Isabel Díaz Ayuso se ha rebelado contra el proyecto de ley de Pedro Sánchez que pretende armonizar la fiscalidad y las cuentas públicas en todas las comunidades autónomas por un simple principio de equidad y justicia redistributiva. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado hoy al Ejecutivo central de “atacar” la autonomía de la región al tratar de imponer una “subida indiscriminada” de impuestos “anacrónicos y olvidados” como Patrimonio y Sucesiones. Sin duda, detrás de las palabras de Ayuso hay, claro está, un intento por defender los intereses de la patronal y la gran banca, que es a quien en realidad representa la líder del Partido Popular madrileño.

Que Ayuso tiene un plan en connivencia con los grandes poderes financieros y empresarios de la Comunidad de Madrid para convertir la capital de España en algo así como un floreciente paraíso fiscal, a la manera de Andorra o Luxemburgo, lo demuestran las recientes declaraciones de algunos líderes de la patronal. “Madrid ha ejercido una buena gestión fiscal que ha permitido reducir algunos de los impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones o el tramo autonómico del IRPF y, al mismo tiempo, sin perjudicar los servicios públicos, ya que se han abierto más hospitales que en ningún sitio”, aseguró no hace mucho Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid.

En la actualidad, Madrid se beneficia de una bonificación del 99% de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, y mantiene el tramo máximo del IRPF al 43,5% (mientras que en Cataluña, Asturias o Valencia se sitúa al 48%). Esta situación de privilegio ha convertido a la comunidad autónoma madrileña en un “territorio dumping”, es decir, un espacio jurídico-tributario caracterizado por la competencia desleal donde las empresas domiciliadas allí pueden vender mejor sus mercancías merced a exenciones fiscales ventajosas, eliminando la competencia y adueñándose del mercado.

En el fondo, Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid como si dirigiera una empresa privada, buscando las triquiñuelas y argucias legales para pagar menos impuestos cuando en realidad debería ser al revés, ya que todo político debería velar por una sociedad más justa y que funcione mejor gracias al pago de impuestos para mantener los servicios públicos esenciales. Lamentablemente, Ayuso no es una gestora de eso que hoy todavía llamamos Estado de Bienestar, sino una bróker del gran capital. Por eso no le gusta la reforma que prepara Pedro Sánchez y que según la ministra María Jesús Montero incluirá una armonización fiscal para “atenuar situaciones de dumping” entre autonomías. Y por eso le incomoda que la reforma tributaria del Gobierno de coalición prevea un impacto fiscal de 5.900 millones de euros para las arcas públicas. Evidentemente, todo ese dinero que redundará en Educación, en pensiones y en Sanidad se sacará a costa de que las grandes empresas y fortunas, incluidas las madrileñas, paguen más. De ahí que Ayuso se haya enfundado ya el uniforme de “indepe fiscal”, de rebelde o CDR tributaria, y haya declarado la guerra a Sánchez. Esta misma mañana ha dejado clara su intención momentos antes de asistir a un desayuno informativo con el propio Garrido. Ayuso ha denunciado que es “gravísimo” que mientras el Gobierno central vaya “a dar la Seguridad Social al País Vasco y vaya a romper la igualdad entre todos los españoles”, pretenda también hacer “una subida de impuestos a todos los madrileños”, sobre todo con dos tributos que estaban “en el olvido” y son “anacrónicos” como Patrimonio y Sucesiones.

“Eso implica que cuando una familia herede una vivienda que es suya en propiedad, va a tener que pagar impuestos”, ha afeado la presidenta de la Comunidad de Madrid para añadir que se han dado situaciones de personas que “no han podido heredar” por falta de recursos para pagar las tasas e impuestos. Evidentemente, Ayuso falta a la verdad cuando se refiere al traspaso de competencias a Euskadi, ya que el Gobierno vasco solo se hará cargo de la recaudación, es decir, de la gestión de la Seguridad Social. La caja única de las pensiones seguirá siendo estatal y ahí el Ejecutivo de Vitoria no tendrá ningún margen de actuación. Como también miente Ayuso cuando dice que no ha llamado “paletos” a los ciudadanos leoneses por querer independizarse de Castilla. En realidad, lo que demuestra la lideresa es que es una gran centralista autonómica, o sea, todo para Madrid sin tener en cuenta a las demás comunidades vecinas. Así es la reina del “dumping”. Una patriota de salón a la que se le llena la boca de españolismo pero que con sus políticas insolidarias promueve el desequilibrio y la desigualdad entre las diferentes comunidades del país. A buen seguro su insumisión fiscal algún día terminará en los tribunales. Porque, aunque ella no lo crea, va contra el espíritu mismo de la Constitución.

1 Comentario

  1. Yo lo veo de otra forma señor Antequera, creo que no hay una competencia desleal en Madrid. Por qué las demás comunidades autónomas no imitan a Madrid, me parece que el ejemplo de las comunidades que gravan esos impuestos no es para seguir, o es que a usted le parece bien que la administración andaluza realizará estos años atrás un acopio de propiedades debido a la renuncia a las herencias por imposibilidad de pagar el tributo. Eso es una competencia desleal o es un robo lo que pretende el gobierno. Mire usted, la gente de a pie lo que queremos es pagar menos impuestos ya que vemos lo que hacen en las comunidades autónomas donde más carga impositiva tienen, váyase usted a paseíto señor

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