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No ha sido fácil. Hay quien ha intentado mantener a toda costa las políticas de recortes, por encima de la defensa de la salud. Hay que recordar al FMI, que hace una semana “recomendaba” a España enfrentar la crisis del coronavirus manteniendo la reforma laboral -es decir permitiendo despidos masivos-, recortando el gasto en pensiones -atacando a los mayores, el principal sector de riesgo- y subiendo impuestos -no a bancos y monopolios sino los tributos que pagamos todos, como el IVA-. Frente a estas “recomendaciones” miserables, se ha impuesto la mayoría progresista, con el plan más avanzado de medidas sociales de toda Europa.

Y algunos también esgrimían la deuda y el déficit para que “no se disparara el gasto público”; limitando la capacidad pública para proteger a la población. Incluso la reforma del artículo 135 de la Constitución permite que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública” se superen en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria”. Quien levanta ahora la bandera de “no elevar la deuda” lo hace para evitar que grandes bancos y monopolios deban cargar con una parte del enorme esfuerzo necesario para ganar la batalla al coronavirus.

Es además reseñable que el decreto del gobierno prohíba que empresas o fondos de fuera de la UE adquieran ahora empresas españolas aprovechándose de que su valor en bolsa ha caído en picado. Eso es lo que sucedió tras la crisis de 2010, con un desembarco en España de capital extranjero, especialmente norteamericano. Esta es también una medida necesaria para proteger la industria nacional.

Las medidas aprobadas por el gobierno para afrontar las consecuencias de lo que es una emergencia sanitaria, pero también económica y social, amenazando especialmente a los más vulnerables, han superado todas las expectativas. Hasta 200.000 millones que se pondrán a disposición de este objetivo. Es, como ha remarcado el presidente, Pedro Sánchez, “un plan de choque sin precedentes” y “la mayor movilización de recursos de la historia”.

Impulsado desde dos principios fundamentales, remarcados en la intervención del presidente del gobierno. En primer lugar, una declaración tajante: “No vamos a escatimar ningún esfuerzo. Nadie se va a aquedar atrás, especialmente los que ahora van a necesitar más protección. Tenemos que proteger a nuestras familias, empresas, autónomos con un escudo social que solo pueden forjar los poderes públicos”. En segundo lugar, un llamamiento y una exigencia: “El Estado tiene recursos poderosos, pero también los empresarios, los trabajadores, los propietarios, los inquilinos. Si construimos una cadena de solidaridad antes saldremos de esta crisis”. El gobierno, con las atribuciones reforzadas que el estado de alarma le proporciona, sitúa a quienes más recursos concentran a colocarlos al servicio del interés general.

Este plan de choque es excepcional por su montante. Alemania ha aprobado medidas cuyo valor asciende al 15% de su PIB. Francia ha hecho lo propio, con una inversión que asciende al 12% del PIB galo. Los 200.000 millones movilizados por el gobierno español es una cifra que se acerca al 20% de nuestro PIB. Es un esfuerzo que se coloca a la cabeza de toda la UE.

Y su carácter extraordinario se refleja también en la distribución de esfuerzos. El Estado será, con todos sus recursos, el garante de este “escudo social”, pero deberá nutrirse también de recursos privados, de la gran banca para proporcionar créditos, de los monopolios energéticos para garantizar los suministros… Y no se trata de un llamamiento retórico. Las cantidades están fijadas en el decreto aprobado por el gobierno: 117.000 millones corresponderán a recursos públicos, y 83.000 millones deberán ser aportados por fondos privados.

Esto va a permitir impulsar un paquete de medidas, muchas de ellas nunca aprobadas en España y que parecían imposibles hace pocos días. Protegiendo, como prioridad, a familias y trabajadores. Aprobando una moratoria en el pago de las hipotecas, que deberá ser asumida por la banca. De la que se van a beneficiar las familias vulnerables, pero también pymes o autónomos que ven descender sus ingresos más de un 40%. A esta medida se suma la prohibición de cortes en los suministros de servicios básicos, luz, agua y gas, cuyo coste será asumido por los grandes monopolios energéticos y de servicios.

Planteando medidas para proteger el empleo, y para garantizar cobertura a todos los trabajadores que temporalmente dejen de percibir sus salarios. Para ello se ha flexibilizado el mecanismo de los ERTEs, los expedientes temporales de regulación de empleo, con el objetivo de que el parón en la actividad económica no se traduzca en despidos masivos. Y se garantiza que nadie de los trabajadores afectados, por ERTEs o despidos, quede sin prestación. La podrán percibir aunque no acumulen el tiempo mínimo cotizado -un año-, y las ayudas que reciban no serán descontadas de los subsidios que le corresponderán si en un futuro, una vez superada la actual crisis sanitaria, queda en paro.

Y las medidas aprobadas por el gobierno afrontan el principal problema que ya están sufriendo pymes y autónomos: la falta de liquidez para afrontar los gastos fijos en un momento donde sus ingresos descienden o quedan reducidos a cero. Para ello se impulsa un auténtico plan de rescate a pymes y autónomos, con una línea de crédito de hasta 100.000 millones avalada por el Estado -en un 80%- pero también -en un 20%- por la banca.

Otras medidas van a ser un balón de oxígeno, como la cancelación del pago de cotizaciones sociales a las pymes que no despidan, o la instauración desde el primer momento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos que deban cerrar su negocio.

Estas son medidas en la dirección que necesita el país, los trabajadores, las familias, las pymes y autónomos que sostienen el tejido productivo. Se puede defender que se amplíen -eliminando la cuota de autónomos para aquellos que no tengan ingresos, o aplicando también una moratoria en el pago de alquileres-, pero el plan de choque presentado por el gobierno debe ser apoyado sin peros ni fisuras. El mismo ejecutivo ha anunciado que este es un primer paso que puede complementarse con más medidas.

La aplicación del estado de alarma ha permitido nacionalizar de facto la sanidad privada o la industria sanitaria, disponiendo de sus recursos para ponerlos al servicio de los intereses colectivos. Ahora, empiezan a utilizarse estas atribuciones para defender al 90% de la población ante las consecuencias económicas y sociales de actual emergencia sanitaria.

En su conjunto, las medidas aprobadas por el gobierno son un plan de choque social, un plan de rescate esta vez al servicio de los intereses del país y de la mayoría de la población. Deben tener el más decidido y masivo apoyo popular, deben dirigirse a concentrar los recursos nacionales en ganar la batalla al virus, y deben impulsar medidas de redistribución de la riqueza para reconstruir la economía y proteger a la población.

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