Hace unas semanas, el periódico de La Vanguardia publicaba que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vaticinaba «con toda probabilidad» que la sentencia del 1-O «lograría el objetivo de asegurar la unanimidad entre los siete magistrados que han juzgado el caso», y que los vocales confiaban en la «capacidad de dirección» del magistrado al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, augurando el máximo órgano de representación de la judicatura que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”.
Este vaticinio atribuido al CGPJ sobre la sentencia del ‘procés’ no solo no ha sido desmentido por el órgano de gobierno de los jueces, sino que ha sido confirmado por su presidente, Carlos Lesmes, y por la Fiscal General del Estado, María José Segarra, en sus respectivos discursos pronunciados ayer en el acto solemne de apertura del año judicial, ante la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se mantuvo impertérrita.
En su discurso, Carlos Lesmes anticipó abiertamente que la sentencia del ‘procés’ será condenatoria, indicando expresamente que “este juicio es el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos”, y citó al jurista y político italiano Piero Calamandrei para de este modo asegurar que la sentencia del asunto catalán en ningún caso será absolutoria: “la injusticia, aun en pequeñas dosis, es un veneno que resulta letal para la convivencia”.
De otro lado, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, alertaba en su discurso de la “imperiosa obligación” de “todos” de acatar la sentencia del juicio al asunto catalán, y aunque luego quiso matizar subrayando “sea cual sea el sentido de la misma”, dejaba claro que la sentencia del ‘procés’ será en todo caso condenatoria, porque si fuera absolutoria no habría nada que acatar.
Desde este punto de vista, los discursos del presidente del CGPJ y de la Fiscal General del Estado confirmando el vaticinio sobre la sentencia del ‘procés’, -en el que se aventuraba que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”-, atentan abiertamente contra la presunción de inocencia de los acusados, a los que consideran culpables y merecedores de una condena grave (superior a “leve”), lo que incluso podría acarrear la nulidad del juicio si se demuestra que esos vaticinios son en realidad una filtración procedente del propio Tribunal Supremo.
Según la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, “se vulnera la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme. Dichas declaraciones en ningún caso deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable” y que va a ser condenada.
Con los encarcelamientos de todos los procesados, y si hacen después del paripé judicial una condena absolutoria después del revuelo formado internacionalmente se forma una buena.
Es lo malo de politizar a la justicia que se cometen todo tipo de desmanes.
Como dices Fernando (perdona que te tutee): se vulnera la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme. Dichas declaraciones en ningún caso deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable” y que va a ser condenada.
Es la puerta que han dejado abierta para que el tribunal de Estrasburgo, anule la condena, a parte de otras vías porque el procedimiento en si hace agua.
La FGE y otros comentarios de Marchena son desafortunados porque ya informan de las condenas. No parece error en unos profesionales de la justicia y fiscales.