El pasado 8 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con el que se adaptó el impuesto de plusvalía municipal a la sentencia comunicada por el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de octubre, en la que declara inconstitucionales determinados artículos de este impuesto que, en la práctica, suponía su nulidad al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías.
Tal y como publicó Diario16, organizaciones de defensa de los consumidores ya alertaron de que el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez podría ser inconstitucional. En concreto, la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) señaló que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, es decir, la parte que corresponde a su cálculo.
Despachos de abogados
Argumento similar ha expuesto el despacho KPMG Abogados que, a través de un informe titulado «Nuevas reglas de la plusvalía municipal», considera que la celeridad en aprobar la modificación del impuesto de plusvalía municipal. a través de la figura del Real Decreto-Ley suscita serias dudas sobre su validez y su constitucionalidad, al menos mientras no se vea convalidado formalmente como ley.
«La celeridad en aprobar una modificación de tal calado a través de la figura del Real Decreto-ley suscita serias dudas sobre su validez y su constitucionalidad, al menos mientras no se vea convalidado formalmente como ley», afirma el informe.
Además, el documento advierte de que las operaciones que se ejecutaran entre el 26 de octubre (día de la sentencia del Constitucional) y el 10 de noviembre (fecha de entrada en vigor de la reforma del impuesto tras su publicación en el BOE) quedarán en el limbo.
Por otro lado, el informe señala que la sentencia se ha efectuado con controversia en cuanto al alcance de sus efectos respecto a situaciones pasadas, lo que lleva a que cada caso deba ser analizado con las circunstancias específicas que presente.
Técnicos de Hacienda
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se han pronunciando en el mismo sentido y ven un evidente riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación del impuesto de plusvalía municipal mediante un Real Decreto-ley.
El Gobierno ha diseñado uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria y, por esta razón, recomiendan que, una vez que sea convalidado el decreto, se tramite como proyecto de ley para eliminar cualquier riesgo de inconstitucionalidad.
Por su parte, los inspectores de la Hacienda local consideran que la reforma llega cuatro años tarde, al tiempo que han criticado que las prisas de última hora han llevado a una regulación por Real Decreto-ley que «dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad».
El Gobierno se defiende, como con el estado de alarma
El TC declaró inconstitucional varios aspectos del estado de alarma dictado como elemento de lucha contra la pandemia. Pedro Sánchez, a pesar de la gravedad política que supone una declaración de inconstitucionalidad afirmó recientemente que «lo volvería a hacer», una reacción de soberbia que no se corresponde con un presidente que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero ese es otro asunto.
En referencia al Real Decreto-ley del impuesto de plusvalía municipal, a pesar de que desde todos los ámbitos se está poniendo en duda su constitucionalidad, el Gobierno de Sánchez se escuda en el artículo 86 de la Constitución que le habilitaría para dictar decretos en caso de extraordinaria necesidad.
Según el Ejecutivo, ha sido necesario actuar mediante un procedimiento legislativo urgente y extraordinario como el del Real Decreto-ley para evitar una merma inmediata e importante de los recursos financieros de los ayuntamientos.
Hacienda: las consecuencias del decreto son impredecibles
En la memoria de impactos que acompaña al Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, Hacienda dice que este impacto «no puede ser calculado» pues ve «impredecible» el número de hechos imponibles, así como el período de generación de la plusvalía gravable.
En concreto, según ha publicado Europa Press, Hacienda afirma que «el impacto económico y presupuestario del cambio normativo no puede ser calculado, pues es directamente dependiente del número de hechos imponibles».
Además, se señala que también condiciona el impacto la introducción de la regla para evitar la tributación por una plusvalía cuyo importe resulte contrario al principio de capacidad económica, lo que «impide que las previsiones de impacto puedan basarse en la regla objetiva del decreto ley y hace inviable estimar estos incrementos que efectivamente se puedan producir», afirma la memoria.
