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El ayuntamiento de Boadilla “se hace el muerto” tras perder el caso en el Supremo contra Ana Garrido

Ni en prensa ni en Alcaldía del consistorio madrileño del PP atienden el teléfono a Diario16 sobre sus reacciones ante el varapalo judicial

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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Diario16 ha tratado de contactar durante toda la mañana con el departamento de prensa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sin éxito alguno.  

Tras conocerse ayer la ratificación del Tribunal Supremo en el que se confirma que Ana Garrido sufrió mobbing en ayuntamiento de Boadilla al desestimar el recurso del consistorio contra su condena por acoso laboral al que fue sometida, ni en Alcaldía ni en prensa dan señales de vida a pesar de que desde centralita, el funcionario de turno pasa las llamadas sin problema a ambos departamentos municipales.

No dar la cara ante los medios de comunicación, es un error institucional para un Ayuntamiento que debe hacer frente a los 100.000 euros que el Tribunal Supremo obliga a pagar al consistorio en concepto de indemnización por acoso laboral a Ana Garrido.

Como se recordará, los problemas de Ana Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante más de 20 años, empezaron en 2007, cuando decidió no callar ante las prácticas del equipo municipal del exalcalde popular, Arturo González Panero, en el epicentro de la Trama Gürtel de corrupción que ha acabado salpicando a todo el PP.

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Ana Garrido es llamada como testigo de la Fiscalía en el caso, fue entonces cuando empezó su viacrucis laboral. Aunque Garrido era responsable de Juventud, García Panero, el alcalde, la degradó a sus funciones básicas y la despojó de su despacho y del móvil en un ambiente generalizado de «premios y castigos» para que los técnicos y funcionarios firmaran con determinadas empresas.

Garrido, en baja por depresión, intentó que se investigara la corrupción en Boadilla e infructuosamente trató de que Esperanza Aguirre tomara cartas en el asunto, por lo que finalmente a través de Manos Limpias hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción un dossier con las irregularidades que había detectado. Pero Baltasar Garzón ya había abierto diligencias por las denuncias de un exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, en lo que acabaría siendo conocido en toda España como el caso Gürtel.

La funcionaria pidió una excedencia e intentó alejarse del epicentro de la trama y sus oscuros personajes durante dos años en Costa Rica, de donde volvió entre otras cosas para declarar ante el juez Pedreira para ratificar en sede judicial sus denuncias.

La investigación siguió su curso y González Panero resultó imputado y tuvo que dejar el cargo.

En 2011 entró un nuevo equipo municipal con el también popular Antonio González Terol al frente y, Garrido pensó que el paréntesis en su vida había acabado, por lo que se dispuso a reincorporarse a su puesto. Ocho meses después la situación seguía sin normalizarse y cuando por fin le subieron el sueldo, no fue conforme a su categoría.

Es entonces cuando Garrido intenta abordar su situación con el alcalde pero éste no la recibe, por lo que presenta una demanda de reclamación de cantidad salarial en octubre de 2012 y la situación se sigue deteriorando y empieza a verse en un “aislamiento total”.

A partir de ahí Arias, su responsable como concejal de Juventud, le advirtió de que lo sentía pero se lo iban a hacer pasar «muy mal», y más tarde vio como echaban para atrás todo su trabajo una y otra vez sin más explicaciones. La funcionaria municipal acabó denunciando por mobbing al Ayuntamiento de Boadilla.

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