Bajo sospecha el procedimiento de regularización fiscal del rey emérito

Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, ha revelado que desde el año 2017 “había indicios” suficientes para que se hubiera abierto un procedimiento de inspección contra el rey emérito, una actuación administrativa que habría paralizado la regularización exprés que el monarca ha formalizado estos días como paso previo a su regreso a España estas Navidades. Por tanto, si desde 2017 había material probatorio suficiente para indagar en el patrimonio de Juan Carlos I, ¿por qué no se instó una investigación con todas las de la ley? El asunto es de la mayor trascendencia −tres años en un procedimiento administrativo sancionador es tiempo más que suficiente para tomar medidas contra un contribuyente díscolo−, de modo que estamos hablando de que alguien en las altas esferas pudo haber metido el ‘expediente Borbón’ en un cajón a la espera de ver cómo evolucionaban los acontecimientos políticos en nuestro país. Lo cual nos lleva a pensar que no se trata ya de que el emérito esté en apuros legales, sino que habrá que depurar también las responsabilidades oportunas si es cierto que algún funcionario no hizo su trabajo como exige el ordenamiento jurídico tributario.

Todo lo que rodea al asunto de las cuentas del monarca abdicado despide un tufillo ciertamente sospechoso. A última hora de ayer trascendió por las agencias de noticias que el pasado mes de noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo llegó a notificar formalmente a los abogados del rey emérito que se habían abierto diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. Es decir, Juan Carlos sabe desde hace al menos un mes que estaba en marcha un procedimiento tributario contra él pero paradójicamente, y hasta donde se sabe, no se le notificó la obligación de comparecer ante la Agencia Tributaria con toda la documentación necesaria para ajustar cuentas con Hacienda, como suele hacerse en estos casos. En resumen, hubo un primer aviso (como en las corridas de toros) pero no citación formal o emplazamiento, un procedimiento cuanto menos atípico, según advierten expertos en Derecho tributario.

Antón Losada, periodista y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha explicado hoy mismo en la Cadena Ser que en toda su vida ha visto nada igual ni un procedimiento tan condescendiente con un contribuyente bajo sospecha. “La Fiscalía está reinventando las normas”, asegura el famoso tertuliano. Lo normal cuando se detecta un posible fraude es que se le notifique que ha sido “cazado” en el renuncio y se le emplace de inmediato para ponerse al día, tal como establece la ley de procedimiento tributario. Nada de eso se ha hecho en el caso del rey emérito, lo cual alimenta todavía más la sombra de sospecha de que ha podido haber trato de favor, tolerancia o vista gorda.

Por si fuera poco, cabe plantearse si la notificación, contacto informal o aviso de Fiscalía debería haber paralizado la “regularización exprés” puesta en marcha a toda prisa por el emérito, un gesto a la desesperada que lo libra de momento de ser llevado ante los tribunales para responder de delitos fiscales aunque no de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de la procedencia de unos fondos desconocidos que, según ha publicado la prensa estos días, han servido para nutrir las tarjetas black de Zarzuela de las que presuntamente se beneficiaban no solo el emérito, sino sus hijas las infantas y algunos de sus nietos. Está fuera de dudas que Hacienda tiene la obligación de llegar hasta el final en el origen de ese dinero e indagar no solo en las transferencias del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sino en la participación del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, investigado como presunto testaferro del rey emérito.

Conviene tener en cuenta que, según las leyes tributarias de este país, si a lo largo de la investigación se destaparan más fondos opacos sin declarar al fisco la “regularización exprés” acometida por Juan Carlos I quedaría inmediatamente anulada. En efecto, el artículo 305.4 del Código Penal establece expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda, “antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Por tanto, si con el paso del tiempo se descubre que hay más dinero oculto en paraísos fiscales la regularización quedará sin efecto. Resulta importante no perder de vista esa coletilla que considera regularizada la situación tributaria si se paga la deuda “antes” de que por la Administración Tributaria “se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización”. Ahí es donde radica la clave del asunto, en si la regularización o puesta al día se ha ajustado a derecho.

A medida que avanza el escándalo, la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Los últimos datos sobre el caso de las tarjetas Royal Black están siendo examinados por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, que tendrá que pronunciarse sobre la validez de la regularización fiscal del monarca. De momento, Juan Carlos ha abonado algo más de 678.000 euros como cuota defraudada en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018. Mientras tanto, Unidas Podemos ha pedido una Comisión de Investigación. La formación morada considera que en este caso la Cámara Baja no tendrá excusa para archivar la petición, ya que los hechos son posteriores a la abdicación del emérito en 2014 y por tanto ha quedado sin efecto la inviolabilidad consagrada en la Constitución.

De ahí que ahora la Fiscalía esté en la tesitura de tener que revisar cómo se ha llevado a cabo todo este procedimiento y si da por buena una regularización fiscal que se ha hecho de aquella manera. Todo lo cual sin perder de vista que a fecha de hoy todavía se desconoce la cantidad efectivamente defraudada por el emérito en concepto de donaciones no declaradas. Las estimaciones apuntan a cantidades entre 800.000 y 1,2 millones de euros. Pero, una vez, la falta de transparencia del ex jefe de Estado sigue siendo total.