El compañero cartagenero José Muelas, conocido por todos nosotros como el “Decano de Internet” ha escrito un post en su blog, magnífico, que es preciso leer por todos, titulado “La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo”.

Ni le sobra, ni le falta una coma, pero sí que podemos añadirle algunos datos para darnos cuenta de la magnitud de la tragedia.

El primero, es un dato que he sacado de “bormeonline”, y que acompaño a las presentes notas, y digo nombres para que se pueda comprobar. Sin poder salir de casa, encerrados, desde que empezó el estado de alarma, hasta el día 8 de Abril, es decir las tres primeras semanas, se habían constituido a nivel nacional 529 empresas, pero se habían destruido1.520. No hablamos de ERTES o ERES. No me imagino el “shock” que tendremos en cuanto a los pequeños empresarios y autónomos se les desconfine y puedan acercarse al gestor y al abogado.

En segundo lugar, ahora es ya público y notorio, que eso del teletrabajo en la Administración, fue una broma de mal gusto por parte del gobierno. Ni los funcionarios judiciales, ni los del Ministerio de Educación, justicia, Sanidad o Trabajo, pueden cumplir con sus obligaciones desde casa. Al menos buena parte de ellos. ¿Dónde está, pregunto pues, todo el dinero invertido en modernización de la Administración?

En tercer lugar, continuamos pagando más de 150 millones de euros al año en sanciones de la UE  por Directivas y Reglamentos no traspuestos. Pero eso no es lo peor; esto impedirá el acceso de las empresas españolas a los fondos europeos por falta de legislación en nuestro país. El daño puede ser multiplicado por 100.

En cuarto, en esa guerra que el Consejo General del Poder Judicial ha planteado al Ministro de Justicia para ver quién la tiene más larga (la capacidad normativa) se ha inventado, solo por joder, una serie de medidas, como todas las que plantea, siempre encaminada a reducir los derechos de los justiciables, limitar el derecho de defensa y a proteger las arbitrariedades judiciales; como si los ciudadanos no les pagásemos el sueldo a todos ellos. 

Pues bien, si quieren medidas, este humilde jurista aconseja que lean y traspongan de una vez la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En ella se plantea un procedimiento previo obligatorio al judicial de prácticamente el 90% de los asuntos civiles, administrativos  y mercantiles que llegan a los juzgados. Déjense de inventos y cumplan con la ley, que la Directiva está en vigor desde el 17 de diciembre pasados.

Y finalmente, todos los ciudadanos hemos visto quién ha dado el callo en esta crisis. Los médicos precarios, los funcionarios interinos, la cajera ni-mileurista del súper, los servicios de limpieza de hospitales y otros servicios públicos. Recordemos también, mayoritariamente, mujeres. Mientras eso pasaba, los altos y medios funcionarios, jueces, fiscales, directores de servicios, mayoritariamente hombres, se han escondido en casa en un “teletrabajo”, que por cierto hemos visto que, en la Administración, ha fallado más que una escopeta de feria. Teletrabajo que muchas veces se ha limitado a crear y circular bulos acreditando cómo echan en falta esa España casposa donde el funcionario no es un servidor público sino una autoridad y el ciudadano pagano, un administrado.

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