Ayer conocíamos que el Consejo Nacional de ERC respaldaba el escrito que recogía los puntos de acuerdo entre ERC y el PSOE.

Esta mañana era la Comisión Ejecutiva del PSOE la que ponía sus pulgares hacia arriba.

Personalmente me parecía buena noticia saber que se tendían puentes hacia el diálogo. Leyendo los puntos del documento me resultaron positivos. Evidentemente no son suficientes, pero suponen que el PSOE tenga que tragárselas como ruedas de molino (como decimos en Castilla). Y eso ya es mucho, dependiendo de cómo se mire.

Entiendo, cómo no hacerlo, a los independentistas que consideran que lo que pone en ese papel no es nada significativo. Que no hay ningún tipo de acuerdo sobre la amnistía, ni sobre el derecho de autodeterminación. Nada de lo que se considera importante para el independentismo. Y tienen razón.

Como también considero que tienen razón quienes, desde el otro lado, consideran que ya era hora de que se dejase la vía judicial para resolver un conflicto político. Que es sano reconocer que el problema es únicamente político y que hay que buscar salidas. Entre ellas, hacer consultas si es necesario, modificar la Constitución, llegado el caso. Es una puerta abierta, aunque evidentemente, nadie se fía del PSOE, porque lleva diciendo una cosa y la contraria demasiado tiempo.

Pero: ¿qué opción queda? Algunos consideran que habría que bloquear una investidura por parte del independentismo y hacer así que España «descarrile». Personalmente creo que intentar forzar otras elecciones traería con seguridad a la derecha al gobierno, y seguro que desde el PSOE se encargarían de aniquilar a cualquiera que tuviera intención de dialogar con los independentistas. Desterrarían cualquier posibilidad de «sit and Talk» y volvería la represión, la judicialización trampa, los montajes y las trolas televisadas (no quiero decir que se hayan ido porque aquí siguen, pero al menos parece que hay una pequeña opción de que se eliminen).

Podría entender que desde el independentismo decidieran desaparecer de la sala en el momento de votar. Podría entender que quisieran mostrar su fuerza de algún modo, pero para ello, lo lógico sería que todos los grupos parlamentarios independentistas actuasen de la misma manera. Si no, ocurriría lo que probablemente esté sucediendo, que la unidad de acción del independentismo, que es su fuerza fundamental, se resquebraje. Porque en el momento en que Erc, EH Bildu y BNGa ya se han pronunciado en el mismo sentido, habría que intentar hacer otra lectura.

Siempre defendí la unidad de los grupos independentistas en el Congreso. La posibilidad de plantear un grupo parlamentario fue truncada, pero esto no es óbice para organizarse de manera estratégica. Y tienen una oportunidad estupenda para mostrarle a toda España la fuerza que están ganando las formaciones soberanistas. Pero parece que esta tarea costará un tiempo.

En fin, que yo de alguna manera miraba con cierto optimismo el pacto, la formación de un gobierno «progresista» (ya sé que llamar progresista al PSOE es decir demasiado, pero hay que entenderlo en un sentido relativo, teniendo en cuenta lo que representa en el panorama político, y no en términos absolutos) y celebré que se fuera creando una situación de diálogo con Cataluña.

La reacción de algunos independentistas me entristeció. El ataque, el insulto y no querer respetar que haya quien todavía pueda optar por vías de diálogo, por intentar crear un cambio en España para que se produzcan los cambios necesarios también en Cataluña, me pareció un asunto a analizar con calma. Y es que, precisamente la falta de unidad en el independentismo está generando que las bofetadas vuelen de un lado a otro: las acusaciones de traición, la desconfianza, los reproches, e incluso atacar a familiares de personas presas con argumentos atroces está copando las redes.

Por un lado, ERC, que lleva tiempo dando la espalda a la unidad del independentismo, arrinconando a Puigdemont y cerrando la puerta a acciones unitarias. Por otro lado, JuntsXCat que considera que se va a dar el gobierno a Sánchez sin haber negociado nada, porque los puntos que han aparecido ayer en el documento del acuerdo no ponen sobre la mesa ninguna de las exigencias que ha venido haciendo el independentismo durante los últimos meses. Y que en estas condiciones, no se puede dar el gobierno a quien no parece estar dispuesto a ceder en nada.

No es sencillo en absoluto pues cada vez la tensión aumenta más. Sobre todo cuando el TJUE determinó que Junqueras debería ser puesto en libertad para tomar posesión de su acta de eurodiputado, doctrina que se aplica de manera directa a Puigdemont y a Comin, quienes ya tienen su credencial temporal hasta que tomen posesión de manera definitiva. Porque desde el día 19 de diciembre Junqueras debería estar libre y el Supremo se mantiene en silencio.

¿Quién está al frente?

Pues ese me temo que es el problema. Que el gobierno, aunque sea en funciones, no tiene posibilidad por lo que parece de poner orden. Que aquí hay algunas fuerzas que se mueven por su cuenta: y no hablo de independencia institucional, pues los criterios que emplean para interpretar las leyes son absolutamente insostenibles. Aquí está el deep state operando y me temo que ni Sánchez, ni el gobierno de coalición pueden frenarlo.

Un día después de anunciar el pacto con el independentismo aparece la Junta Electoral Central para cesar, ni más ni menos, que al President Torra. Repito: una junta electoral. Es algo incomprensible y que no tiene cabida en un estado democrático y de derecho de verdad.

Primero porque haber inhabilitado a Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una barbaridad. Se le ha aplicado un tipo delictivo que no tiene nada que ver con lo que él ha hecho. Y no es que yo lo piense, es que lo consideran así distintos expertos juristas. La desobediencia de Torra a la Junta Electoral en el momento en que decidió no quitar una pancarta con un lazo amarillo, que representaba la petición de libertad de los líderes políticos y sociales del independentismo, no cabe como un delito de desobediencia a un órgano jerárquico superior ni a una sentencia judicial. Porque la JEC no es un órgano superior al Govern ni dicta sentencias judiciales. Punto.

No hay mucha más vuelta que darle.

Se recurre al Tribunal Supremo y este todavía no ha abierto la boca. Pues aquí tenemos a la JEC, que se adelanta, no vaya a ser que se le pase la oportunidad que no sabemos de dónde se saca de inhabilitar ni más ni menos que aun presidente autonómico. ¿Estamos de broma? ¿Esto de qué va? Nos encontramos ante algo que se parece mucho a un golpe de estado, ¿no cree?

Quitar de un plumazo a un Presidente autonómico por haber mantenido una pancarta en la que hay un lazo amarillo. Es que lo escribo y no doy crédito.

Cualquiera podría pensar que el acuerdo entre el PSOE y ERC queda en papel mojado ante esta decisión de la JEC. No me cabe duda de que es un bofetón con la mano bien abierta hacia el independentismo catalán. Pero también cabe otra lectura: Sánchez no pinta nada. Hay un poder que se mueve en la sombra que mucho me temo que hay que limpiar con contundencia. Y me parece que hoy han aparecido para hacerle burla a Sánchez, al independentismo y a todo el que piense que aquí no mandan «los que mandan», que es el verdadero problema que tenemos: tanto los independentistas como los demócratas españoles.

Por eso, para terminar con este tipo de oscurantismo, de medidas como esta de la JEC, de fiscalías, de tribunales… que no tienen sentido alguno en base a justicia ni a democracia, queremos que sea posible un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. No porque pensemos que el PSOE vaya a hacer algo. Si estuviera solo no lo haría. Pero quizás tener ahí a los de Iglesias le fuerce para meter mano de una vez por todas a todo esto que nos está desgarrando. No sólo a los catalanes. Porque esta decisión de la JEC es una auténtica vergüenza para España. Para cualquier demócrata y cualquier jurista. No hay por donde cogerlo y desterrar estas prácticas es precisamente lo que necesitamos.

Ahora le tocaría al PSOE hacer un posicionamiento público. No estaría mal que ERC, Bildu, BNG se lo exijan públicamente. El mayor ataque a la soberanía territorial acaba de darlo la Junta Electoral. Y tanto Sánchez como Iglesias deberían condenarlo.

 

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