Que partidos conservadores como el PP toleran y fomentan asociaciones ultras guardianas de una concepción reaccionaria del catolicismo es algo que no se le escapa a nadie. Durante la campaña previa al Congreso Extraordinario del Partido Popular de julio de 2018, la asociación ultraconservadora HazteOír mostró su apoyo al entonces candidato Pablo Casado, hoy presidente de los populares. De hecho, sin el apoyo más o menos explícito del PP HazteOír no existiría. No en vano, en mayo de 2013 la asociación fue declarada “de utilidad pública” por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta distinción concedía a la organización el derecho a recibir beneficios fiscales y económicos, así como asistencia jurídica gratuita.
Las polémicas campañas de HazteOír y las voces críticas que se levantaron en contra de sus actividades en favor del proselitismo católico más retrógrado llevaron a que en febrero de 2019 el Gobierno anunciara la revocación de su condición de asociación de “utilidad pública”. La decisión se apoyó en informes negativos de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad y de la Dirección General de Familia e Infancia, que consideró que las posiciones ideológicas de esta plataforma podrían “denigrar o minusvalorar” otras concepciones de la familia. Además, la orden del Ministerio del Interior, rubricada por el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, concluyó que los mensajes de su autobús transfóbico son “atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades y faltan al respeto y a la dignidad de las personas”.
HazteOír no es la única asociación que propaga valores abiertamente discriminatorios. Abogados Cristianos es uno de los lobbys conservadores más activos a la hora de emprender cazas de brujas contra cómicos y artistas. Conviene recordar que esta entidad ejerció acciones legales contra el “performer” Abel Azcona, que llevó a cabo una exposición en la que 248 hostias formaban la palabra “pederastia”, en clara alusión a los numerosos casos de abusos sexuales que han salpicado a curas y sacerdotes en todo el mundo. También ha llevado a juicio al actor Willy Toledo por emitir un mensaje en Facebook en el que aseguraba: “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”. Esa fue su forma de apoyar a tres mujeres encausadas por la “procesión del coño insumiso”.
Otros actores y cómicos han sufrido el mismo vía crucis judicial que Toledo, como El Gran Wyoming y Dani Mateo, denunciados por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos tras un chiste en El Intermedio sobre la cruz de Cuelgamuros. A su vez, la Fundación Francisco Franco ha arremetido contra los populares presentadores del programa de La Sexta a raíz de un sketch que parodiaba a la momia embalsamada del dictador.
Actualmente, una docena de asociaciones ultracatólicas mantienen la categoría de “utilidad pública”, lo que les permite disfrutar de ventajas y beneficios fiscales. Algunas de estas fundaciones recibieron subvenciones durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que desde su llegada al poder concedió cuantiosas ayudas oficiales. Con ese dinero público las entidades subvencionadas han podido llevar a cabo sus campañas contra el matrimonio homosexual y el aborto, las dos grandes obsesiones de las fundaciones ultras. Entre estas asociaciones está la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Según el diario Público, en los últimos años de Gobierno Rajoy este grupo recibió hasta 445.000 euros; Acción Familiar, otra asociación antiabortista, ha percibido 332.000 euros; mientras que el Foro Español de la Familia ha disfrutado de subvenciones por 141.086 euros. La lista es larga, con entidades como Red Madre, que difunde información advirtiendo a las mujeres de que someterse a un aborto inducido podría afectar a su relación de pareja, o Valores y Sociedad.
¿Debe tolerar una democracia la existencia de asociaciones, entidades, fundaciones y organismos de similar naturaleza que conmemoran, justifican, exaltan y enaltecen el golpe militar del 36, el franquismo y a sus dirigentes? ¿Hasta cuándo va a soportar una sociedad democrática que el Estado subvencione a asociaciones ultras que difunden una versión falsa de la historia y que promueven valores claramente discriminatorios contra homosexuales, transexuales y mujeres que deciden abortar libremente? Por lo visto, así seguirá siendo mientras el yugo franquista y del nacionalcatolicismo siga estando muy presente.
