Homenaje a los represaliados en Pozu Funeres, Asturias

El pasado 13 de febrero se presentaba en el Consulado de Argentina en Madrid la denuncia de tres hermanos que luchan por recuperar los restos de su abuelo, Enrique Suárez Ferrera –un minero asturiano de La Rina (San Martín del Rey Aurelio)– que fue represaliado durante la Guerra Civil. Los denunciantes tratan de unir el expediente de Suárez Ferrera a los demás casos que forman parte de la conocida como ‘Querella Argentina’, una acción penal que busca hacer justicia en aquel país sudamericano ante la pasividad de las autoridades españolas en materia de memoria histórica. Hasta ahora, son 27 las personas y entidades que se han sumado desde Asturias a esta pretensión, que busca los restos de medio millar de víctimas, según la plataforma Ceaqua.

La demanda por Suárez Ferrera es una de las muchas acciones que se están llevando a cabo en los juzgados argentinos. Todo comenzó el 14 de abril de 2010, cuando se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de aquel país con el objetivo de que “se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente”.

Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires –cuya titular es la jueza María Servini de Cubría−, la querella 4591/2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España “por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”.

 

“La denominada ‘Querella Argentina’ cuenta ya con cientos de testimonios y pruebas sólidas sobre esa matriz represiva del franquismo, pero avanza muy lentamente por la falta de colaboración de España, una circunstancia que la magistrada y sus colaboradores llevan constatando varios años”, según informa Revista Contexto. “Nos cuesta horrores seguir investigando la causa de los crímenes del franquismo”, se lamenta Servini de Cubría en una entrevista en esta publicación.

El caso de Enrique Suárez es solo una ejecución extrajudicial más de las miles que quedaron impunes durante el franquismo. Los hechos se remontan al 13 de abril de 1948, cuando el desaparecido se dirigía a trabajar a la mina, según la denuncia de los herederos. Fue allí donde lo detuvo la Guardia Civil. Los descendientes aseguran que una vecina le contó a la esposa de Enrique, Manuela Nava, que había visto cómo los guardias “se lo llevaban camino de la montaña de Peñamayor”. Cuando dos de sus hijas trataron de buscarlo por la zona, “no les dejaron pasar y las amenazaron con llevárselas presas a ellas también”.

“Todo parece indicar que el cuerpo de Enrique acabó arrojado en el Pozu Funeres con otras tres personas que también detuvieron ese día: Jesús García Iglesias, de Les Felechoses; Silvino Díaz Méndez, de El Xumíniz; y Ramón Rodríguez Argüelles, de La Camperona”, añade la demanda. La matanza del Pozo Funeres fue un conjunto de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de colaborar con la guerrilla antifranquista. Según la documentación de que se dispone, fue llevada a cabo por efectivos falangistas y agentes de la Guardia Civil entre marzo y abril de 1948. Las víctimas fueron nueve militantes y parientes de activistas de izquierda, que fueron asesinadas al pie de una sima de la Sierra de Peñamayor y arrojadas a la fosa común.

Los nietos de Enrique piden ahora la exhumación de esa fosa para tratar de identificar los restos de su abuelo. Confían en que la Justicia argentina pueda lograr “lo que la española niega sistemáticamente”, alegan en su escrito.

Se da la circunstancia de que otra denuncia presentada en 2016, también en Asturias, solicitaba la exhumación del Pozu Funeres por el caso de otro minero desaparecido. Se trataba de Erasmo Alonso Martínez, de Los Barreros (Llaviana), asesinado en 1948 y arrojado a la misma sima. Precisamente gracias a un exhorto de la jueza Servini de Cubría, en 2016 se pudo exhumar en Guadalajara una fosa común a petición de Ascensión, la hija de Timoteo Mendieta, otro de los asesinados.

La Federación Socialista Asturiana, Juventudes Socialistas de Asturias y la Unión General de Trabajadores realizan cada año un homenaje en el escenario del suceso, en el que desde 1976 se sitúa un monumento en conmemoración a los fallecidos, inaugurado aquel año en presencia del secretario general del PSOE, Felipe González.

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