad particular de las entidades de crédito, todo ello con el fin de garantizar la estabilidad financiera y evitar que los costes de las crisis bancarias recaigan exclusivamente en los Estados y, por ende, en el contribuyente. No obstante, y sin restar mérito a estas ambiciosas reformas, no se puede obviar que no dejan de ser únicamente un primer paso —en mi opinión en la dirección correcta, pero un primer paso al fin y al cabo—, y que antes de proclamar su virtualidad será necesario aplicarlos en la práctica, a crisis concretas de entidades, para testar su eficacia real».

En primer lugar, el artículo hace mención al hecho de que el peso de cualquier resolución debe recaer en los accionistas y bonistas para, de este modo, evitar que los costes recaigan en el Estado. Es decir, exactamente lo que ocurrió con el Banco Popular. En segundo término, deja claro que, en el momento en que se escribió dicho artículo, esa situación estaba sólo en el ámbito teórico y que era necesario aplicar esos métodos. El primer banco que fue resuelto en base a las normativas post crisis de 2008 fue el Popular, las mismas normativas que la abogada de Uría ponderaba en dicho artículo como correctas a la hora de afrontar la resolución de una entidad financiera.

Si ya en el año 2012 en el despacho de cabecera del Santander se estaba analizando como positiva la normativa y se apostaba por la misma herramienta de resolución que se aplicó 5 años más tarde con la sexta entidad de España, ¿cómo se podría esperar otra cosa que la que sucedió en junio de 2017 teniendo en cuenta la importancia que el bufete tuvo en el asesoramiento y control de todo el proceso? ¿Tuvo algo que ver esta abogada en dicho proceso?

Artículo de Uría no es fruto de la casualidad o de la imaginación futurista. Se trata de un gran análisis jurídico, no obstante, demasiados apellidos, relaciones directas o indirectas, Botín y Echenique entre otros, coinciden en Santander y el despacho de abogados. ¿Pudiera haber sido un encargo profesional? Nada de extrañar, como tampoco lo es que Rajoy, guiado por Luis de Guindos y las compañías en las que éste desarrolló su labor en el sector privado y éstas con el Santander pudieron organizarle al gobierno del PP de Rajoy los acuerdos del pacto inconfesable con la UE de Merkel y Sarkozy. En definitiva, vendieron España como ya lo hicieron los Borbones a Napoleón. Y, para desgracia de cientos de miles de familias, le tocó al Banco Popular el primero. Sánchez e Iglesias tiene la obligación de frenar esta «flebotomía». No debemos de olvidar los cargos socialistas relevantes  en esa época en la UE que fueron tan cómplices como Rajoy y De Guindos.

Por otro lado, ¿se estaba adelantando en 2012 ya la operación y los beneficios a los que pudiera acceder el Santander con el Popular en el momento oportuno? Si se llegara a demostrar que se dejó maniobrar al sexto banco español, con dos ampliaciones de capital por valor de 5.000 millones, como un modelo de cálculo de rentabilidad para el Santander 5 años antes de su resolución, estaríamos ante el mayor escándalo financiero de la historia, mucho mayor que la estafa de Madoff de la que tanto conocimiento tuvo Ana Patricia Botín. Incluso, se podrían reclamar responsabilidades penales. No hay que olvidar lo publicado en Diario16 de fuentes internas del banco cántabro en la que se indicó que ya en 2014 el Santander estudió la posibilidad de hacerse con la entidad y que el propio Rodrigo Echenique reconoció en el Congreso de los Diputados que el banco cántabro había estudiado al Popular varios años antes.

En Diario16 llevamos años señalando con documentación la importancia que tuvieron los abogados del despacho de cabecera del Santander en todo el proceso de la resolución, principalmente durante la presidencia de Emilio Saracho. Ya indicamos, según se puede comprobar en las facturas emitidas, cómo el presidente que llevó a la sexta entidad financiera a declarar la inviabilidad contrató a ese bufete antes de su nombramiento, cuando aún no disponía de los poderes necesarios para realizar este tipo de contrataciones.

Uría y Menéndez, según indicó en sede judicial Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Popular, controló algo tan importante como la comunicación de la entidad, al reconocer que Saracho prescindió desde su llegada del Departamento de Comunicación del banco que presidía para que las informaciones se sometieran al criterio de un asesor externo: el bufete de abogados de cabecera del Banco Santander. «Desde su llegada, lo que me dijo es, que yo tendría, cualquier asunto o papel o demás que pudiera salir al exterior, eso tenía que pasar por el despacho de Uría».

Por otro lado, las declaraciones de los exconsejeros en la Audiencia Nacional y el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán revelan el papel que el bufete de cabecera del Santander tuvo en la declaración de inviabilidad. El fallecido expresidente de la Bolsa de México indicó en el documento que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el ex consejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF, fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez». Por tanto, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmara que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.