El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso pago a las residencias privadas por plazas vacías durante estado de alarma, más de 20 millones de euros.
Mientras la Consejería de Políticas Sociales pagaba por plazas vacías, en la Comunidad de Madrid hay 4.354 mayores en lista de espera para conseguir una en uno de estos centros.
Desde el inicio de la crisis del COVID-19, según ha publicado La SER, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso “dio orden de no aceptar nuevas altas en las residencias, tanto públicas, como concertadas, por motivos de seguridad”. Esa decisión se mantuvo hasta el pasado 22 de junio – cuando expiró el Estado de Alarma, que se había decretado en 14 de marzo-.
Desde que comenzó la pandemia, en las 710 residencias de la Comunidad de Madrid suman 5.984 fallecidos con coronavirus o sintomatología. De ese total, 1.253 muertes corresponden a casos confirmados mediante PCR y 4.734 a casos con síntomas compatibles, según el informe distribuido el pasado 26 de junio, último del que se tiene noticia.
Hasta el 16 de ese mismo mes, la Comunidad había intervenido 14 residencias por “un incremento no esperado de fallecimientos”. Esta información no ha vuelto a actualizarse figurando en blanco en el informe de la Consejería de Asuntos Sociales. Por su parte, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) realizó 1.751 contrataciones de refuerzo en 25 residencias de la comunidad desde el 9 de marzo hasta el 1 de junio de 2020, según recoge una respuesta a una petición de información de Más Madrid.
Ninguna de esas plazas pagadas se cubrió, porque no se podía, pero el Gobierno madrileño pagó por ellas a las empresas que gestionan esas residencias, según se acredita en las facturas.
El importe total de esas facturas asciende a casi 28 millones de euros, según un cálculo aproximado tomando como referencia los 56 euros por plaza/día que se cerró con la patronal de las residencias.
Ese Acuerdo Marco firmado en 2016 obliga a la administración a pagar a las residencias privadas-concertadas por la ausencia de los residentes siempre y cuando «no se superan los 45 días”, un plazo que quedó más que sobrepasado en estos meses de pandemia, pero que con un estado de alarma no corre fecha.
Error de gestión
El portavoz del PSOE de Madrid, José Cepeda, ha señalado que “hace décadas que el PP han hecho de nuestros mayores un modelo de negocio. Regalar dinero público a las empresas que han gestionado así esta crisis es una VERGÜENZA. Madrid no merece este DESGOBIERNO de Ayuso e Ignacio Aguado”
Desde la Consejería que dirige Alberto Reyero señala que se pagó para “garantizaba el mantenimiento de todas plantillas que trabajaban en las residencias, ya de por sí muy mermadas durante aquellos meses”, a pesar de no tener obligación de abonarlas con el dinero de todos los madrileños y madrileñas.
Mónica García de Más Madrid el “El modelo es el siguiente: –Privatizas a la baja las residencias de mayores con empresas que se lucran a cambio de precarizar los cuidados. –Venden sus activos a fondos buitre -Las rescatas con dinero público no sea que, además, dejen de dar el servicio”.
La patronal agradece el gesto: «Se evitaron ERTES»
Desde la patronal de las residencias y sin ningún pudor “valoran muy positivamente el pago del consejero de Ciudadanos, “gracias a este tipo de medidas ha sido posible mantener el nivel de cuidados de todos los centros residenciales y que haya una rotación necesaria en las plantillas, sin tener que realizar ningún ERTE, y que hayamos podido ofrecer la atención que merecen todos los mayores en los centros de España”, ha señalado el secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y Residencias para Mayores, Jesús Cubero.
Algo que la oposición considera indignante. Para Puri Causapié “Lo que si garantizaron Ayuso y Aguado es que las empresas cobren. Lo que no garantizaron fue atención sanitaria a personas mayores.
