La turbia relación del comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, con el BBVA se va aclarando a medida que pasa el tiempo. Lo último es que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente de la entidad financiera, Francisco González, y otras personas de la cúpula del banco por los contratos con el comisario jubilado, según informaron ayer fuentes de Europa Press.
El caso de los supuestos trabajos sucios que el mando policial realizaba para el BBVA es uno de los asuntos más feos de la democracia española y confirma que las cloacas del Estado estaban mucho más arraigadas de lo que a simple vista parecía. A medida que el juez Manuel García Castellón va tirando del hilo aparecen nuevas pruebas. Los indicios son tan patentes que el fiscal ha dirigido un escrito al juez instructor para que cite a declarar a González en calidad de investigado por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Casos como el del BBVA han ocasionado un daño irreparable a la democracia española, ya que no solo se han tambaleado los cimientos del poder político y financiero (en entredicho por sus relaciones con la mafia policial) sino la integridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la propia Administración de Justicia, ya que conviene no olvidar que Villarejo era un hombre de la máxima confianza de algunos de los jueces y magistrados de más renombre del país. De ahí que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional sea de una importancia trascendental para depurar responsabilidades penales y limpiar de corrupción los aparatos e instituciones fundamentales del Estado.
El caso BBVA ya no es un bulo, una leyenda urbana o un cotilleo que circula por Madrid. Es una historia estremecedora con visos de realidad. Que Villarejo pudiera haber trabajado en tareas de espionaje para una de las entidades financieras punteras del país supone un hecho gravísimo que debe ser aclarado en los tribunales hasta sus últimas consecuencias. De momento el asunto amenaza con llevarse por delante algunos nombres ilustres ligados al poder financiero. Según Europa Press, junto a Francisco González el Ministerio Público ha solicitado la imputación de J.A., asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.
Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, E.A., cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Precisamente en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Junto los mencionados responsables de la entidad, la Fiscalía ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los 10 millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de “proyectos” y clientes del “clan parapolicial” mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, A.C, y el otrora jefe de Seguridad, J.C., de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, I.D.O.; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco, N.C.C.; el director de Red Banca Comercial en la entidad, I.P.C.; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate, A.B.G.; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección, R.G.B.; y a su ex director de Finanzas, J.M.N.
La mayoría han acudido varias veces a la Audiencia Nacional para prestar declaración, y se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe “forensic” encargado expresamente para conocer los pormenores de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo sospecha, cuando presidía la entidad Francisco González.
