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¿Aplican una política de desgaste?

Alberto Vila
Alberto Vila
Analista político, experto en comunicación institucional y economista
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análisis

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Los acuerdos para la moción de censura y posterior formación del gobierno de coalición se han ido incumpliendo. Esto supone una claudicación frente a los intereses de las corporaciones integradas en el IBEX 35, los fondos de inversión y los grandes terratenientes y poseedores de inmuebles en España. Entre estos últimos tenemos a la aristocracia y, por supuesto, a la Iglesia Católica Española. Para algunos últimamente esta es la «Sociedad Civil» que hace que la parte socialista del gobierno frene su programa progresista.

Según algunas fuentes esta es una operación de desgaste de sus socios de gobierno. Por ello, no se aplicará una fiscalidad equitativa al patrimonio. No se penalizará a aquellas empresas que radiquen sus beneficios hacia paraisos o países que faciliten eludir sus obligaciones fiscales.

Tampoco se recuperarán   los derechos de los trabajadores perdidos por la Reforma Laboral. Ni que decir de la restricción de las actividades de grupos antidemocraticos fascistas o neo fascistas. No se financiará como corresponde al trabajo derivado de la Ley de la Memoria Histórica.

Qué decir del control y garantías de la gestión de la dependencia, cuyas víctimas siguen indefensas. También el control de las actividades y excesos del oligopolio de la banca, que sigue eludiendo las decisiones de los tribunales europeos, porque los tribunales españoles tienen una línea afín a sus intereses.

Las demoras producidas desde el Ministerio de Asuntos Económicos y desde el de Seguridad Social, mantienen siempre posiciones cercanas al empresariado más ultraliberal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño,  ya cargó contra la posibilidad de derogar toda la reforma laboral.

En el caso del de Seguridad Social, José Luís Escrivá, sabida es su defensa de la privatización de las pensiones. Es un defensor del recorte de las ayudas al empobrecimiento. En su caso, también hemos sabido el frenazo de la concesión del Ingreso Mínimo Universal y la intención de poner en marcha la Mochila Austríaca.

Si a todo ello se suma un acercamiento de Pedro Sánchez a Ciudadanos, el mismo partido que apoya a la ultraderecha en todo el país, en lugar de apoyarse en las fuerzas políticas que le dieron el gobierno, entonces tenemos una claudicación en relación a los acuerdos de la investidura.

Desde la jefatura del estado, muy desgastada por la corrupción, se vería con agrado la gran coalición. Incluso desde las entrañas del propio gabinete socialista, desde el sector afín a las tesis neoliberales, también.

Estas prácticas que vuelven a llevarse a cabo, nos recuerdan al socialismo de los eufemismos que apoyó la ley Mordaza y la Reforma Laboral, por «sentido de Estado».

Ese regreso del socialismo  de la tercera vía es un triunfo de la derecha. Por ese motivo se tensa la relación con la izquierda parlamentaria.

Parece quiere desgastarse el capital ético de Unidas Podemos. Los cómplices que apoyaron el primer acuerdo con Podemos se han reagrupado para agradar al poder. Según fuentes cercanas, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, es un recurso muy cercano a esas tesis.

Veremos. 

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