La semana previa a la resolución del Banco Popular se intensificaron los contactos entre el equipo de Emilio Saracho y el despacho de abogados Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander. En estas comunicaciones se mantuvieron conversaciones entre Joaquín Hervada, secretario del Consejo y Juan Miguel Goenechea, socio del bufete desde el año 1990 y experto en derecho bancario, fusiones, adquisiciones y capital riesgo.
En Diario16 hemos tratado, mencionado y analizado el segundo documento remitido por Uría y Menéndez al Popular el día 2 de junio de 2017. Sin embargo, no lo habíamos publicado de manera íntegra. Hoy ha llegado el momento y lo pueden consultar al final del presente artículo.
El documento, tratado como «Estrictamente privado y Confidencial», se titula «Día “R”. Protocolo de Actuación» y en él se indica que el objeto de la nota es recoger «por un lado (i) los efectos inmediatos que una eventual declaración de la resolución tendría sobre el Consejo de Administración y altos directivos de la entidad y, por otro, (ii) el protocolo de actuación a activar por Noya (nombre clave dado para la venta de Banco Popular) en las 24 horas siguientes al momento de que el Single Resolution Board (SRB) comunique la eventual puesta en resolución de la entidad (Día “R”)».
El primer punto del documento se centra en realizar un resumen de las principales indicaciones que el Popular debe realizar el día después de que la entidad fuese resuelta y entregada al Santander por un euro.
Es importante este primer punto, dado que se afirma que dicha resolución se suele aplicar en un viernes o el último día hábil de la semana «salvo que las circunstancias impongan su aplicación en otro momento». Al día siguiente a esta comunicación fue aprobado el calendario de la resolución de Banco Popular en una reunión en la que participaron la JUR, el FROB y el Popular y que fue convocada por la propia Elke König a través de un correo electrónico encriptado enviado el 2 de junio de 2017, sólo unas horas después de que el despacho de cabecera del Santander remitiera el documento «Día-R».
A continuación, se indican los movimientos que el Popular tendría que aplicar para los directivos y miembros del Consejo, dándole mucha importancia a la devolución de los bienes propiedad del banco y, sobre todo, a evitar por todos los medios que tuvieran acceso a la información de la entidad.
«Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar el uso indebido de bienes o información del Banco por parte de los administradores y directores sustituidos. En particular (i) bloquear el acceso a los sistemas del Banco; (ii) cancelar tarjetas a su nombre; (iii) cancelar autorizaciones para acceder a instalaciones o para realizar trámites o gestiones en nombre del Banco; (iv) redirigir sus correos electrónicos a otra dirección», afirma el documento.
También se hace mucho hincapié en el modo de comunicar la decisión interna y externamente y crear «un grupo de comunicación que coordinase la coherencia de los mensajes», coherencia que, presumiblemente, se centrara en la versión que dio Saracho el día 6 y la que comunicó el Santander el día 7 de junio.
Es muy importante recordar que este documento se redacta el día 2 de junio de 2017, cuando aún no se habían recibido las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank y de Barclays, ni las ofertas de compra de WiZink de Värde o de TotalBank por BCI.
En el documento de Uría y Menéndez se afirma claramente que la resolución la adoptará la JUR el viernes por la tarde para «minimizar el impacto en los mercados de valores y para disponer del fin de semana para las primeras medidas de la resolución».
Además, se indica que la medida se comunicará a los gestores del banco «mediante la personación en la sede del banco de las personas a quienes se haya atribuido la gestión del banco como una de las decisiones incluidas en la medida de resolución».
El documento deja muy claro claro que los administradores del Popular «deben ser conscientes de que han perdido instantáneamente toda autoridad, responsabilidad y vinculación con el banco». Es decir, en el momento en que el Santander comprara por un euro al Popular los dueños eran ellos y nadie más. Por eso, tal y como publicamos en Diario16, en la mañana del 7 de junio de 2017, el Edificio Beatriz, sede central del Popular, fue invadido por trabajadores y directivos del banco presidido por Ana Patricia Botín.
A continuación, se pasaba a analizar todo el proceso de sustitución de esos administradores, directivos, altos ejecutivos, etc., dejando muy claro en el final de este punto que «las obligaciones de confidencialidad pervivirán en cualquier caso».
A partir de aquí es cuando se comienzan a dictar las instrucciones: «se recogen a continuación las actuaciones y decisiones a ejecutar inmediatamente después de la resolución de la entidad. La decisión de su ejecución no corresponderá ya a los administradores y altos cargos […] sino a quienes los reemplacen», es decir, a los administradores del Santander.
En primer lugar, se señala que los administradores deberán devolver todos los bienes que sean propiedad del Popular: «teléfono móvil, ordenador portátil, tableta, llevas o tarjetas de acceso, coche de empresa». Y se deja muy claro que «lo recomendable es que se entreguen tan pronto como se conozca la sustitución». Para ello en el documento del bufete de referencia del Santander se señala que «como medida preventiva, sería aconsejable tener hecho previamente un inventario de esos bienes propiedad del banco que puedan estar en posesión de cada uno de los miembros del Consejo de Administración, directores generales y asimilados para asegurarse de que […] se hace entrega de ellos». El escrito señala directamente a todos aquellos que pudieran tener información sensible.
A continuación, se manejan una serie de aspectos por los que esos directivos, ejecutivos, administradores podrían conservar documentación dejando claro que no se podrán utilizar más que para acreditar actuaciones llevadas a cabo en sus funciones. Para nada más. Se cita este apartado porque, tal y como se reconoce, «no existe un criterio legal al respecto».
El siguiente punto se refiere a las medidas preventivas a adoptar para evitar que se utilizara la información interna del banco:
- «bloquear cualquier posibilidad de acceso a los sistemas del banco de forma remota (correo electrónico, intranet, archivos informáticos, aplicaciones, contabilidad, etc.)»;
- «cancelación de todas las tarjetas de crédito que pueda tener a su nombre»;
- «cancelación de cualquier tipo de autorización para el acceso a las instalaciones o para realizar trámtites o gestiones en nombre del banco, bien de manera presencial, bien de manera telemática».
Además, el documento indica taxativamente que hay que adoptar medidas «en relación con los correos electrónicos»:
- «redirigir los correos electrónicos que pudieran ser enviados a otra cuenta de correo electrónico, para no perder comunicaciones que pudieran ser relevantes para la buena marcha del negocio»;
- «activar una respuesta automática con una alternativa de contacto para que el emisor del correo electrónico pueda comunicarse con otra persona para atender a sus necesidades».
Como se puede comprobar, Uría y Menéndez dictó instrucciones muy precisas al Popular sobre cómo actuar para evitar que hubiera una fuga de información o filtraciones que pudieran afectar a la operación.
Plan de Comunicación
El documento muestra también cómo se diseñó un plan de comunicación, tanto interno como externo que «permitiese su ejecución quasi inmediata».
Este plan de comunicación estaba diseñado para utilizar «las funciones naturales de la entidad para aprovechar sinergias y ganar agilidad» con el objetivo de «reducir las potenciales reacciones negativas en el mercado».
Reacciones negativas, ¿para quién? Una vez resuelto, el Popular dejaba de cotizar, por tanto, lo que se pretendía con este plan de comunicación era evitar consecuencias negativas en la cotización del Santander además de asegurar «la continuidad del negocio y la estabilidad entre el personal».
Las declaraciones públicas de los dirigentes del Popular, según el documento, tendrían que estar enfocadas a mantener la confianza, en primer lugar, «haciendo hincapié en que el grupo está suficientemente dotado de recursos líquidos como para cumplir con las demandas del cliente» y, en segundo lugar, «reiterando que van a seguir manteniéndose los servicios sin interrupciones».
Los principios principales sobre los que se debía basar la comunicación el «Día R» también están indicados en el documento.
Posteriormente, Uría y Menéndez incide en la necesidad de que el plan de comunicación se desdoble en dos: uno interno y otro externo. El primero de ellos estaría orientado a transmitir confianza entre los empleados hacia la alta dirección y para desarrollar los protocolos de comunicación para los departamentos que tienen contacto directo con los clientes.
El plan externo tendría como objetivo principal es el control de los «mensajes a transmitir con el fin de minimizar el daño reputacional».
Este documento muestra que el día 2 de junio de 2017 se estaba en la recta final porque no se diseña ni se plantea un plan de comunicación a un banco que aún no había declarado su inviabilidad, a un banco que aún no había tenido una fuga de depósitos de 14.000 millones, a un banco al que llegan ofertas para ampliar capital o para realizar operaciones corporativas de venta.
Documento «Día-R»
No hay palabras para describir la ESTAFA.
Diario 16 lo deja más que claro. Esto no ha ocurrido en ningún pais del mundo.
Esto no pasa ni en Rusia . España is diferent, la CORRUPCIÓN, LA ESTAFA CAMPAN A SUS ANCHAS…. MENUDO ETERCOLERO DE PAIS.
En una lectura rapida
chirria una de las medidas que es claramente ilegal.
«En primer lugar, se señala que los administradores deberán devolver todos los bienes que sean propiedad del Popular: «teléfono móvil, ordenador portátil, tableta»
Se dan cuenta, que es lo primero que les interesa y el punto numero uno ,
cuando no debia de serlo y ademas es ilegal.
ya que los documentos oficiales del popular no estan en estos moviles,
en todo caso aparecerian discursiones sobre asuntos del banco.
todos sabemos ,que al final estos moviles entran dentro del ambito personal de cada administrador y son utilizados para sus conversaciones personales privadas que caerian en manos de los buitres del santander y que toda esta informacion privada puede tener que ver con el banco pero mucho mas con la vida privada de cada administrador y es violada de forma flagrante.
por lo tanto esta informacion puede ser utilizada tambien para coaccionar
chantajear o enterarse de asuntos que no tienen nada que ver con el banco popular ,estrictamente personales e intimos de los administradores y consejeros.
por asuntos mas leves que este empezo el fin politico de pablo Iglesias y fue mucho menos grave que esto y nose demostro totalmente cmo aqui que aparece escrito y no lo pueden negar.
lo puso en primer lugar esta medida, eran mucho mas importantes las otras donde si esta la informacion estricta del banco y oficial.
solo les falto decir en el comunicado comprobar la informacion de los moviles para ver que se puede utilizar para chantajear y reducir la oposicion del consejo y administradores.
habra fotos familiares comuniones, viajes, pero tambien ,fotos con la amante
cuentas de bancos que no son del popular, discursiones ,trapos sucios etc,etc,etc .esa informacion en manos de estos corruptos no se puede permitir
solo se puede violar si un juez lo permite y quien recogeria esos moviles
no serian los buitres del santander sino la policia .
como he dicho el reseteo y preliminares dela tercera guerra mundial empezaron con el robo del popular ,despues criptomonedas ,Brexit,plandemia ,Ucrania
y por ultimo vendra el reseteo y esclavizacion de lahumanidad y disminucion de la poblaciondrastica y de la propiedad privada
una delas caracteristicas de este nuevo orden mundial es que los datos privados de las personas desapareceran ,no podremos esconder nada ,seremos vigilados y esclavizados y es lo que ocurre aqui.
a tomar por culo la ley de protecion de datos .
Eso si no pidas a los dictadores europeos la valoracion de deloitte ni los conratos de las vacunas .
CONSEJEROS ,denuncien cualquier coaccion o chantaje
que hayan sufrido desde el ultimo consejo hasta hoy ,para impedirles hablar
en contra de la resolucion y a favor de los accionista del banco popular que son a los que tienen que defender como es su obligacion.
asi ya saben de donde han sacado toda la mierda estos buitres .
y naturalmente los consejeros del banco popular no sabian nada de la ampliacion de capital del banco y de la venta inminente de wizin y totalbank ,pero los psicopatas de uria y menendez y el santander si lo sabian asi como la retirada de liquidez.
por eso no podian esperar al viernes .
y lo adelantaron todo ,gracias a esto ha habido una cadena de errores en cadena en este robo que les deja el culo al aire a ellos y a Europa.
esta meridianamente claro que todo esto fue una ESTAFA como una catedral a que esta esperando la llamada justicia a que nos muramos todos las en ese informe esto el organigrama para robar el banco popular a sus legítimos propietarios estafa como esta ni en Venezuela malditos sean todos los responsables y ojala lo paguen con el cáncer mas doloroso ellos y sus familias
Malas, llevo unas espiras en este mundo y desde que me quitaron las perrillas de la propina, he podido comprobar que el mundo se basa en hacer daño a los demas, (nadie ayuda por si, si no por la ciscuntancias) y que todo es mentira, y el resto no es verdad.
Como se dice desde la eternidad, exceptuando a SALOMON, que Juez de a tocado y que abogado llevas,
Solución al campo con las bacas que te queden, esto sí, si son sagradas.
Por curiosidad los exdirecitvos y directivos, estaran en el paro, o trabajan desde casa, es un dccir.