Precisamente los socios que el PSOE necesita para llevar adelante su investidura han sido tajantes este miércoles con el decreto ley contra la denominada «república digital», cuya convalidación se debate en la Diputación Permanente del Congreso.
El gobierno se ha encontrado hoy con el rechazo por parte de Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, En Marea, EHBIldu, JunsxCat, contando con el respaldo del PP.
Las críticas han sido contundentes y se han presentado a Nadia Calviño, que ha sido la encargada de presentar la norma que fuera aprobada por el Gobierno el pasado 31 de octubre alegando «razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones».
Montserrat Bassa (ERC) ha señalado que esta norma debería ser retirada, no por el hecho de las negociaciones con su formación, sino por «los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia». Además, les ha indicado que «les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo».
Ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que esta norma fuera aprobada por un procedimiento de urgencia, precisamente al comienzo de la campaña electoral, lo que podría interpretarse que se hizo con la intención de «acallar las protestas que tenían lugar en Cataluña contra la sentencia del procés».
Laura Borrás (JuntsxCat) ha definido el decreto ley como «un golpe de Estado digital», por parte de un «Estado tecnófobo», «que se protege a sí mismo de los ciudadanos». Considera que se trata de «la ley Corcuera digital, la ley de patada en el servidor sin orden judicial», y ha subrayado que «esta norma no tiene nada que envidiar a las de los regímenes autoritarios».
También ha señalado la manera «burda» en que se ha presentado esta norma, «en el tiempo de descuento de una legislatura fallida, sin permitir que los grupos presentasen enmiendas y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales, de haberse aprobado mediante un procedimiento de proyecto de ley».
Mikel Legarda (PNV) ha hecho especial hincapié en que se utilice el concepto de «orden público» para poder intervenir sitios webs, y la peligrosidad que tiene servirse de un concepto tan amplio y tan poco concreto. Lagarda ha recomendado al PSOE que tratase de llegar a un acuerdo sobre esta norma «con la mayor brevedad posible», porque de lo contrario «la predisposición del PNV para colaborar con los socialistas estará seriamente comprometida».
Joan Baldoví (Compromís) ha avanzado que no apoyarían la convalidación de un decreto «que permite intervenir Internet como en China o Arabia Saudí».
Mertxe Aizpurua (EH Bildu) considera que esta norma abre la puerta a un «Estado de excepción digital».
Antón Gómez (En Marea) ha explicado las propuestas de enmiendas que plantea Unidas Podemos, haciendo especial hincapié en que se debe garantizar «el control judicial de todas las decisiones de la administración, para que no se vulneren derechos fundamentales ni libertades públicas de los ciudadanos, poniendo freno a la recentralización digital».
La respuesta del PSOE, a través de Manuel González Ramos, ha avanzado que «la intención de los socialistas es clarificar y mejorar la norma en un futuro proyecto de ley, que habrá que aprobar para trasponer una directiva europea en esta materia». Y ha señalado que tendrán en cuenta, en la misma línea que Calviño, las propuestas de las distintas formaciones políticas.
El Partido Popular por su parte ha anunciado el voto a favor, algo que han considerado, según la diputada Ana Belén Vázquez de «indignidad», ya que consideran que son ellos los que apoyan al PSOE mientras éste negocia «con quienes tienen personas en la cárcel». Ha manifestado que estarán al lado del PSOE «para defender la democracia, la libertad y la seguridad en Cataluña» mientras mostraba un cartel donde podía leerse «la República no existe, idiota». Ha prometido «luchar para que no tengan ni una república, ni nada».
Calvo dice que el decreto no es contra la República catalana
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado esta misma mañana que el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo en funciones y que hoy está votando la Diputación Permanente del Congreso «no es una medida contra la república digital catalana», aunque así fue presentado por Pedro Sánchez durante la precampaña electoral.
