Ángel Garrido, máximo responsable en la crisis del taxi

Noveno día de huelga en Madrid. Los taxistas insisten en que no pararán con las movilizaciones hasta que el Gobierno regional les dé una solución a su conflicto con las VTC. Ayer tarde, miles de profesionales del taxi se congregaron en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede autonómica, con la esperanza de ser escuchados. La única respuesta que recibieron del presidente, Ángel Garrido, fue una dura advertencia: si siguen jugando a todo o nada corren el riesgo de quedarse sin nada. Para los taxistas fue un desaire más, una provocación.

Sorprende el empecinamiento de Garrido contra todo un gremio y su dejación a la hora de aplicar la ley y las sentencias judiciales que dan la razón al colectivo. Si todas y cada una de las actividades comerciales y empresariales que se desarrollan en Madrid están reguladas por leyes, por órdenes y reglamentos autonómicos y municipales, ¿por qué razón el Gobierno madrileño no aplica la actual legislación que ampara al taxi y consiente que la situación del sector se pudra hasta provocar un estallido social sin precedentes? ¿Por qué Ángel Garrido permite que la irrupción de empresas como Uber o Cabify ponga a miles de familias al borde de la ruina? ¿Qué intereses ocultos hay detrás de las licencias de VTC?

La falta de una respuesta por parte de las autoridades autonómicas se hace aún más inexplicable cuando “los taxistas solo pretenden que se cumpla la ley”, añade José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. El representante del colectivo tiene clara la razón del silencio administrativo en esta crisis: existe una trama formada por intereses financieros, amiguismo y puertas giratorias que pretende acabar con el taxi tradicional tal como hoy lo conocemos. “Aquí no se quiere regular una actividad. ¿Es tan difícil sospechar cuál es el motivo por el que todas las actividades que se llevan a cabo en esta ciudad están reguladas y esta no? ¿Cuál es el motivo por el que yo voy a una parafarmacia y puedo comprar una tirita pero no puedo comprar un medicamento?”, se pregunta.

A río revuelto ganancia de pescadores y en este caso parece que el río revuelto, es decir la falta de aplicación de la ley, está beneficiando a unos pescadores y perjudicando a otros. Los taxistas, que se sienten damnificados por empresas como Uber o Cabify, a las que consideran auténticas piratas del sector, apuntan a Garrido como responsable principal de la situación. Fúnez cree que el Ejecutivo regional está dejando que la situación se pudra mientras las empresas VTC siguen ganando dinero y los taxistas no paran de perderlo. De hecho, la huelga, a pesar de ser necesaria, está siendo una auténtica ruina para miles de familias que viven del taxi y que tras casi diez días de paro ven cómo el sueldo no llega a sus casas. “Están dando la imagen de que somos unos violentos, gente que quiere conseguir las cosas a través del chantaje. De ahí que digan que estamos disparando con balines contra los conductores de las VTC cuando es mentira. Lo que sí ha ocurrido es que tenemos un compañero taxista en coma inducido en un hospital tras ser atropellado por un VTC”. Fúnez considera que el Gobierno de Madrid está buscando la “imagen violenta” de los taxistas para poder justificarse, “como hacen siempre para no cumplir la ley”, agrega.

Los profesionales del taxi están seguros de que los responsables políticos no quieren resolver el conflicto porque hay “muchos intereses en juego, en la sombra”. “Tenemos una empresa de fondos de inversión que se llama King Street, no sé si la conoce, que ha comprado autorizaciones de VTC. Mucho dinero. El problema es quién domina las autorizaciones y quién domina las aplicaciones informáticas”, insiste Fúnez.

Sea como fuere, corresponde a Garrido abrir vías de negociación, pero de momento su equipo de gobierno ha mostrado una ineficacia y una incompetencia manifiesta a la hora de resolver el problema. Mientras tanto, Madrid sigue colapsado por la huelga, cientos de miles de madrileños se ven afectados con el caos de tráfico en calles y avenidas y un sector, el del taxi, que hasta hoy funcionaba relativamente bien, se encuentra al borde de la implosión. Nadie mejor que Garrido sabe que el conflicto del taxi es de su entera competencia desde que el Tribunal Supremo, invocando la Constitución Española, dictó una sentencia fundamental que dejó claro que las atribuciones en materia de transporte urbano están conferidas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dos años después de la resolución del Alto Tribunal, en 1998, se promulgaba la ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Terrestres, en la que se reguló el funcionamiento del transporte urbano. En aquel entonces ya existían las VTC pero no fueron reguladas. Y ello fue así porque se entendió que el único transporte urbano efectivo en Madrid era el taxi, ya que las VTC no disponían de licencias sino de autorizaciones y solo para el transporte “interurbano”, no para trabajar dentro de la ciudad.

Hoy empresas como Uber y Cabify han ido creciendo gracias a las nuevas tecnologías, a la globalización y a que las autoridades regionales no han hecho nada para aplicar y desarrollar la ley del 98. ¿Por qué esa desidia? ¿Acaso importaba más que el sector del transporte urbano fuese una especie de territorio sin ley donde siempre gana el más fuerte y sucumbe el más débil, en este caso el taxista? De nuevo, la alergia del PP al intervencionismo estatal y la creencia de que el mercado es un ente soberano capaz de regularse por sí mismo nos ha conducido a un problema de dimensiones colosales, cuando no a un callejón sin salida.

Esta huelga pasará a la historia como el gran fiasco del gobierno Garrido. Mientras miles de taxistas y antidisturbios se enfrentaban en las calles, mientras Fitur peligraba por la huelga, el presidente de la Comunidad de Madrid se dedicaba a asistir a un desfile de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week y a pasarle la patata caliente al delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, para que actuara y evitara el “secuestro de la ciudad”. Si estuviéramos en un país serio Garrido ya habría dimitido solo por esa declaración llena de infamia contra un colectivo de trabajadores. Pero es que además ha escondido la cabeza debajo del ala para no perjudicar a una elite financiera con intereses en el sector de las VTC; ha criminalizado a miles de profesionales del taxi que no hacían otra cosa que defender el futuro de sus familias; y ha dejado de convocar una mesa urgente de negociación que permitiera llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes en conflicto. Razones todas ellas más que suficientes para su cese en el cargo. Si Garrido no ha movido ficha es sencillamente porque al líder del PP madrileño no le ha interesado. Él sabrá a quién está protegiendo.